El Juzgado Civil y Comercial de Novena Nominación fijó para el 20 de marzo la audiencia de prueba en una acción que inició la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Provincia contra la empresa Personal, a fines de 2011, por deficiencias prestacionales.
Las quejas de usuarios salteños se multiplicaron en los últimos tiempos, al igual que las causas que enfrentan las telefónicas en los fueros provincial y federal, por toda clase de faltas y abusos denunciados en la telefonía móvil.
Organismos y asociaciones de consumidores consultados para este informe confirmaron que los celulares encabezan los reclamos, muy por encima de otros servicios, las tarjetas de créditos y otras sensibles asignaturas como los loteos irregulares, las viviendas y el acceso al agua potable.
En su caso, con la acción iniciada contra Personal, Defensa del Consumidor busca que se reintegre a los usuarios los montos que abonaron por servicios no prestados. El eje de esta presentación colectiva pasa por los cortes masivos que se registraron en los últimos tiempos en las comunicaciones por celulares.
Por estas extendidas interrupciones el organismo que conduce Santiago Godoy pidió a la Justicia que aplique el máximo de la multa por daño directo, 5 millones de pesos, a la empresa que concentra la mayor cantidad de usuarios en la provincia.
La suma reclamada en concepto de daño punitivo se repartiría entre todos los clientes de la prestataria que, según la presentación judicial, no respondió a los requerimientos que le hizo la Secretaría de Defensa del Consumidor, con reiteración, por varios cortes masivos. Ante el primero de ellos, en marzo de 2010, Defensa del Consumidor dictó una cautelar que, pese a ser confirmada por la Justicia, no fue acatada por la empresa.
En agosto de 2011 hubo otro corte semejante y tampoco en este caso fueron contestados los pedidos de informe. En octubre de 2011, ante un tercer corte masivo en las comunicaciones de telefonía móvil, fue desconocida una vez más la autoridad del organismo donde Personal aparece como la empresa que más quejas y multas tiene por múltiples deficiencias expuestas por usuarios, organismos, entidades civiles, concejos deliberantes e intendencias.
Entre los principales motivos de reclamos están los llamados que se cortan imprevistamente y obligan a remarcar una y otra vez, con costos que se cargan siempre al bolsillo de los desprotegidos usuarios.
Otra importante cantidad de reclamos se relaciona con las llamadas que, sin sonar en los celulares al otro lado de la línea, son desviadas directamente a las casillas de voz, con costos que se cargan, en este caso, sobre la cabeza de los destinatarios.
Estas y muchas otras recurrentes y sugestivas falencias de red se convirtieron, con la vista gorda de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), en una suerte de subsidio que 30 millones de usuarios en todo el país tributan a las compañías telefónicas.
En una causa penal recientemente abierta en el Juzgado Federal 1 de Salta, el fiscal Ricardo Toranzos aguarda informes que requirió a la CNC y a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación. Sus funcionarios son investigados, a la par de directivos de las empresas Personal, Claro y Movistar, por una presunta estafa a usuarios de 1.000 millones de pesos mensuales.
Las acciones fueron iniciadas por el abogado Daniel Paganetti, con el patrocinio de su par Darío Palmier, y están centradas en el modo de fraccionamiento que usan las tres telefónicas para cobrar llamadas de pocos segundos como si fueran de minutos enteros. Este redondeo que se considera ilegal también originó en agosto de 2011 una demanda civil que se tramita ante el Juzgado Federal 2 de Salta.
Tal como lo adelantó El Tribuno, una asociación de usuarios con personería provincial (AURA) se sumó el pasado viernes a esta causa, de modo que todos los usuarios de Salta están abarcados en la acción que persigue la restitución de gigantescas sumas que se consideran irregularmente facturadas por las empresas demandadas.
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El Juzgado Civil y Comercial de Novena Nominación fijó para el 20 de marzo la audiencia de prueba en una acción que inició la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Provincia contra la empresa Personal, a fines de 2011, por deficiencias prestacionales.
Las quejas de usuarios salteños se multiplicaron en los últimos tiempos, al igual que las causas que enfrentan las telefónicas en los fueros provincial y federal, por toda clase de faltas y abusos denunciados en la telefonía móvil.
Organismos y asociaciones de consumidores consultados para este informe confirmaron que los celulares encabezan los reclamos, muy por encima de otros servicios, las tarjetas de créditos y otras sensibles asignaturas como los loteos irregulares, las viviendas y el acceso al agua potable.
En su caso, con la acción iniciada contra Personal, Defensa del Consumidor busca que se reintegre a los usuarios los montos que abonaron por servicios no prestados. El eje de esta presentación colectiva pasa por los cortes masivos que se registraron en los últimos tiempos en las comunicaciones por celulares.
Por estas extendidas interrupciones el organismo que conduce Santiago Godoy pidió a la Justicia que aplique el máximo de la multa por daño directo, 5 millones de pesos, a la empresa que concentra la mayor cantidad de usuarios en la provincia.
La suma reclamada en concepto de daño punitivo se repartiría entre todos los clientes de la prestataria que, según la presentación judicial, no respondió a los requerimientos que le hizo la Secretaría de Defensa del Consumidor, con reiteración, por varios cortes masivos. Ante el primero de ellos, en marzo de 2010, Defensa del Consumidor dictó una cautelar que, pese a ser confirmada por la Justicia, no fue acatada por la empresa.
En agosto de 2011 hubo otro corte semejante y tampoco en este caso fueron contestados los pedidos de informe. En octubre de 2011, ante un tercer corte masivo en las comunicaciones de telefonía móvil, fue desconocida una vez más la autoridad del organismo donde Personal aparece como la empresa que más quejas y multas tiene por múltiples deficiencias expuestas por usuarios, organismos, entidades civiles, concejos deliberantes e intendencias.
Entre los principales motivos de reclamos están los llamados que se cortan imprevistamente y obligan a remarcar una y otra vez, con costos que se cargan siempre al bolsillo de los desprotegidos usuarios.
Otra importante cantidad de reclamos se relaciona con las llamadas que, sin sonar en los celulares al otro lado de la línea, son desviadas directamente a las casillas de voz, con costos que se cargan, en este caso, sobre la cabeza de los destinatarios.
Estas y muchas otras recurrentes y sugestivas falencias de red se convirtieron, con la vista gorda de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), en una suerte de subsidio que 30 millones de usuarios en todo el país tributan a las compañías telefónicas.
En una causa penal recientemente abierta en el Juzgado Federal 1 de Salta, el fiscal Ricardo Toranzos aguarda informes que requirió a la CNC y a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación. Sus funcionarios son investigados, a la par de directivos de las empresas Personal, Claro y Movistar, por una presunta estafa a usuarios de 1.000 millones de pesos mensuales.
Las acciones fueron iniciadas por el abogado Daniel Paganetti, con el patrocinio de su par Darío Palmier, y están centradas en el modo de fraccionamiento que usan las tres telefónicas para cobrar llamadas de pocos segundos como si fueran de minutos enteros. Este redondeo que se considera ilegal también originó en agosto de 2011 una demanda civil que se tramita ante el Juzgado Federal 2 de Salta.
Tal como lo adelantó El Tribuno, una asociación de usuarios con personería provincial (AURA) se sumó el pasado viernes a esta causa, de modo que todos los usuarios de Salta están abarcados en la acción que persigue la restitución de gigantescas sumas que se consideran irregularmente facturadas por las empresas demandadas.