A 20 años del atentado terrorista a la Embajada de Israel en Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia sigue reiterando sin éxito exhortos para lograr la captura y extradición al país de los buscados a nivel internacional por la masacre.
La causa ha sido declarada imprescriptible en 2006 y hasta el momento la investigación no se ha encaminado a establecer si hubo una conexión local.
El 17 de marzo de 1992, a las 14.45, el país sufrió el primer atentado del terrorismo fundamentalista islámico en su historia con el asesinato de 29 personas y heridas a 242, dentro y en inmediaciones de la sede diplomática, que funcionaba en una casona ubicada en Arroyo y Suipacha en el barrio porteño de Recoleta.
Dos años más tarde, el 18 de julio de 1994, otro cochebomba hizo explotar la sede de la AMIA con 85 muertos en Pasteur 633.
Actualmente la causa judicial por la Embajada sigue a cargo de una secretaría especial creada por la Corte, desde donde se reiteran periódicamente los oficios pidiendo la captura internacional de los acusados por el ataque, sin que haya resultados.
Además se intenta obtener una constancia judicializable del deceso de uno de los buscados, el ex jefe de Seguridad Exterior del Hezbollah Imad Mugnieh, quien supuestamente falleció en un atentado al explotar el auto en que viajaba en 2008.
En la causa actúan aún como querellantes sobrevivientes y familiares de víctimas, patrocinados por los abogados Ignacio Irurzun y Rita Janá, quienes empezaron primero con la querella de Carlos Susevich, padre de Graciela, una empleada administrativa fallecida en el lugar, y luego sumaron a otros, de modo unificado.
‘‘Desde la medida que dispuso la imprescriptibilidad no ha habido más novedades, pero la Corte libró órdenes de captura de los terroristas y las reitera en más de una oportunidad, se sigue buscando’’, explicó la abogada Janá.
Y opinó que ‘‘se ha avanzado mucho con la declaración de imprescriptibilidad en el 2006’’, poco antes de cumplirse 15 años del ataque terrorista y cuando el caso corría riesgo de cierre por prescripción de los delitos.
En materia de conexión local, la abogada entendió que ‘‘no hay contra quién avanzar, no se los encuentra y eso fue porque en este primer atentado hubo no sólo ineficiencia que llevó a ningún avance, sino falta de experiencia y conocimiento, más allá de la impericia en temas criminales’’.
Y a raíz de ello ‘‘no estuvo exhaustivamente hecha la investigación y dos años más tarde pasó lo de la AMIA’’, concluyó.
Los querellantes intentaron sin éxito hace dos años que la Corte impulsara una pesquisa sobre supuestos contactos de Ibrahim Al Ibrahim, ex director de Aduanas en el menemismo, y el traficante de armas Monzer Al Kassar, con miras a intentar avanzar en la existencia o no de ‘‘conexión local’’.
‘‘No obtuvimos respuesta al pedido’’, dijo el abogado Irurzun.
Apenas ocurrido el atentado, la pesquisa fue tomada por el máximo tribunal por tratarse de un objetivo diplomático extranjero y por ese entonces el ahora ex ministro Ricardo Levene hijo y su secretario Alfredo Bisordi, luego titular de la Cámara Nacional de Casación Penal hasta que renunció cuestionado años después por su rol y supuestas maniobras dilatorias en el trámite de las reabiertas causas por delitos de lesa humanidad.
En ese informe ambos concluyeron que se había tratado de una implosión, es decir, que la voladura tuvo su origen dentro del edificio, que estaba en refacción.
Pero casi de inmediato esa teoría fue descartada por pericias de la Policía Federal, Gendarmería y otros organismos que dieron cuenta de un cráter hallado en la puerta de la embajada y concluyeron que se trató de un ‘‘cochebomba’’, una camioneta Ford F 100 cargada de explosivos, algo que fue ratificado por el máximo tribunal del país en 2006 cuando declaró ‘‘imprescriptible’’ el caso debido a que no se ha podido dar aún con los prófugos sospechosos de haberlo perpetrado.
Tras años de inactividad procesal, la Corte creó finalmente una Secretaría especial para la causa del atentado y emitió una resolución donde se dio por probado que Irán había estado detrás del hecho ejecutado por el Hezbollah, por entonces un movimiento sirio libanés apoyado por ese país.
El máximo tribunal emitió orden de captura internacional para el lider del aparato de seguridad exterior del Hezbollah, el libanés Imad Mugniyah y luego para el colombiano Samuel Salman El Reda, nacido en la isla de San Andrés y que hoy tiene 46 años. Ambos permanecen prófugos.
Al primero de ellos se lo dio por muerto en el 2008, sin que hasta el momento haya llegado a la Corte información oficial sobre este deceso, por lo que el máximo tribunal aún no lo dio por fallecido en el caso, porque está intentando a través de pedidos internacionales obtener una confirmación ofical del fallecimiento.
Ambos forman parte además del listado de pedidos de captura internacional por el atentado a la AMIA librado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que abarca además a diplomáticos iraníes y ex altos funcionarios de ese gobierno, sin resultados hasta el momento. Según una línea de la causa penal Embajada, el vehículo usado en atentado habría sido pagado con dólares que poseían signos de haber sido obtenidos en casas de cambio de una ciudad de El Líbano.
El coordinador de los terroristas a nivel local habría sido El Reda, llegado especialmente al país para perpetrar los ataques y casado con una argentina.
Entre las víctimas hubo diplomáticos israelíes, empleados argentinos, obreros que trabajaban en el lugar y también gente que pasaba por la puerta y otros alojados en un hogar de ancianos próximo y un cura del convento vecino.
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A 20 años del atentado terrorista a la Embajada de Israel en Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia sigue reiterando sin éxito exhortos para lograr la captura y extradición al país de los buscados a nivel internacional por la masacre.
La causa ha sido declarada imprescriptible en 2006 y hasta el momento la investigación no se ha encaminado a establecer si hubo una conexión local.
El 17 de marzo de 1992, a las 14.45, el país sufrió el primer atentado del terrorismo fundamentalista islámico en su historia con el asesinato de 29 personas y heridas a 242, dentro y en inmediaciones de la sede diplomática, que funcionaba en una casona ubicada en Arroyo y Suipacha en el barrio porteño de Recoleta.
Dos años más tarde, el 18 de julio de 1994, otro cochebomba hizo explotar la sede de la AMIA con 85 muertos en Pasteur 633.
Actualmente la causa judicial por la Embajada sigue a cargo de una secretaría especial creada por la Corte, desde donde se reiteran periódicamente los oficios pidiendo la captura internacional de los acusados por el ataque, sin que haya resultados.
Además se intenta obtener una constancia judicializable del deceso de uno de los buscados, el ex jefe de Seguridad Exterior del Hezbollah Imad Mugnieh, quien supuestamente falleció en un atentado al explotar el auto en que viajaba en 2008.
En la causa actúan aún como querellantes sobrevivientes y familiares de víctimas, patrocinados por los abogados Ignacio Irurzun y Rita Janá, quienes empezaron primero con la querella de Carlos Susevich, padre de Graciela, una empleada administrativa fallecida en el lugar, y luego sumaron a otros, de modo unificado.
‘‘Desde la medida que dispuso la imprescriptibilidad no ha habido más novedades, pero la Corte libró órdenes de captura de los terroristas y las reitera en más de una oportunidad, se sigue buscando’’, explicó la abogada Janá.
Y opinó que ‘‘se ha avanzado mucho con la declaración de imprescriptibilidad en el 2006’’, poco antes de cumplirse 15 años del ataque terrorista y cuando el caso corría riesgo de cierre por prescripción de los delitos.
En materia de conexión local, la abogada entendió que ‘‘no hay contra quién avanzar, no se los encuentra y eso fue porque en este primer atentado hubo no sólo ineficiencia que llevó a ningún avance, sino falta de experiencia y conocimiento, más allá de la impericia en temas criminales’’.
Y a raíz de ello ‘‘no estuvo exhaustivamente hecha la investigación y dos años más tarde pasó lo de la AMIA’’, concluyó.
Los querellantes intentaron sin éxito hace dos años que la Corte impulsara una pesquisa sobre supuestos contactos de Ibrahim Al Ibrahim, ex director de Aduanas en el menemismo, y el traficante de armas Monzer Al Kassar, con miras a intentar avanzar en la existencia o no de ‘‘conexión local’’.
‘‘No obtuvimos respuesta al pedido’’, dijo el abogado Irurzun.
Apenas ocurrido el atentado, la pesquisa fue tomada por el máximo tribunal por tratarse de un objetivo diplomático extranjero y por ese entonces el ahora ex ministro Ricardo Levene hijo y su secretario Alfredo Bisordi, luego titular de la Cámara Nacional de Casación Penal hasta que renunció cuestionado años después por su rol y supuestas maniobras dilatorias en el trámite de las reabiertas causas por delitos de lesa humanidad.
En ese informe ambos concluyeron que se había tratado de una implosión, es decir, que la voladura tuvo su origen dentro del edificio, que estaba en refacción.
Pero casi de inmediato esa teoría fue descartada por pericias de la Policía Federal, Gendarmería y otros organismos que dieron cuenta de un cráter hallado en la puerta de la embajada y concluyeron que se trató de un ‘‘cochebomba’’, una camioneta Ford F 100 cargada de explosivos, algo que fue ratificado por el máximo tribunal del país en 2006 cuando declaró ‘‘imprescriptible’’ el caso debido a que no se ha podido dar aún con los prófugos sospechosos de haberlo perpetrado.
Tras años de inactividad procesal, la Corte creó finalmente una Secretaría especial para la causa del atentado y emitió una resolución donde se dio por probado que Irán había estado detrás del hecho ejecutado por el Hezbollah, por entonces un movimiento sirio libanés apoyado por ese país.
El máximo tribunal emitió orden de captura internacional para el lider del aparato de seguridad exterior del Hezbollah, el libanés Imad Mugniyah y luego para el colombiano Samuel Salman El Reda, nacido en la isla de San Andrés y que hoy tiene 46 años. Ambos permanecen prófugos.
Al primero de ellos se lo dio por muerto en el 2008, sin que hasta el momento haya llegado a la Corte información oficial sobre este deceso, por lo que el máximo tribunal aún no lo dio por fallecido en el caso, porque está intentando a través de pedidos internacionales obtener una confirmación ofical del fallecimiento.
Ambos forman parte además del listado de pedidos de captura internacional por el atentado a la AMIA librado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que abarca además a diplomáticos iraníes y ex altos funcionarios de ese gobierno, sin resultados hasta el momento. Según una línea de la causa penal Embajada, el vehículo usado en atentado habría sido pagado con dólares que poseían signos de haber sido obtenidos en casas de cambio de una ciudad de El Líbano.
El coordinador de los terroristas a nivel local habría sido El Reda, llegado especialmente al país para perpetrar los ataques y casado con una argentina.
Entre las víctimas hubo diplomáticos israelíes, empleados argentinos, obreros que trabajaban en el lugar y también gente que pasaba por la puerta y otros alojados en un hogar de ancianos próximo y un cura del convento vecino.