El juez federal número dos, Miguel Antonio Medina, dictó el procesamiento en la causa por trata de personas a propietarios de bares nocturnos y cabarets de la capital salteña allanados en agosto pasado durante un megaoperativo realizado en forma conjunta por personal de la Regional Salta de la Administración Federal del Ingresos Públicos (AFIP) y de la Policía Federal Argentina. En este proceso quedó involucrado el entonces intendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, quien fue sorprendido por los agentes federales en una vivienda particular de Villa San Antonio, donde se explotaba y facilitaba el ejercicio ilegal de la prostitución. A raíz del escándalo que generó su presencia en el cabaret, Villalba fue destituido como intendente y el municipio fronterizo quedó a cargo de la interventora Mercedes Junco. La situación de Villalba todavía está pendiente de resolución como consecuencia de un recurso de apelación presentado por su abogado defensor ante la Cámara Federal de Apelaciones.
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El juez federal número dos, Miguel Antonio Medina, dictó el procesamiento en la causa por trata de personas a propietarios de bares nocturnos y cabarets de la capital salteña allanados en agosto pasado durante un megaoperativo realizado en forma conjunta por personal de la Regional Salta de la Administración Federal del Ingresos Públicos (AFIP) y de la Policía Federal Argentina. En este proceso quedó involucrado el entonces intendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, quien fue sorprendido por los agentes federales en una vivienda particular de Villa San Antonio, donde se explotaba y facilitaba el ejercicio ilegal de la prostitución. A raíz del escándalo que generó su presencia en el cabaret, Villalba fue destituido como intendente y el municipio fronterizo quedó a cargo de la interventora Mercedes Junco. La situación de Villalba todavía está pendiente de resolución como consecuencia de un recurso de apelación presentado por su abogado defensor ante la Cámara Federal de Apelaciones.
Durante los allanamientos simultáneos realizados la noche del 15 de agosto, los efectivos de la AFIP y de la Federal pudieron determinar que en locales nocturnos habilitados por la Municipalidad, bajo la fachada de bares, se explotaba el negocio del sexo con fines de trata de personas.
El juez Medina, con la intervención del fiscal federal Eduardo Villalba, dispuso la detención de Roberto Quintián y Ramírez, Mercedes Baigorria, Viviana Gómez, Francisco Marcelo “Chicho” Russo y Elida Noemí Arias. Se trata de los propietarios de los locales identificados como “Terra Nostra”, ubicado en la calle Córdoba 580; “Don Quijote”, de avenida Tavella 1959, y “Rumy”, de San Luis 435/437. También se logró la captura de Margarita Marisel Llanes, quien explotaba la prostitución en una casa de dos plantas en la esquina de Ituzaingó y Escuadrón de los Gauchos. Allí estaba Villalba la noche de los allanamientos.
Los nombrados fueron procesados con prisión preventiva por los siguientes delitos: “Promoción de la prostitución, en concurso real con facilitación de lugar para ejercer la prostitución, agravado por la situación de vulnerabilidad de las víctimas; en concurso real con captación con fines de explotación sexual, en concurso real con explotación económica de las víctimas, agravado por la situación de vulnerabilidad de las víctimas”. A los imputados les aplicaron varios artículos del Código Penal, como el 125 y 126 que establecen penas de 5 a 10 años de prisión cuando concurriere las siguiente circunstancias: si mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. La circunstancia se agrava cuando el autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad. En esta última podría estar incluido Villalba, tomando en cuenta la investidura que ostentaba al momento de los hechos. Dos mujeres que estaban en la casa de Marisel el día de los operativos manifestaron que fueron conducidas hasta el lugar por el depuesto intendente.
Villalba cada vez más sitiado
Las dos chicas que estaban en la casa de Marisel la noche de los allanamientos en Villa San Antonio comprometieron a Villalba. Ante el juez Medina las mujeres declararon que fueron trasladadas al lugar por el exintendente de Salvador Mazza para ejercer la prostitución. El fiscal Eduardo Villalba pidió que fuera imputado por el delito de trata. De cuerdo con las leyes vigentes y los tratados internacionales, el solo traslado de una persona par estos fines ya configura el delito de marras. Cuando Medina lo citó a indagatoria el mes pasado, la defensa de Villalba presentó un recurso en contra de la medida. El fiscal no hizo lugar al planteo, pero se pronunció en favor de la eximición de prisión. No obstante, el imputado apeló la resolución para eludir la indagatoria y las actuaciones fueron giradas a la Cámara Federal de Apelaciones, la que aún no se pronunció. Mientras el polémico dirigente, al que el Partido Renovador le suspendió la afiliación y recibió la bendición del gobernador Urtubey, está empeñado en recuperar la intendencia, su situación se torna cada vez más complicada. Días pasados, la Justicia de Tartagal lo procesó por el delito de peculado por un faltante de 16 millones de pesos en las arcas municipales. Su caída en desgracia se acrecentó más aún con el resultado adverso en las primarias de domingo pasado. ¿Qué pasará si el 10 de noviembre Villalba no logra su cometido?