“Para corrernos de acá nos van a tener que sacar muertos. Lo que digo lo cumplo y no quiero llegar a eso. Hace más de 120 años que mi familia está en esas tierras, desde mis bisabuelos”, dijo Fredy Masa.
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“Para corrernos de acá nos van a tener que sacar muertos. Lo que digo lo cumplo y no quiero llegar a eso. Hace más de 120 años que mi familia está en esas tierras, desde mis bisabuelos”, dijo Fredy Masa.
“Me cansé de llamar a la Policía y a Gendarmería para que evitaran que me quemen la finca, pero no pude conseguir que se hicieran presentes. Mi hermano con mi madre tuvieron que encarar al grupo solos, porque la policía nunca llegó”.
La disputa por las tierras fiscales de los lotes 14 y 55 está cobrando temperatura en Santa Victoria Este, departamento Rivadavia. “Para corrernos de acá nos van a tener que sacar muertos. Lo que digo lo cumplo y no quiero llegar a eso. Hace más de 120 años que mi familia está en estas tierras, desde mis bisabuelos. Nosotros siempre las hemos cuidado y las vamos a seguir defendiendo hasta la última gota de sangre que corra por nuestras venas”, le dijo a El Tribuno el criollo de Santa María Fredy Masa. El sábado pasado, cerca de las dos de la tarde, un grupo de aborígenes, de entre 30 y 40 personas, invadió su propiedad y quemó alrededor de 500 metros de alambrados.
La madre del criollo, Ana Virginia Aylán, de 78 años, tuvo que salir de urgencia con uno de sus nueve hijos a defender su propiedad, llamada Puesto Nuevo, a 15 kilómetros de Santa María, cerca de Magdalena, donde viven más de 30 familias criollas. “Me cansé de llamar a la Policía y a Gendarmería Nacional para que evitaran que me quemen la finca, pero no pude conseguir que se hicieran presentes. Mi hermano con mi madre tuvieron que encarar al grupo solos, porque la policía nunca llegó. Menos mal que solo quemaron y después se fueron, pero mi madre se podría haber muerto de un infarto”, contó Masa.
“Ellos dijeron que están reclamando al Gobierno para que se les entreguen las tierras. Decían que no era nada personal contra nosotros, pero yo creo que sí, porque ahí hay un problema de límites. Están enojados y quieren seguir quemando todo porque mi mamá les hizo una denuncia penal. Pedían que se levante la denuncia, pero nosotros estábamos esperando a la gente del Gobierno, que hasta ahora no llegó ni dio la cara. De la Unidad Ejecutora me informaron que estaban totalmente en contra de lo que pasó y que se iban a hacer presentes en la zona de inmediato, pero ya pasó una semana”, agregó el criollo.
En los lotes viven 52 comunidades indígenas de cinco etnias distintas y 462 familias criollas, como la de Fredy Masa, instaladas desde 1906. La Unidad Ejecutora Provincial (UEP) lleva adelante la laboriosa tarea de regularizar las tierras de los lotes fiscales 14 y 55. Busca determinar, dentro de las más de 640 mil hectáreas, cuál es el territorio de las comunidades originarias y cuál es el de las familias criollas. En 2007 se alcanzó un acuerdo que estableció que quedarían para las comunidades 400.000 hectáreas y 243.000 para las familias criollas, algunas de las cuales debían reubicarse con la promesa de contar con los servicios básicos, cosa que hasta el momento no se concretó.
“Tenemos la amenaza de que van a seguir quemando, no tan solo a mí, sino todos los alambrados que hay en la zona. Todos los criollos están reuniéndose para ver cómo podemos parar esto. Nosotros no nos queremos pelear con nuestros paisanos los aborígenes, pero detrás de esto están los gringos y nosotros los queremos parar a ellos. Creo que algún día los vamos a correr del Chaco, porque quieren separa al criollo del aborigen, siendo que siempre fuimos vecino y nunca tuvimos problemas”, contó Fredy Masa.
Los gringos a los que se refiere son en realidad las organizaciones sin fines de lucro que están asentadas en la zona. En los lotes 14 y 55 existen dos asociaciones con fuerte peso entre los pobladores: Lakha Honhat, que representa a comunidades aborígenes y tiene estrechos vínculos con Asociana (Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino), y la OFC (Organización de Familias Criollas), cercana a Fundapaz.
“Exijo que se investigue. Según Francisco Pérez, que es como el jefe de Lakha Honhat, ellos no tuvieron nada que ver, sino que fueron los dirigentes por su cuenta. Tiene que haber culpables. Yo no tengo miedo, pero sí temo por mi familia y por la salud de mi madre. Yo me sé defender y no le tengo miedo a la muerte, pero el Gobierno tiene que venir urgente, para poder construir un diálogo. Pero no vamos a hablar con ninguna organización, ni de familias criollas ni de aborígenes. Queremos hablar directamente con nuestros paisanos y le pedimos al Gobierno garantías, que asegure nuestra vida y la de nuestras familias”, puntualizó Masa, quien también tiene un almacén en Santa María, que, como en toda la zona, no puede vender bebidas alcohólicas a aborígenes por una normativa que dictó por la radio un dirigente de Lakha Honhat.
Hace más de un año, en La Puntana, a Beatriz Masa la corrieron de la población. Tuvo que dejar todo y salir por pedido de un grupo de aborígenes, que son la inmensa mayoría en el pueblo. Nunca pudo volver a su comercio.