El Código Penal (artículos 183-184) sanciona al que dañare algo total o parcialmente ajeno y aumenta la pena si el delito fue en banda.
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El Código Penal (artículos 183-184) sanciona al que dañare algo total o parcialmente ajeno y aumenta la pena si el delito fue en banda.
“Lo que no está prohibido expresamente está permitido”, decía Hans Kelsen en su clásico Teoría Pura del Derecho. Siguiendo esta máxima jurídica se puede inducir que para la Justicia está permitido quemar los alambrados de terceros. Es lo que se puede deducir de la reciente resolución de la Fiscalía Correccional Nº 2 de Tartagal, que archivó la denuncia contra quienes incendiaron, en junio pasado, el alambrado de la puestera criolla Ana Virginia Aylán, en Santa María, municipio de Santa Victoria Este.
El conflicto se enmarca en la disputa por las tierras de los habitantes de los lotes fiscales 14 y 55 de ese municipio. Los primeros días de junio un grupo de aborígenes, de entre 30 y 40 personas, incendió cerca de 200 postes que iban a formar el alambrado perimetral del Puesto Nuevo, que reclama como propio Aylán, la madre de Fredy Masa, que habló con El Tribuno. “Nos quedamos muy preocupados porque se ve que para la Justicia nosotros no tenemos derecho a nada. Todo el esfuerzo y el trabajo que hacemos lo pueden quemar en un rato y no hay delito”, opinó Masa.
La fiscalía que dirige Gonzalo Ariel Vega archivó la causa “por no constituir delito”. Además, dispuso un plazo de tres días hábiles para que la denunciante, de 79 años, pueda manifestar alguna disconformidad. “Creo que la Justicia no conoce lo que es vivir acá en el campo. Son de la ciudad y no saben lo que cuesta hacer los postes, plantarlos y levantar un alambrado. Pero nosotros también tenemos derechos y creo que la ley es una sola para todos los argentinos. Me quedo triste, porque yo no puedo permitir esos atropellos. Si la Justicia dice que no hubo delito tendremos que hacer justicia por mano propia”, agregó Fredy Masa.
De todas formas, Masa dijo que está en buenas condiciones con las comunidades originarias de la zona. “Por suerte, en el pueblo está el ambiente más tranquilo. La gente de Santa María nos conoce, porque nosotros nacimos acá y vivimos juntos toda la vida. Nos sentimos amparados por nuestros vecinos aborígenes, que se están manejando de muy buena manera con las familias criollas. Ellos me transmiten tranquilidad porque se preocuparon por nosotros y siempre tienen una actitud de diálogo. No estamos usurpando nada a nadie. Hace más de 120 años que estamos cuidando estas tierras, que son nuestras.
Los aborígenes y nosotros, los dos somos nativos del chaco salteño”, afirmó.
Sobre el plazo dispuesto para plantear objeciones en la Justicia, el criollo manifestó: “Nos dan un plazo para reclamar que no podemos cumplir. Acá todo queda lejos. Tengo que buscar a mi madre, acomodar todos nuestros trabajos para poder viajar 180 kilómetros y en tres días no se puede, porque mi madre es grande y no está para esos trajines a las apuradas. Parece que no querían que apeláramos la medida”.
En los lotes viven más de 50 comunidades indígenas de cinco etnias distintas y 462 familias criollas, como la de Fredy Masa, algunas instaladas desde 1906. La Unidad Ejecutora Provincial (UEP) debe regularizar las tierras de los lotes fiscales 14 y 55.
“Si no hay delito entonces quiere decir que autorizan a que sigan quemando los alambrados. Para mí es un delito, no puedo entender que la Justicia piense que cualquiera puede andar quemando lo que es del otro y fruto de su trabajo”, dijo el dirigente criollo Lucio Rojas, al ser consultado por este medio. “Está muy mal, porque la amenaza de levantar los alambrados de familias criollas por la fuerza sigue en pie para algunos dirigentes de organizaciones”, agregó.