Pablo Schoklender finalmente quedó detenido en la misma cárcel en la que se encuentra su hermano Sergio, a pesar de que había pedido que lo llevaran a otro penal, pero la Justicia dispuso que no tengan contacto y que estén en sectores distintos por el enfrentamiento que mantienen.
Pablo Schoklender pidió ayer, tras su indagatoria ante el juez federal Norberto Oyarbide, quedar detenido en la cárcel de Devoto para no estar en el penal de Ezeiza con su hermano.
Fuentes judiciales informaron que Oyarbide dispuso el traslado de Pablo a Devoto pero no se pudo cumplir por problemas internos del Servicio Penitenciario Federal, ante lo cual el juez ordenó que vaya a Ezeiza, pero que sea alojado en un sector distinto al de Sergio.
También fue trasladado a Ezeiza Alejandro Gotkin, presidente de la empresa Meldorek SA, quien había pedido ir a Devoto con Pablo.
Tanto Pablo como Gotkin apelaron hoy los rechazos a sus excarcelaciones que ayer les denegó Oyarbide, quien consideró que en libertad podrían entorpecer la causa y atemorizar a testigos, las que deberá resolver la Sala I de la Cámara Federal.
En tanto, la defensora oficial de Sergio Schoklender, Perla Martínez de Buck, no presentó hoy la apelación para volver a pedir la libertad pero tiene plazo hasta el lunes para realizar el planteo.
Oyarbide les negó la excarcelación a los Schoklender y Gotkin al considerar que testigos de la causa declararon que les tienen miedo porque fueron agresivos y se movían con personas armadas.
Para el juez “no es posible descartar el grado de influencia que podían ejercer todos ellos, en caso de recuperar su libertad, sobre aquellas personas cuyo testimonio resultaría esencial a los efectos de la presente investigación”.
Los abogados de Pablo, Ramiro Rubinska y Pablo Slonimsqui, señalaron en su presentación que las amenazas a testigos fueron protagonizadas por Sergio Schoklender y no por su hermano, y objetaron que el juez no fundamentó por qué ahora podrían entorpecer la causa y no durante el año que duró la investigación.
Además, señalaron que Pablo Schoklender siempre estuvo a disposición de la Justicia y que Oyarbide le permitió viajar a Panamá en enero pasado.
Los Schoklender y Gotkin están acusados de haber desviado millones de pesos que el Estado le entregó a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales, los cuales habrían sido utilizados por empresas que manejaban los acusados.
Los tres fueron detenidos esta semana en un expediente que se inició en junio pasado, donde Sergio está señalado como presunto jefe de una asociación ilícita y a Pablo y Gotkin se les imputa ser los organizadores.
Pablo fue indagado ayer por Oyarbide y sostuvo que la presidenta de Madres, Hebe de Bonafini, tomaba las decisiones en la Fundación, entre ellas la de echar a Sergio, prohibirle la entrada a la entidad y entregarle un terreno en Barranquera, Chaco, para que se fuera.
El acusado negó ser el organizador de una asociación ilícita y se quejó por lo que consideró imputaciones genéricas del juez.
Las indagatorias continuarán el próximo martes, cuando deba declarar Viviana Sala, ex esposa de Sergio Schoklender, acusada de haber construido una vivienda en el barrio El Patacón con materiales comprados con fondos de la Fundación.
En la causa hay una treintena de personas citadas a indagatoria, entre ellas Alejandra Bonafini, hija de Hebe, quien deberá declarar el 31 de mayo.
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Pablo Schoklender finalmente quedó detenido en la misma cárcel en la que se encuentra su hermano Sergio, a pesar de que había pedido que lo llevaran a otro penal, pero la Justicia dispuso que no tengan contacto y que estén en sectores distintos por el enfrentamiento que mantienen.
Pablo Schoklender pidió ayer, tras su indagatoria ante el juez federal Norberto Oyarbide, quedar detenido en la cárcel de Devoto para no estar en el penal de Ezeiza con su hermano.
Fuentes judiciales informaron que Oyarbide dispuso el traslado de Pablo a Devoto pero no se pudo cumplir por problemas internos del Servicio Penitenciario Federal, ante lo cual el juez ordenó que vaya a Ezeiza, pero que sea alojado en un sector distinto al de Sergio.
También fue trasladado a Ezeiza Alejandro Gotkin, presidente de la empresa Meldorek SA, quien había pedido ir a Devoto con Pablo.
Tanto Pablo como Gotkin apelaron hoy los rechazos a sus excarcelaciones que ayer les denegó Oyarbide, quien consideró que en libertad podrían entorpecer la causa y atemorizar a testigos, las que deberá resolver la Sala I de la Cámara Federal.
En tanto, la defensora oficial de Sergio Schoklender, Perla Martínez de Buck, no presentó hoy la apelación para volver a pedir la libertad pero tiene plazo hasta el lunes para realizar el planteo.
Oyarbide les negó la excarcelación a los Schoklender y Gotkin al considerar que testigos de la causa declararon que les tienen miedo porque fueron agresivos y se movían con personas armadas.
Para el juez “no es posible descartar el grado de influencia que podían ejercer todos ellos, en caso de recuperar su libertad, sobre aquellas personas cuyo testimonio resultaría esencial a los efectos de la presente investigación”.
Los abogados de Pablo, Ramiro Rubinska y Pablo Slonimsqui, señalaron en su presentación que las amenazas a testigos fueron protagonizadas por Sergio Schoklender y no por su hermano, y objetaron que el juez no fundamentó por qué ahora podrían entorpecer la causa y no durante el año que duró la investigación.
Además, señalaron que Pablo Schoklender siempre estuvo a disposición de la Justicia y que Oyarbide le permitió viajar a Panamá en enero pasado.
Los Schoklender y Gotkin están acusados de haber desviado millones de pesos que el Estado le entregó a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales, los cuales habrían sido utilizados por empresas que manejaban los acusados.
Los tres fueron detenidos esta semana en un expediente que se inició en junio pasado, donde Sergio está señalado como presunto jefe de una asociación ilícita y a Pablo y Gotkin se les imputa ser los organizadores.
Pablo fue indagado ayer por Oyarbide y sostuvo que la presidenta de Madres, Hebe de Bonafini, tomaba las decisiones en la Fundación, entre ellas la de echar a Sergio, prohibirle la entrada a la entidad y entregarle un terreno en Barranquera, Chaco, para que se fuera.
El acusado negó ser el organizador de una asociación ilícita y se quejó por lo que consideró imputaciones genéricas del juez.
Las indagatorias continuarán el próximo martes, cuando deba declarar Viviana Sala, ex esposa de Sergio Schoklender, acusada de haber construido una vivienda en el barrio El Patacón con materiales comprados con fondos de la Fundación.
En la causa hay una treintena de personas citadas a indagatoria, entre ellas Alejandra Bonafini, hija de Hebe, quien deberá declarar el 31 de mayo.