El insólito conflicto originado cuando la Corte de Justicia salteña le negó acuerdo a la abogada María Victoria Mossman como secretaria letrada subió ayer un nuevo escalón, cuando el juez Abel Cornejo denunció penalmente por coacción a la diputada Liliana Mazzone.
inicia sesión o regístrate.
El insólito conflicto originado cuando la Corte de Justicia salteña le negó acuerdo a la abogada María Victoria Mossman como secretaria letrada subió ayer un nuevo escalón, cuando el juez Abel Cornejo denunció penalmente por coacción a la diputada Liliana Mazzone.
De ese modo, lo que parece una comedia de enredos protagonizada por varios matrimonios, muestra su verdadero perfil de conflicto de poderes que involucra al máximo tribunal, a la Cámara de Diputados y a la Procuración General. Mazzone y Virginia Cornejo se hicieron eco de la denuncia que la jueza Susana Kauffman hizo a través de su esposo, el diputado Guillermo Martinelli. Aunque la Cámara no puede actuar en la designación de un funcionario menor de otro poder, los tres plantearon un pedido de informes sobre el supuesto machismo del tribunal.
El caso tuvo eco en organizaciones feministas locales y en funcionarias porteñas, que plantearon una acusación de discriminación por género, aunque nunca quedó claro dónde estuvo el hecho discriminador.
La polémica ubicó en el centro del huracán a Abel Cornejo, quien de inmediato denunció en los medios que el día antes del pedido de informes, en una reunión con él, Mazzone había realizado una gestión por un tema de su interés particular y que, al fracasar, le anticipó que “tenía una perlita” para la Corte.
Desde esa denuncia periodística a la formalidad cumplida ayer pasaron más de dos semanas. En ese lapso, ningún fiscal tomó por su cuenta la “notitia criminis”, a pesar de que las declaraciones provenían de un juez. Cabe destacar que el letrado Sebastián Lloret, esposo de Mossman, es un colaborador directo del jefe de los fiscales, Pablo López Viñals.
En la Corte analizan, además, que el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, no le pidió explicaciones a Mazzone, sino que exigió que Cornejo, de quien lo separa una enemistad manifiesta, pidiera disculpas a la legisladora.
Ante el fiscal
Abel Cornejo, en una presentación que recayó en el fiscal penal Eduardo Barrionuevo, pidió ayer que se investiguen coacciones y amenazas que manifestó haber recibido de Mazzone. El juez la acusó de aprovechar su condición de legisladora para denigrarlo como magistrado y desprestigiar al alto tribunal de Justicia, por un fallo contrario a sus intereses en un millonario juicio.
El magistrado reseñó que el pasado 25 de junio, ante un pedido de audiencia, recibió en su despacho a la diputada, quien le manifestó su disgusto por un fallo del alto tribunal que denegó un recurso en un juicio contra el Estado en el que ella perseguía el cobro de una millonaria suma. Según denunció el juez, antes de retirarse de su despacho, le dijo que pronto se enteraría de algo que ella tenía reservado en contra de la Corte salteña. Cornejo remarcó que al día siguiente la actuación de cinco jueces de la Corte comenzó a ser cuestionada en Diputados. Adjudicó esta embestida a Mazzone, a quien señaló como impulsora de una campaña de desprestigio que también llevó a los medios y a la Comisión de Justicia de la Cámara baja, donde exhibió públicamente el fallo de la Corte que había resultado contrario a sus intereses, con la intención de denostar la actuación de los jueces.
Cornejo agregó que el 5 de julio, en el programa televisivo Cara a Cara, la diputada lo amenazó y trató en términos agraviantes, además de negar que se haya realizado la audiencia del 25 de junio. Dijo que de allí en más tuvo que soportar que la legisladora lo tratara en diferentes medios con toda clase de descalificativos.
El magistrado pidió que abra una investigación por coacciones, amenazas, negociaciones incompatibles con la función pública y otros posibles delitos.
Según la denuncia, Mazzone asistió a la audiencia con Cornejo junto a un hermano, interesado también en un juicio que la empresa Cimas SRL le inició al Municipio de Campo Santo. El origen de la demanda se remonta a 2000, cuando el entonces intendente Mario Cuenca concesionó un control de tránsito por radar móvil en la autopista de acceso a Salta y se autorizó a la empresa a extender multas por exceso de velocidad.
El contrato fue ejecutado luego de que la Policía de Salta secuestrara los equipos usados para el cobro, por considerarse que la firma no podía operar sobre una vía ajena a la competencia del Municipio, ya que la autopista de acceso a la capital salteña se corresponde con la ruta nacional 9. Después de varias demandas fallidas contra la Provincia, Cimas emprendió acciones contra la Municipalidad de Campo Santo, en reclamo de mas de $13 millones, por los supuestos cobros de infracciones no realizados (por $10,5 millones) y los honorarios de abogados ($2,6 millones).
En la presentación penal que ingresó ayer a la oficina de orientación de denuncias del Ministerio Público, Cornejo señaló que en un momento de la reunión que tuvo lugar en su despacho el 25 de junio, Mazzone le dijo que ella esperaba cobrar $200 millones. El juicio cayó porque la Corte denegó, el mismo 25 de junio, un recurso de queja por inconstitucionalidad que había interpuesto la empresa.