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La prueba y el error de los fiscales

Domingo, 24 de junio de 2012 12:52

El comienzo de las nuevas etapas suele ser siempre complicado. Los tiempos de transición, luego de cambios profundos, están acompañados por la prueba y el error que el mismo proceso de cambio requiere. Pero este razonamiento no siempre se puede aplicar, y mucho menos ser utilizado como justificativo, en cuestiones que hacen a los derechos de las personas, como educación, salud, justicia y seguridad.

Justamente sobre estos dos últimos temas es necesario detenerse y analizar lo que ocurrió días pasados con la actuación directa de los fiscales salteños en la investigación de delitos.
Dos casos de impacto mediático marcaron un comienzo no muy auspicioso para los auxiliares de Justicia en esta nueva etapa, luego de la modificación al Código Procesal Penal de la Provincia que entró en vigencia el 6 de junio pasado.

Basta mencionar el caso de los motochorros que asaltaron a un docente, lo golpearon y le robaron una bicicleta de alto valor. Pese a que la víctima pudo detener a uno de ellos, la orden fue liberarlo y devolverle la moto con la que perpetró el asalto. En principio se pensó que había sido una decisión del Servicio de Emergencias 911, pero finalmente se supo que fue el fiscal interviniente, Eduardo Barrionuevo, el que dio la orden.

Mientras tanto el maestro (quien aún no pudo recuperar la costosa bicicleta que le robaron) denunció en los medios lo absurdo de la situación, el abandono y la desprotección de las personas ante este tipo de delitos cada vez más frecuente. Por supuesto que la reacción popular tampoco se hizo esperar y en las redes sociales el reclamo fue uno solo: basta de proteger a los ladrones.

Pero la intervención de la fiscal penal 2, María Inés Loyola, en otro caso es todavía más sorprendente, por así decirlo. Fue ella quien tiene la “perlita” en esta columna. Un hombre de 34 años apuñaló a su pareja en el pecho y en la espalda y le provocó serias heridas que aún hoy ponen en riesgo la vida de la mujer. Pese a la gravedad del hecho, la fiscal Loyola consideró que solo se trataba de “lesiones”, por lo que no ordenó su detención. El sujeto escapó minutos después y estuvo prófugo hasta hace unas horas, cuando se entregó a la Policía.

Antes de esto, el juez de Instrucción Martín Pérez -rápido de reflejos, pero, sobre todo, de sentido común- ya había ordenado recaratular la causa de lesiones a intento de homicidio. Lo paradójico del caso es que ahora será la propia fiscal Loyola quien deba indagar al sujeto, luego de haberlo dejado en libertad, prácticamente, tras herir de muerte a su pareja.

Ninguno de estos temas pasó por alto a la atención de la comunidad. Ambos tuvieron un marcado repudio que se exteriorizó en los medios de prensa y en las redes, dejando a los fiscales en el centro de la atención.
La modificación al Código Procesal Penal de la Provincia los habilitó a tomar intervención directa en la investigación de los crímenes, eliminando la etapa instructoria a cargo de los magistrados.

En otras palabras, la modificación dejó establecido que los fiscales suplantarán a los jueces en las indagatorias y asumirán nuevas facultades a través de averiguaciones preliminares e investigaciones penales.
Es tanta la importancia que toma la figura del fiscal en el nuevo panorama de la Justicia, que ya se abrió el concurso para ocupar cuatro cargos de fiscal penal en el distrito centro.

Uno de los primeros que se anotó fue Maximiliano Troyano, el exministro de Seguridad de la Provincia, quien tuvo que renunciar al cargo luego de sus desafortunadas declaraciones sobre los abusos sexuales contra mujeres -especialmente turistas- que se registran en Salta. Había asegurado, palabras más, palabras menos, que las mujeres también tenían responsabilidad sobre los abusos de los que habían sido víctimas. Sus declaraciones fueron una bomba que estalló a nivel nacional y el escándalo mediático lo obligó a renunciar.

Hoy Maximiliano Troyano, hombre vinculado a la política del Gobierno, quiere volver al ruedo para sumarse a las huestes del procurador Pablo López Viñals, quien en definitiva representa al Poder Ejecutivo dentro de la Justicia y es el jefe en el protagónico rol de los fiscales.

Salta tiene serios problemas de seguridad; para afrontarlos, primero es necesario reconocerlos y esto es algo que ni el postulante Troyano ni los fiscales antes mencionados parecen haber tenido en cuenta.

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El comienzo de las nuevas etapas suele ser siempre complicado. Los tiempos de transición, luego de cambios profundos, están acompañados por la prueba y el error que el mismo proceso de cambio requiere. Pero este razonamiento no siempre se puede aplicar, y mucho menos ser utilizado como justificativo, en cuestiones que hacen a los derechos de las personas, como educación, salud, justicia y seguridad.

Justamente sobre estos dos últimos temas es necesario detenerse y analizar lo que ocurrió días pasados con la actuación directa de los fiscales salteños en la investigación de delitos.
Dos casos de impacto mediático marcaron un comienzo no muy auspicioso para los auxiliares de Justicia en esta nueva etapa, luego de la modificación al Código Procesal Penal de la Provincia que entró en vigencia el 6 de junio pasado.

Basta mencionar el caso de los motochorros que asaltaron a un docente, lo golpearon y le robaron una bicicleta de alto valor. Pese a que la víctima pudo detener a uno de ellos, la orden fue liberarlo y devolverle la moto con la que perpetró el asalto. En principio se pensó que había sido una decisión del Servicio de Emergencias 911, pero finalmente se supo que fue el fiscal interviniente, Eduardo Barrionuevo, el que dio la orden.

Mientras tanto el maestro (quien aún no pudo recuperar la costosa bicicleta que le robaron) denunció en los medios lo absurdo de la situación, el abandono y la desprotección de las personas ante este tipo de delitos cada vez más frecuente. Por supuesto que la reacción popular tampoco se hizo esperar y en las redes sociales el reclamo fue uno solo: basta de proteger a los ladrones.

Pero la intervención de la fiscal penal 2, María Inés Loyola, en otro caso es todavía más sorprendente, por así decirlo. Fue ella quien tiene la “perlita” en esta columna. Un hombre de 34 años apuñaló a su pareja en el pecho y en la espalda y le provocó serias heridas que aún hoy ponen en riesgo la vida de la mujer. Pese a la gravedad del hecho, la fiscal Loyola consideró que solo se trataba de “lesiones”, por lo que no ordenó su detención. El sujeto escapó minutos después y estuvo prófugo hasta hace unas horas, cuando se entregó a la Policía.

Antes de esto, el juez de Instrucción Martín Pérez -rápido de reflejos, pero, sobre todo, de sentido común- ya había ordenado recaratular la causa de lesiones a intento de homicidio. Lo paradójico del caso es que ahora será la propia fiscal Loyola quien deba indagar al sujeto, luego de haberlo dejado en libertad, prácticamente, tras herir de muerte a su pareja.

Ninguno de estos temas pasó por alto a la atención de la comunidad. Ambos tuvieron un marcado repudio que se exteriorizó en los medios de prensa y en las redes, dejando a los fiscales en el centro de la atención.
La modificación al Código Procesal Penal de la Provincia los habilitó a tomar intervención directa en la investigación de los crímenes, eliminando la etapa instructoria a cargo de los magistrados.

En otras palabras, la modificación dejó establecido que los fiscales suplantarán a los jueces en las indagatorias y asumirán nuevas facultades a través de averiguaciones preliminares e investigaciones penales.
Es tanta la importancia que toma la figura del fiscal en el nuevo panorama de la Justicia, que ya se abrió el concurso para ocupar cuatro cargos de fiscal penal en el distrito centro.

Uno de los primeros que se anotó fue Maximiliano Troyano, el exministro de Seguridad de la Provincia, quien tuvo que renunciar al cargo luego de sus desafortunadas declaraciones sobre los abusos sexuales contra mujeres -especialmente turistas- que se registran en Salta. Había asegurado, palabras más, palabras menos, que las mujeres también tenían responsabilidad sobre los abusos de los que habían sido víctimas. Sus declaraciones fueron una bomba que estalló a nivel nacional y el escándalo mediático lo obligó a renunciar.

Hoy Maximiliano Troyano, hombre vinculado a la política del Gobierno, quiere volver al ruedo para sumarse a las huestes del procurador Pablo López Viñals, quien en definitiva representa al Poder Ejecutivo dentro de la Justicia y es el jefe en el protagónico rol de los fiscales.

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