Solo la mención de estos temas parece amenazar el equilibrio y la tolerancia en Salta. Es que ambos marcan territorios bien definidos en una provincia con dogmático acervo católico y fervientes posiciones sobre la defensa de la vida.

Pero desde el punto de vista político, son temas que molestan, hacen ruido, distraen la gestión y consumen tiempo y energía que el Gobierno provincial parece no estar dispuesto a gastar. Son esos temas que cualquier político preferiría tener lejos de la agenda inmediata.

Pero tanto por su trascendencia social como por su traumática instrumentación, demandan definiciones concretas e inmediatas por parte del Ejecutivo.

El gobierno de Urtubey sabe que no podrá seguir por mucho más tiempo sin tomar una posición firme e inequívoca. ¿Qué pasará en un hospital público de Salta cuando una mujer exija ser sometida a un aborto porque asegura haber sido violada?

El fallo de la Corte Suprema dividió a la opinión pública, pero no dejó lugar a dudas: despenalizó el aborto y reconoció el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo cuando éste haya sido producto de una violación. Además, encomendó a las provincias formalizar los protocolos para atender la demanda de este tipo de servicios médicos en los hospitales públicos.

La determinación de la Corte Suprema exige de la Provincia una posición clara, pero esto también será exigido en lo inmediato por la sociedad salteña.

Se necesita claridad meridiana por parte del Gobierno que es, en definitiva, desde su Poder Ejecutivo, quien deberá señalar los caminos a seguir en caso de que una mujer violada reclame un aborto en el hospital público. Por el momento las respuestas de Urtubey fueron ambiguas y hasta cierto punto evasivas. Dijo que un fallo de la Corte no generaliza a todos los casos y puso en dudas que la Provincia adopte las vías recomendadas por el máximo órgano de Justicia de la Nación. Es tan delicado el tema que ni siquiera los médicos se animan a sentar posición cuando se les consulta sobre cuál será su accionar al respecto.

Pese al hermetismo de las entidades médicas y los sindicatos, se sabe que en el hospital Materno Infantil se hacen 8 abortos por día como consecuencia de prácticas clandestinas. No se puede determinar con precisión cuántos de éstos son productos de embarazos por violaciones, pero sí está claro que el hospital público no escapa a una realidad social que va más allá de la objeción de conciencia.

Lo resuelto por la Corte pone a la mujer como eje de debate, pero también a los médicos, a la Justicia y a la seguridad. Es por eso que una posición clara y bien definida del Gobierno provincial es necesaria y determinante.

El otro es un tema que también tiene directa relación con una resolución judicial, aunque en una instancia menor. El juez en lo Civil y Comercial Marcelo Domínguez prohibió imponer oraciones y otras prácticas del catolicismo en la escuela pública, en un fallo que se consideró de gran relevancia social. Pese a los pedidos de aclaratoria de sentencia, el Ejecutivo tuvo que notificar formalmente a las escuelas que la resolución está en firme. Pero en las escuelas se sigue rezando en el aula o a la hora de izar la bandera. Este es el otro tema que descoloca y distrae la atención del Gobierno, pero que también merece en el corto plazo una posición clara y conciliadora.

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