El escándalo por la ex-Ciccone volvió a saltar a escena. Esta vez fue de la mano del jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray. En el ojo de la tormenta, el funcionario quedó imputado por presuntas irregularidades en la moratoria aprobada a la compañía y en la que está involucrado el vicepresidente Amado Boudou por tráfico de influencias.
Para el fiscal federal Jorge Di Lello, habría una maniobra ilícita del titular del organismo recaudador. Es por esto que le pidió al juez federal Ariel Lijo que comience a investigar a Echegaray, para lo cual requirió una serie de medidas de prueba.
Cabe recordar que en diciembre de 2011, a pedido del presunto testaferro de Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, Echegaray le otorgó a Ciccone cuatro moratorias especiales a pagar en 148 cuotas: dos por un total de $ 107 millones, que tras el estallido del escándalo amplió con otras dos, por otros $ 140 millones.
Es así que cuando a la AFIP llegó el pedido de moratoria de la imprenta, en octubre de 2010, Echagaray le había advertido a el por entonces ministro de Economía, Amado Boudou, que la posición que tomara sobre esa solicitud sería “determinante” para decidir si le otorgaba a la empresa de Vandenbroele un plan de pagos que incluyera una multimillonaria quita de intereses y multas. Un hecho para nada usual. Quince días después, Boudou avaló una moratoria excepcional, que luego fue refrendada por el propio Echegaray.
Vale destacar que la carta de Echegaray a Boudou forma parte del expediente que hizo la AFIP por el caso Ciccone, y es una de las tantas pruebas que engrosan la causa judicial en la que se investiga al vice por enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y lavado de dinero
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El escándalo por la ex-Ciccone volvió a saltar a escena. Esta vez fue de la mano del jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray. En el ojo de la tormenta, el funcionario quedó imputado por presuntas irregularidades en la moratoria aprobada a la compañía y en la que está involucrado el vicepresidente Amado Boudou por tráfico de influencias.
Para el fiscal federal Jorge Di Lello, habría una maniobra ilícita del titular del organismo recaudador. Es por esto que le pidió al juez federal Ariel Lijo que comience a investigar a Echegaray, para lo cual requirió una serie de medidas de prueba.
Cabe recordar que en diciembre de 2011, a pedido del presunto testaferro de Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, Echegaray le otorgó a Ciccone cuatro moratorias especiales a pagar en 148 cuotas: dos por un total de $ 107 millones, que tras el estallido del escándalo amplió con otras dos, por otros $ 140 millones.
Es así que cuando a la AFIP llegó el pedido de moratoria de la imprenta, en octubre de 2010, Echagaray le había advertido a el por entonces ministro de Economía, Amado Boudou, que la posición que tomara sobre esa solicitud sería “determinante” para decidir si le otorgaba a la empresa de Vandenbroele un plan de pagos que incluyera una multimillonaria quita de intereses y multas. Un hecho para nada usual. Quince días después, Boudou avaló una moratoria excepcional, que luego fue refrendada por el propio Echegaray.
Vale destacar que la carta de Echegaray a Boudou forma parte del expediente que hizo la AFIP por el caso Ciccone, y es una de las tantas pruebas que engrosan la causa judicial en la que se investiga al vice por enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y lavado de dinero
Varias irregularidades de AFIP
El organismo recaudador cometió después varias irregularidades en el control fiscal de la imprenta que dirige Alejandro Vandenbroele. La ex-Ciccone pagó solo la primera cuota de su moratoria y de inmediato volvió a retrasarse en sus compromisos. Retomó los pagos no porque haya sido presionada por la AFIP, sino porque el juez en lo comercial Javier Cosentino intimó a la empresa para que informara sobre sus estados
contables. El 12 de abril se firmó el contrato entre la Casa de Moneda y la calcográfica para que esta imprimiera 410 millones de billetes de cien pesos, un trabajo por el cobrará 160 millones de pesos. Ese día, la empresa no tenía certificado fiscal para contratar, un requisito básico para poder ser contratista del Estado.
Hoy mismo, las deudas que tiene la ex-Ciccone con organismos privados son calificadas por el propio Banco
Central con la categoría 5, lo que significa que se las considera “incobrables”. La imprenta también está en
juicio con la Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires (ARBA), e incluso fue embargada por las deudas millonarias que mantiene con el gobierno bonaerense.