Dos años después del sonado juicio que culminó con la condena de un prestamista y una escribana por usura, el jubilado que inició la interminable causa penal, Juan Royano, sigue sin ver desafectada la hipoteca de su vivienda.
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Dos años después del sonado juicio que culminó con la condena de un prestamista y una escribana por usura, el jubilado que inició la interminable causa penal, Juan Royano, sigue sin ver desafectada la hipoteca de su vivienda.
La sentencia que dictó la Cámara Cuarta del Crimen el 6 de julio de 2010 quedó firme el pasado 11 de marzo, cuando la Corte de Justicia rechazó los recursos extraordinarios que el prestamista Alfredo Flores Torres y la escribana Estela Plaza interpusieron contra el fallo condenatorio.
Días después de que el máximo tribunal de Salta confirmara el veredicto, la Cámara Cuarta libró un oficio a la Dirección General de Inmuebles para que proceda a consignar en la cédula parcelaria de la vivienda de los Royano la falsedad ideológica de las escrituras hipotecarias con las que aún aparece gravada la casa del pasaje La Poma 2227.
Entre idas y vueltas, recién el pasado 5 de julio comenzó a figurar en la columna de observaciones de la cédula parcelaria la constancia de la falsedad ideológica de las tres escrituras por las que el prestamista y la escribana fueron condenados a dos años de prisión en suspenso. El tribunal que llevó adelante el juicio oral y público también impuso el pago de reparaciones, costas y honorarios, y una inhabilitación profesional de cuatro años para la notaria, por haber escriturado en un préstamo que Royano tomó en 1998 condiciones que no se correspondían con el dinero que el jubilado recibió y devolvió con exorbitantes intereses encubiertos como capital. Aquel crédito que tomó el jubilado del barrio Santa Victoria en busca de asistencia para un hijo que nació con espina bífida, originó la sucesión de escrituras e hipotecas que aún aparecen afectando al techo familiar que comparte con su esposa, María Magdalena Vélez, tres hijos, una nuera y tres pequeños nietos.
“Parece mentira todo lo que hemos pasado y que seguimos viviendo sin poder tener un día de paz”, remarcó ayer Royano, tras poner en conocimiento de la Cámara Cuarta del Crimen la negativa de Inmuebles a tachar las hipotecas que la Justicia penal determinó viciadas de nulidad. “Reclamé las tachas que faltan en la cédula parcelaria, pero los responsables de Inmuebles me las denegaron, diciéndome que la Cámara ordenó consignar la falsedad ideológica de las escrituras y que ellos se limitan a cumplir estrictamente lo que pide la Justicia”, puntualizó el jubilado de la zona oeste que inició semanas atrás, ante el Juzgado Civil y Comercial de Décima Nominación, una demanda de ejecución de sentencia. Comenzó así otra batalla que pinta para largo.