El presidente de la Cámara de Diputados de Salta, Manuel Santiago Godoy, se negó ayer a intervenir de manera alguna en la denuncia por una supuesta millonaria malversación de fondos públicos perpetrada con fondos salariales destinados a efectivos policiales en actividad y en retiro, y eventualmente realizada a través de una trampa informática.
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El presidente de la Cámara de Diputados de Salta, Manuel Santiago Godoy, se negó ayer a intervenir de manera alguna en la denuncia por una supuesta millonaria malversación de fondos públicos perpetrada con fondos salariales destinados a efectivos policiales en actividad y en retiro, y eventualmente realizada a través de una trampa informática.
La denuncia de referencia fue presentada ante el titular del cuerpo legislativo el 30 de agosto del corriente año por los abogados penalistas salteños Santiago Pedroza y Pablo Cardozo Cisneros, ambos fuertemente vinculados a los cuadros de la fuerza ya que son hijos de expolicías, en tanto que el segundo encabeza un grupo gremial externo ligado a personal cesanteado.
“La Cámara de Diputados no es competente para intervenir en la denuncia formulada por los presentantes”, señala escuetamente la respuesta de Godoy, quien también niega correrle vista de la misma a un fiscal.
El pedido de investigación, elevado al presidente de la institución parlamentaria local, reclama también la acción legislativa para la realización de una urgente auditoría contable en la tesorería de la institución por el posible delito de malversación de fondos públicos.
El escrito fue enviado, además, con copia a los diputados Claudio del Plá (Partido Obrero), Virginia Cornejo (Partido Propuesta Salteña), Javier David (Frente Federal) y al presidente de la Cámara de Senadores y vicegobernador de la Provincia, Andrés Zottos.
Según los letrados, “se estaría realizando una errónea liquidación en los sueldos de la Policía de la Provincia de Salta, por lo tanto, solicitamos se investigue el puntaje asignado para la liquidación a cada jerarquía; si hubo algún cambio en la normativa vigente y si lo hubo, autorizada por quién o por orden de qué persona”, dice la denuncia en uno de sus párrafos. Además, apunta que “con respecto a los puntaje asignados para tal liquidación, se estaría liquidando de manera incorrecta ya sea dolosa o culposamente” y “esta mala liquidación produce un excedente millonario que no es imputado como corresponde en los haberes mensuales del personal policial en actividad y cuyo destino se desconoce, aunque figure como aplicado a los sueldos”, enfatiza.
En otro párrafo, añade que “una clara prueba de esta grave anomalía y maniobra es la brecha existente entre grados, la cual en vez de mantenerse o agrandarse se está achicando, producto de la errónea liquidación”, puntualiza el escrito.
Por otra parte y momentos antes de que la denuncia fuese presentada, los abogados Pedroza y Cardozo Cisneros aseguraron tener pruebas aportadas por personal de la institución “cuyos nombres nos reservamos por su seguridad personal”, pero los elementos aportados son contundentes: se estarían “evaporando”, mensualmente, “un total de 10 millones de pesos, cuyo destino es un misterio absoluto”, dijeron los letrados en aquella oportunidad.