Un remisero oranense de 35 años, identificado como Marcel Rodolfo Torres (35), fue secuestrado entre el 12 y 15 de junio pasado, en la ciudad norteña, por un grupo de desconocidos bolivianos, quienes luego de una semana de silencio comenzaron a efectuar llamadas telefónicas extorsivas a la esposa de la víctima, Nélida Yolanda Tastaca Cruz, y a la madre de Torres, Marta Rivero. Les decían que debían pagar 20 mil dólares si es que querían volver a verlo vivo y haciendo alusión a que éste había mejicaneado un cargamento de 40 kilogramos de cocaína.
El hecho fue denunciado el lunes 2 del corriente ante la Fiscalía Federal de Orán, a cargo del letrado José Luis Bruno, quien activó, de inmediato, un mecanismo de investigación encomendado a la Unidad de Procedimientos Judiciales Especiales (Uesprujosal), de la Gendarmería y a las autoridades policiales de la Provincia.
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Un remisero oranense de 35 años, identificado como Marcel Rodolfo Torres (35), fue secuestrado entre el 12 y 15 de junio pasado, en la ciudad norteña, por un grupo de desconocidos bolivianos, quienes luego de una semana de silencio comenzaron a efectuar llamadas telefónicas extorsivas a la esposa de la víctima, Nélida Yolanda Tastaca Cruz, y a la madre de Torres, Marta Rivero. Les decían que debían pagar 20 mil dólares si es que querían volver a verlo vivo y haciendo alusión a que éste había mejicaneado un cargamento de 40 kilogramos de cocaína.
El hecho fue denunciado el lunes 2 del corriente ante la Fiscalía Federal de Orán, a cargo del letrado José Luis Bruno, quien activó, de inmediato, un mecanismo de investigación encomendado a la Unidad de Procedimientos Judiciales Especiales (Uesprujosal), de la Gendarmería y a las autoridades policiales de la Provincia.
Las cosas se pusieron diferentes cuando, posteriormente, el coronel Walter Villarpando, comandante de la Policía Boliviana, en Tarija, anunció el hallazgo de dos cadáveres, ambos de entre 35 y 40 años, atados de pies y manos con cadenas, en una zona de monte; uno con dos balas en la cabeza y otro con una.
La autopsia determinó que ambos fallecieron por los impactos de bala, en una ceremonia de ejecución, aproximadamente seis días antes del hallazgo.
Ni la Policía boliviana ni Gendarmería tienen dudas de que ambas víctimas fueron blanco de un típico ajuste de cuentas producido por elementos vinculados con el narcotráfico. “Estamos esperando los informes técnicos, pero existe la cuasi certeza de que uno de los muertos es el salteño Torres”, enfatizó el fiscal José Luis Bruno. Por su parte, en Tarija, el jefe local de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Bolivia (FELC), comandante José Castillo, envió a especialistas para lograr pruebas dactilares de los asesinados.