¿Cuál es su visión de la crisis institucional que se armó, tras el escándalo de Ciccone?
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¿Cuál es su visión de la crisis institucional que se armó, tras el escándalo de Ciccone?
Estamos viendo recién el inicio de esta crisis. Hay muchas acusaciones cruzadas, varias de ellas muy graves. La Justicia está siendo asediada, porque eso fue lo que ocurrió con el pedido de renuncia al procurador (general Esteban Righi). La gravedad institucional no podemos dejar de subrayarla, porque acá hay un funcionario de altísimo rango (Amado Boudou) que está siendo investigado y que termina pidiendo la renuncia del jefe de los investigadores. Yo igual veo una oportunidad en todo esto, una oportunidad de que finalmente se investiguen algunas cosas y que se llegue a la verdad. En el caso concreto de Boudou, espero que explique la única pregunta muy sencilla que se le ha hecho, que es si tiene alguna conexión o no con los dueños de la ex-Ciccone.
En caso de que Daniel Rafecas siga como juez de la causa y la investigación avance, ¿hasta dónde cree que puede llegar?
Yo espero que llegue hasta el corazón de la cuestión. Hay un actor que hasta ahora parece estar al margen de la cuestión, pero que es un actor fundamental: el Banco Central. En medio de la investigación, el directorio del Banco Central decidió adjudicarle de manera directa la impresión de la tercera parte de los billetes que calcula que tiene que imprimir este año. Eso no solamente es apartarse dramáticamente de la costumbre y según algunos, entre los que me incluyo, de la ley, porque el Central -por lo menos en nuestra gestión- siempre hizo todo con la Casa de la Moneda. Además, es otorgar de manera directa sin licitación un contrato para un área estratégica como la impresión de billetes a una empresa cuyos dueños no se conocen.
La titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, está enfrentada en la interna del Gobierno con Boudou. Sin embargo, también aparece metida en este escándalo...
Lo que pasa es que las internas del Gobierno tienen cierto vuelo, pero quien decide es la Presidenta. El directorio del Banco Central está integrado en este momento por ocho personas; podrían ser diez, pero actualmente hay ocho. De esas ocho, cuatro son representantes de Santa Cruz (dos nacieron en Caleta Olivia y dos están ahí porque fueron ministros de Economía de Néstor Kirchner en Santa Cruz). La mitad del voto del directorio es de Cristina. Marcó del Pont y su vice, Miguel Pesce, están allí en comisión, lo que también es una irregularidad. No tienen acuerdo del Senado. Vale decir: son directores de una entidad autárquica que están a tiro del decreto. Imaginemos que a Marcó del Pont se le ocurre no darle el contrato a la ex-Ciccone. La pueden echar.
¿Cree que si avanza la designación de Daniel Reposo como nuevo procurador tendrá la orden de frenar todas las causas en contra del oficialismo?
No lo podemos saber, son preguntas que habría que hacer más a ellos que a nosotros, que estamos del otro lado. Nosotros, en su momento, impugnamos la designación de Righi. Ahora Righi parece que es el bueno y Boudou el malo. Esto es una interna. Si bien Righi tenía muchos más pergaminos técnicos -si se quiere-, nosotros veíamos muchas de las cosas que se ven con suma claridad en el caso de Reposo. No puede el procurador general ser tan amigo del gobierno de turno, y el caso de Reposo ya es burdo. Reposo trabajó para Boudou en la Anses y el Ministerio de Economía, y está implicado en una causa en la que están los dos (Boudou y Reposo). Claramente el mensaje que le quieren dar a la Justicia es: “Cuidado, porque el que investiga al poder lo sacamos del medio. La ex-
Ciccone en un momento fue propiedad de (Alfredo) Yabrán, parece que nos olvidamos. Yo me acordaba en estos días de una de las definiciones de Yabrán cuando le preguntaron: “¿Qué es el poder?”. El contestó: “El poder es la impunidad”. Estamos en la misma rueda. ¿Cuál es el mensaje que se le está transmitiendo a la sociedad? Los que tienen poder pueden quedar impunes, no tienen que dar explicaciones.
Al instalar las denuncias contra Righi y Adelmo Gabbi, el Gobierno parece haber corrido el eje de la discusión mediática, que es Boudou y Ciccone, ¿cuál es la responsabilidad de la oposición en este asunto?
Creo que acá hay una responsabilidad exclusiva de la Justicia. La Justicia cometió algunos errores en mediatizar la investigación, y quizá por eso la cosa ahora está embarrada. Estoy seguro de que (el juez Daniel) Rafecas si pudiera elegir hubiese hecho las cosas de otra manera, ahora que vio algunos de los errores que cometió; pero son dos frecuencias: la mediática y la investigación. La investigación tiene que seguir adelante. Aparecieron nuevos accionistas de la empresa que compró Ciccone, no se sabe todavía de dónde salieron los fondos. Es cierto que en el plano mediático se embarró todo, producto de un comportamiento mafioso. Boudou ahora se queja de la actuación de Righi y Rafecas, pero no dijo nada cuando ellos estaban jugando de su lado. Es más, la denuncia que hace el abogado de Núñez Carmona para correr a Rafecas de la causa es autoincriminatoria. Si seguimos el recorrido de esos mensajes, queda en evidencia que le anticipan todo el tiempo a Boudou las medidas que van a tomar. La cuestión central, que es la conexión Boudou-Vandenbroele, después del allanamiento es más probable porque apareció la boleta de las expensas y las de CableVisión.
¿Por qué piensa que, al final, Cristina no anunció nada sobre YPF el jueves?
Me parece que hay una discusión interna muy fuerte y creo que están viendo que no es tan fácil llevarse por delante el estatuto de YPF. Hubo mucha presión por parte del Gobierno español, pero entiendo también que los gobernadores expresaron su opinión respecto de que, ya que va a haber una repartija, ellos también se quieren quedar con algo. La ironía es que pareciera ser que solamente el cambio de propiedad del paquete accionario va a resolver el problema, cuando el problema es que no hay inversión. No hay inversión porque Repsol en el inicio, y después cuando entró (Enrique) Esquenazi, tuvo como objetivo girar todas las utilidades. Por exigencia de Kirchner para que Esquenazi pudiera pagar sin plata las acciones de YPF, se obligaba a la compañía a girar el 90 por ciento de los dividendos todos los años. Una compañía que gira casi la totalidad de sus dividendos no tiene para invertir.
¿Cuál sería el objetivo del Gobierno ante una eventual reestatización de YPF?
Echarle la culpa a alguien. Este no es un gobierno que asumió hace dos meses; hace ocho años que está en el poder. Hace ocho años que viene cayendo la producción de petróleo, hace ocho años este debió haber sido un tema al que había que atacar. Ellos encontraron su solución en 2007, cuando dijeron: “A YPF la vamos a argentinizar”. Hasta el año pasado alababan a Esquenazi y a la exploración. El Gobierno no tiene ninguna manera de explicar cómo fue que esa gestión de ocho años de duración ha terminado en un fracaso como este.