La Cámara en lo Penal de Morón anuló una resolución por la cual en marzo pasado se había ordenado la detención domiciliaria de Julio Cesar Grassi, condenado a 15 años de prisión por corrupción de menores, con lo cual el sacerdote recuperarará su libertad.
Fuentes judiciales informaron que la Cámara declaró nulo una resolución de marzo pasado en la cual el Tribunal Oral Criminal 1 (TOC1) de Morón aplicó la detención domiciliaria de Grassi por supuestamente haber violado reglas de conducta como el haber ingresado –pese a tenerlo prohibido- a la Fundación Felices los
Niños.
También por haberse referido públicamente a las víctimas, en el caso dos de los adolescentes por los cuales fue condenado a 15 años de prisión por corrupción de menores.
Ahora, los camaritas Mario Moldes, Fabián Cardoso y Elisabet Miriam Fernandez declararon nula la resolución del Tribunal al considerar que no tendría que haber intervenido, ya que sobre esa cuestión se había expedido al momento de dictar la sentencia y además había tomado intervención -por haber sido recurrida- el Tribunal de Casación Provincial.
En la misma resolución la Cámara declaró abstracto un planteo de Grassi, quien pretendía cambiar su lugar de detención domiciliaria a una propiedad que está ubicada frente a la Fundación Felices los Niños.
"La nulidad que he dejado propuesta, lleva a que Grassi vuelva a gozar en los mismos términos de la libertad provisoria que le fuera revocada por lo nulificado, lo que importa quedar sin motivo su petición en trato, y con ello que al no mediar agravio haya perdido virtualidad su recurso en examen, por lo que respecto del mismo no deben expedirse el Tribunal", dictó la Cámara.
En 2010, Grassi fue condenado a 15 años de prisión tras ser encontrado responsable por los delitos de "abuso sexual agravado, corrupción de menores agravada por su condición de sacerdote". Pero la detención no se hizo efectiva ni siquiera cuando la Cámara de Casación confirmó la condena, al considerar que no era éste el Tribunal que tenía que expedirse sobre la detención. Ahora, el caso está a estudio de la la Suprema Corte de
Justicia de la provincia de Buenos Aires.
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La Cámara en lo Penal de Morón anuló una resolución por la cual en marzo pasado se había ordenado la detención domiciliaria de Julio Cesar Grassi, condenado a 15 años de prisión por corrupción de menores, con lo cual el sacerdote recuperarará su libertad.
Fuentes judiciales informaron que la Cámara declaró nulo una resolución de marzo pasado en la cual el Tribunal Oral Criminal 1 (TOC1) de Morón aplicó la detención domiciliaria de Grassi por supuestamente haber violado reglas de conducta como el haber ingresado –pese a tenerlo prohibido- a la Fundación Felices los
Niños.
También por haberse referido públicamente a las víctimas, en el caso dos de los adolescentes por los cuales fue condenado a 15 años de prisión por corrupción de menores.
Ahora, los camaritas Mario Moldes, Fabián Cardoso y Elisabet Miriam Fernandez declararon nula la resolución del Tribunal al considerar que no tendría que haber intervenido, ya que sobre esa cuestión se había expedido al momento de dictar la sentencia y además había tomado intervención -por haber sido recurrida- el Tribunal de Casación Provincial.
En la misma resolución la Cámara declaró abstracto un planteo de Grassi, quien pretendía cambiar su lugar de detención domiciliaria a una propiedad que está ubicada frente a la Fundación Felices los Niños.
"La nulidad que he dejado propuesta, lleva a que Grassi vuelva a gozar en los mismos términos de la libertad provisoria que le fuera revocada por lo nulificado, lo que importa quedar sin motivo su petición en trato, y con ello que al no mediar agravio haya perdido virtualidad su recurso en examen, por lo que respecto del mismo no deben expedirse el Tribunal", dictó la Cámara.
En 2010, Grassi fue condenado a 15 años de prisión tras ser encontrado responsable por los delitos de "abuso sexual agravado, corrupción de menores agravada por su condición de sacerdote". Pero la detención no se hizo efectiva ni siquiera cuando la Cámara de Casación confirmó la condena, al considerar que no era éste el Tribunal que tenía que expedirse sobre la detención. Ahora, el caso está a estudio de la la Suprema Corte de
Justicia de la provincia de Buenos Aires.