El Senado aprobó hoy y convirtió en ley con 41 votos a favor y 22 en contra la reforma al Código Electoral que transforma el DNI en un soporte único de tarjeta y elimina la libreta para votar.
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El Senado aprobó hoy y convirtió en ley con 41 votos a favor y 22 en contra la reforma al Código Electoral que transforma el DNI en un soporte único de tarjeta y elimina la libreta para votar.
La ley fue sancionada gracias a la mayoría del bloque oficialista, dado que el arco opositor rechazó la iniciativa con fuertes críticas al artículo que exige que las autoridades de mesa estén empadronados en la mesa a la que van a votar, por entender que esto dificultará la tarea de los fiscales. La nueva ley establece en su artículo tres que "las autoridades de mesa deberán figurar en el padrón de la mesa para la cual sean designados".
Además, el artículo siguiente señala que "ninguna autoridad, ni aún el juez electoral, podrá ordenar al presidente de mesa que admita el voto" de alguien que no figura en el padrón electoral de esa mesa.
Este fue uno de los aspectos de la ley más criticados por la oposición, que consideró que atentará contra la actividad de los fiscales que cada partido designa y, particularmente, contra las fuerzas políticas con escasa presencia territorial.
La senadora salteña del peronismo federal, Sonia Escudero, afirmó que "al prohibir que los fiscales de mesa pueda votar en la misma mesa que se les asignó para fiscalizar se les está pidiendo algo imposible" y sostuvo que con esto "se limita el envío de fiscales por parte de lo partidos".
Al adoptar el sistema de una única tarjeta como documento válido para votar y eliminar la libreta en la que se dejaba constancia de la emisión del voto mediante un sello, se establece que se "emitirá una constancia de voto que contendrá los datos" del elector y la firma del presidente de mesa.
Sin embargo, la ley no aclara cómo será esa constancia de voto indica que "el formato de dicha constancia será establecido en la reglamentación" de la norma, cuando llegue al Ejecutivo.
Esto también fue criticado por referentes de la oposición como el radical Mario Cimadevilla, quien consideró que al no dejar en claro cómo se va a certificar el voto "la ley tiene graves problemas de operatividad".
De todas formas, la reforma aclara que tanto la Libreta de Enrolamiento, como la Libreta Cívica y el DNI "en cualquiera de sus formatos" podrán seguir siendo utilizados para votar.
La ley también establece multas de 50 a 500 pesos para quienes no emitan su voto y no se justifiquen ante la Justicia Electoral en el plazo de 60 días.
Además, fija un régimen de sanciones especial para los empleados públicos al señalar que los jefes de los organismos nacionales, porteños o provinciales deberán dejar constancia cuando sus subordinados no concurran a votar "por actos de servicio".
Pero, a su vez, los empleados de la administración pública deberán presentar, al otro día de las elecciones, la constancia de voto a sus superiores y, en caso de no hacerlo "serán sancionados con suspensión de hasta seis meses y, en caso de reincidencia, podrán llegar a la cesantía".
Por este articulado, la senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro calificó la ley como "un sistema policial" y sostuvo que "este es un Estado botón".