FRANCISCO SOTELO
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FRANCISCO SOTELO
Anoche fue detenido el “Gordo santo”. ¿Culpable o chivo expiatorio?.
El día después del bochorno, el jefe de Policía había informado sobre las amenazas previas de la patota de Juventud Antoniana al presidente de la entidad: si no les daban quinientas entradas, no iba a jugarse el partido. El comisario Lami sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo, porque varios uniformados escucharon la extorsión justo cuando se producía.
¿Por qué los clubes regalan entradas a los barras?. ¿Por qué no detuvieron a todos los extorsionadores en sus casas, el día anterior?.
Si bien nadie tiene derecho a detener a una persona antes de que delinca, cuando esta extorsiona y amenaza con alterar el orden público, ya está delinquiendo.
Ni Lami, ni González, ni los líderes de la barra antoniana son los responsables últimos. Nadie toma el toro por las astas. En 1995, un tribunal integrado por tres mujeres aplicó la figura de la asociación ilícita contra El Abuelo xeneize. Este año, en cambio, tres colegas masculinos absolvieron en cambio a Rafael Di Zeo. El gobernador Juan Manuel Urtubey dijo por radio que los vínculos entre los barras y la política son cotidianos. El domingo, cuando se enteró de los incidentes, el mandatario había abandonado el estadio.
La impunidad corrobora que los vínculos existen. En el Martearena, 900 agentes no pudieron bajar a una docena de alborotadores del alambrado. Los barras pueden amenazar delante de los policías y cumplir sus amenazas impunemente. Si Urtubey y Lami saben lo que pasa, como lo sabemos todos, ¿por qué no aplican políticas preventivas y resuelven el problema?.