Pese a su envidiable capacidad para manejar la agenda mediática en momentos complejos, la Casa Rosada estuvo actuando los últimos días más por reacción que por acción, lo que representa una señal de alerta en situaciones turbulentas como la actual. Surge un agujero y se lo tapa, pero al taparlo aparece otro. Es que aún no se vislumbra en el horizonte un plan integral para abordar la multifacética problemática económica que está afectando fuerte a todo el mundo y también a la Argentina. Los logros en materia económica del kirchnerismo fueron muchos en los ñultimos años: creció el empleo, aumentó la producción industrial y disminuyó la pobreza. Todo eso se dio en un contexto de un fuerte crecimiento de la economía que el Gobierno supo aprovechar. Ahora, con el viento de cola que dejó de soplar, la situación cambió sustantivamente.
Se multiplican los anuncios rimbombantes y cada día hay una nueva restricción implícita hacia el mercado comercial y cambiario. Ahora, directamente y sin anuncio previo, ya no se puede comprar dólares para ahorro personal. Sin embargo, nada se dice sobre cómo disminuir la inflación ni de qué manera estimular el consumo para detener la caída en la actividad. Todo se hace a las apuradas y con escasísima planificación. El anuncio del programa de créditos hipotecarios, una medida de política activa alejada del ajuste, fue un ejemplo clarísimo de esa situación.
El Gobierno se propuso -con lógica- dar batalla a la enorme falta de viviendas y, así, ayudar a la construcción y a la alicaída actividad inmobiliaria, dos de los sectores más vapuleados con las trabas al dólar. Hasta ahí todo fabuloso. El problema es que el anuncio fue apurado más de lo debido y se desconocen con exactitud detalles básicos de una medida de semejante trascendencia.
¿Son 100 mil préstamos como dice la Anses o 400 mil, como aseguró el ascendente Axel Kicillof? ¿Habrá cupos por provincias o será por orden de llegada? ¿Cómo se garantizará la devolución efectiva del crédito sin que el Estado pierda dinero por deudores morosos? ¿Por qué los jubilados, que son quienes en definitiva financiarán el plan, son los únicos exceptuados para inscribirse? Seguramente esos interrogantes se irán respondiendo paulatinamente, aunque teniendo en cuenta la gigante expectativa que generó el anuncio, bueno hubiera sido tener esas dudas aclaradas de antemano.
Un día después de ese anuncio, la Corte volvió a instalar el debate sobre la utilización de los fondos de la Anses para programas que deberían financiarse con plata del Tesoro. Ocurre que el sector pasivo es uno de los más rezagados del país y tiene una jubilación mínima que ronda los $1.600, y con una inflación cercana al 25% anual, esa cifra no alcanza para salir de la pobreza.
El debate es más profundo aún. Si hay tanta plata en la Anses que las AFJP la estaban jugando a la timba, ¿por qué no se prioriza una inyección fuerte en los bolsillos de los jubilados más retrasados y, de haber excedentes, se los invierte en planes sociales?
La ecuación no es difícil de graficar: los ancianos que cobran la mínima volcarán el cien por ciento de esa suma al consumo, lo que incentivará las ventas minoristas y, por ende, la actividad económica en su conjunto. Ese, claro está, no sería dinero para comprar dólares ni en el mercado oficial ni en el paralelo, sino que se usaría mayoritariamente para alimentos y medicamentos.
El contexto
En ese marco, los últimos días hubo un retorno de la conflictividad gremial, típica en momentos de incertidumbre económica. El campo terminó un paro nacional de una semana sin mayores resultados que otro intento del Gobierno por quebrar aún más a la Mesa de Enlace. Otra vez, los ruralistas se debaten entre el aislamiento oficial y su falta de acuerdos internos para provocar un efecto inmediato de sus advertencias. Y anteayer pasó lo que todos suponían que sucedería, tras el quiebre definitivo entre la Casa Rosada y Hugo Moyano. Los Camioneros realizaron una huelga sorpresiva que afectó la distribución de dinero en vísperas del Día del Padre.
Ese tipo de protesta, por más justo que sea el reclamo, solo perjudica a trabajadores y empresarios que necesitan cobrar sus haberes y vender sus productos. El afán de Moyano por mantener protagonismo vuelve a ser desmedido.
Cristina sigue siendo, por lejos, la política con mayor aceptación de la Argentina. Eso, pese a las trabas al dólar, a las importaciones, al avance de la inflación y a algunos hechos de corrupción que rozaron a dirigentes claves como el vicepresidente Amado Boudou.
Sin embargo, hay un dato que no puede dejar de ser tenido en cuenta: según una encuesta de Management & Fit -publicada hace solo diez días-, la imagen de la Presidenta no dejó de caer ni un solo mes desde septiembre pasado, ubicándose hoy en menos del 39%.
inicia sesión o regístrate.
Pese a su envidiable capacidad para manejar la agenda mediática en momentos complejos, la Casa Rosada estuvo actuando los últimos días más por reacción que por acción, lo que representa una señal de alerta en situaciones turbulentas como la actual. Surge un agujero y se lo tapa, pero al taparlo aparece otro. Es que aún no se vislumbra en el horizonte un plan integral para abordar la multifacética problemática económica que está afectando fuerte a todo el mundo y también a la Argentina. Los logros en materia económica del kirchnerismo fueron muchos en los ñultimos años: creció el empleo, aumentó la producción industrial y disminuyó la pobreza. Todo eso se dio en un contexto de un fuerte crecimiento de la economía que el Gobierno supo aprovechar. Ahora, con el viento de cola que dejó de soplar, la situación cambió sustantivamente.
Se multiplican los anuncios rimbombantes y cada día hay una nueva restricción implícita hacia el mercado comercial y cambiario. Ahora, directamente y sin anuncio previo, ya no se puede comprar dólares para ahorro personal. Sin embargo, nada se dice sobre cómo disminuir la inflación ni de qué manera estimular el consumo para detener la caída en la actividad. Todo se hace a las apuradas y con escasísima planificación. El anuncio del programa de créditos hipotecarios, una medida de política activa alejada del ajuste, fue un ejemplo clarísimo de esa situación.
El Gobierno se propuso -con lógica- dar batalla a la enorme falta de viviendas y, así, ayudar a la construcción y a la alicaída actividad inmobiliaria, dos de los sectores más vapuleados con las trabas al dólar. Hasta ahí todo fabuloso. El problema es que el anuncio fue apurado más de lo debido y se desconocen con exactitud detalles básicos de una medida de semejante trascendencia.
¿Son 100 mil préstamos como dice la Anses o 400 mil, como aseguró el ascendente Axel Kicillof? ¿Habrá cupos por provincias o será por orden de llegada? ¿Cómo se garantizará la devolución efectiva del crédito sin que el Estado pierda dinero por deudores morosos? ¿Por qué los jubilados, que son quienes en definitiva financiarán el plan, son los únicos exceptuados para inscribirse? Seguramente esos interrogantes se irán respondiendo paulatinamente, aunque teniendo en cuenta la gigante expectativa que generó el anuncio, bueno hubiera sido tener esas dudas aclaradas de antemano.
Un día después de ese anuncio, la Corte volvió a instalar el debate sobre la utilización de los fondos de la Anses para programas que deberían financiarse con plata del Tesoro. Ocurre que el sector pasivo es uno de los más rezagados del país y tiene una jubilación mínima que ronda los $1.600, y con una inflación cercana al 25% anual, esa cifra no alcanza para salir de la pobreza.
El debate es más profundo aún. Si hay tanta plata en la Anses que las AFJP la estaban jugando a la timba, ¿por qué no se prioriza una inyección fuerte en los bolsillos de los jubilados más retrasados y, de haber excedentes, se los invierte en planes sociales?
La ecuación no es difícil de graficar: los ancianos que cobran la mínima volcarán el cien por ciento de esa suma al consumo, lo que incentivará las ventas minoristas y, por ende, la actividad económica en su conjunto. Ese, claro está, no sería dinero para comprar dólares ni en el mercado oficial ni en el paralelo, sino que se usaría mayoritariamente para alimentos y medicamentos.
El contexto
En ese marco, los últimos días hubo un retorno de la conflictividad gremial, típica en momentos de incertidumbre económica. El campo terminó un paro nacional de una semana sin mayores resultados que otro intento del Gobierno por quebrar aún más a la Mesa de Enlace. Otra vez, los ruralistas se debaten entre el aislamiento oficial y su falta de acuerdos internos para provocar un efecto inmediato de sus advertencias. Y anteayer pasó lo que todos suponían que sucedería, tras el quiebre definitivo entre la Casa Rosada y Hugo Moyano. Los Camioneros realizaron una huelga sorpresiva que afectó la distribución de dinero en vísperas del Día del Padre.
Ese tipo de protesta, por más justo que sea el reclamo, solo perjudica a trabajadores y empresarios que necesitan cobrar sus haberes y vender sus productos. El afán de Moyano por mantener protagonismo vuelve a ser desmedido.
Cristina sigue siendo, por lejos, la política con mayor aceptación de la Argentina. Eso, pese a las trabas al dólar, a las importaciones, al avance de la inflación y a algunos hechos de corrupción que rozaron a dirigentes claves como el vicepresidente Amado Boudou.
Sin embargo, hay un dato que no puede dejar de ser tenido en cuenta: según una encuesta de Management & Fit -publicada hace solo diez días-, la imagen de la Presidenta no dejó de caer ni un solo mes desde septiembre pasado, ubicándose hoy en menos del 39%.