Partidos de izquierda y organizaciones de Derechos Humanos denunciaron que la Gendarmería Nacional realiza actividades ilegales de espionaje contra dirigentes políticos y sociales.
La denuncia fue presentada por la abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) y la dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) Myriam Bregman.
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Partidos de izquierda y organizaciones de Derechos Humanos denunciaron que la Gendarmería Nacional realiza actividades ilegales de espionaje contra dirigentes políticos y sociales.
La denuncia fue presentada por la abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) y la dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) Myriam Bregman.
Acompañaron la denuncia -entre otros- Javier Hermosilla, delegado gremial en la empresa Kraft; Leonardo Norniella, sindicalista en la planta de PepsiCo; Enrique Kaufman, ex detenido desaparecido; Lidia Espen, abuela de Plaza de Mayo, y la nieta recuperada María Victoria Moyano, entre otros.
Bregman aseguró en declaraciones periodísticas que, tras la denuncia, Gendarmería Nacional reconoció ante la Justicia Federal la existencia de una base de datos ilegal sobre dirigentes gremiales, sociales, estudiantiles, organismos de derechos humanos y políticos.
Según indicó, el propio comandante general de la Gendarmería, Héctor Schenone, señaló en un escrito dirigido al juez federal Norberto Oyarbide que existe "una base de datos que se utiliza como herramienta de análisis y orientativa en causas judiciales, como en apoyo informativo a Unidades Operativas".
De acuerdo con la denuncia, los gendarmes espiaron a los dirigentes del conflicto en la empresa Kraft y obtuvieron información de las reuniones de conciliación en el Ministerio de Trabajo, antes que el propio Ministerio, entre otros datos.
Además, efectivos de la fuerza se mezclaron en una marcha en repudio al asesinato del militante Mariano Ferreyra. Según declararon efectivos de Gendarmería ante la Justicia, el cruzamiento de datos se hacía bajó la órbita del llamado "Proyecto X". Los organismos denunciantes aseguraron que las actividades de la Gendarmería en este caso violan la ley de Seguridad Interior y el derecho a la intimidad de las personas.