A pedido de numerosos lectores (gracias, hijos) continuamos con el apasionante tema de las miniempresas. Habíamos dicho que si bien el tamaño era importante a la hora de definir una microempresa, el concepto debía completarse con sus características socio-culturales. Intentaremos esbozar una tipología:
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A pedido de numerosos lectores (gracias, hijos) continuamos con el apasionante tema de las miniempresas. Habíamos dicho que si bien el tamaño era importante a la hora de definir una microempresa, el concepto debía completarse con sus características socio-culturales. Intentaremos esbozar una tipología:
1.- Es una empresa en la que necesariamente el propietario aporta su fuerza de trabajo, generalmente con otros integrantes de la familia; que cumplen funciones de gerente, operario, vendedor, chofer, vigilante, mantenimiento, secretaria, etc. Obviamente, no existe selección de personal; muchas veces no están capacitados para realizar ninguna de esas funciones, aunque el titular suele ser un experto en la actividad que desarrolla. Suelen trabajar en horarios agotadores.
2.- Alguno de los integrantes cuenta con un ingreso fijo: otro trabajo, jubilación, planes asistenciales, etc. que, generalmente, vuelca para desarrollar la microempresa.
3.- No cuenta con asesoramiento de administración, laboral, legal, contable o impositivo.
4.- No debería tener más de tres o cinco empleados (estadísticamente dos de cada tres, serán no registrados) y su nivel de facturación no debería superar los US$ 200.000 anuales (esta es una estimación personal, tan arbitraria como la de quienes lo establecen en dos millones de euros).
5.- Carece de acceso al crédito; desconoce los planes de promoción o subsidios que puedan existir para su actividad. Si accede al crédito es en condiciones usurarias.
6.- En muchos casos han surgido cuando el titular de la familia queda desempleado y cobra una indemnización o recurre a sus ahorros para continuar en actividad.
7.- En otros casos se trata de profesionales recién recibidos, de clase media, que individualmente o uniéndose a otros colegas se instalan para desarrollar su profesión con el apoyo familiar.
8.- Muchas veces los propietarios aportan y utilizan todo su patrimonio: vivienda donde instalan el local, vehículos para distribución y trámites, muebles y útiles (hasta la mesa del comedor y la vajilla de la abuela).
No toman recaudos para que esos bienes no sean afectados por eventuales reclamos de acreedores (todos los huevos en la misma canasta).
9.- No tienen idea de cálculo de costos y no valorizan los aportes referidos, ni su esfuerzo personal.
10.- No tienen capacidad de negociación, por lo que adquieren materias primas sin bonificación alguna. Tampoco tienen capacidad para comercializar el material sobrante ni acumular stock para liquidar en el momento oportuno.
11.- Se manejan con tecnología rudimentaria, que encarece notablemente sus costos. Desconocen un manejo adecuado del marketing y la publicidad.
A pesar de todas las vicisitudes, que se desprenden de las características señaladas, las microempresas generan el 92% del empleo dependiente y del autoempleo. Estadísticas extraídas de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) indican que en el cuarto trimestre del 2012 el trabajo no registrado, según tamaño de establecimiento, tenía los siguientes porcentuales: hasta 5 personas, 72,6 %; entre 6 y 40 personas, 28,5%; y, más de 40 personas, 8,6%. Concretamente, son las empresas que generan extraordinaria cantidad de empleos, pero lo hacen -abrumadoramente- en el mercado informal.
Salvavidas de plomo
El próximo martes 22 el Ministerio de Trabajo convocó a la que sería la reunión definitiva para definir una política de apoyo a la microempresa y de erradicación del trabajo no registrado. El paquete de iniciativas que se va a someter a consulta tendrá tres ejes: fortalecimiento de la fiscalización, creación de un registro de empleadores infractores y la implementación de incentivos a microempresarios para que formalicen a sus asalariados.
Luego de la última reunión de la Comisión de Trabajo no Registrado (integrada por Gobierno, sindicatos oficialistas y cámaras empresarias amigas), con cierto hermetismo, un escueto parte del Ministerio de Trabajo informó que: “El Gobierno nacional presentó un conjunto de medidas concretas surgidas de la reunión anterior”. Los sindicalistas informaron que ya estaba todo acordado en un 80% (Yaski, dixit). Pero de las “medidas concretas” solo existen trascendidos, que ni siquiera recogen los diarios oficiales (Página 12, Diario BAE, Tiempo Argentino, Ambito, Buenos Aires Herald, Crónica, Cronista Comercial, etc.) ¿muchos, no? Decimos oficiales porque casi son patrimonio estatal, ya que se mantienen con la plata de todos los argentinos, gracias a las suculentas pautas publicitarias que reciben. Esto lo decimos con cierta bronca, ante la búsqueda frustrante de información concreta sobre una cuestión que afecta a millones de argentinos y tienen un fuerte impacto en la economía.
Disgresiones al margen, los trascendidos hablan de las siguientes medidas:
Veraz laboral: una especie de black list (lista negra) empresarial. El impacto será mínimo. Se nos ocurren cuatro efectos sobre: a) opinión pública, b) los contratos con el Estado, c) el acceso al sistema financiero y d) políticas públicas de promoción. Solo a las grandes empresas le afectan estos temas.
Los microempresarios dirán: “Mirá cómo tiemblo”: a) Doña Rosa le va a comprar igual, aunque sepa que es un evasor contumaz, mientras venda más barato y fiado; b) ¿contrataciones con el Estado? Pero, andá a hacerte el Lázaro Báez a otra parte!, la máxima contratación estatal fue cuando la directora de la escuela, de apuro, mandó a comprar lápices y borradores; c) la gran preocupación financiera del empresario micropyme es cómo no clavarse con la libreta de fiados; d) cuando existe un crédito blando o un subsidio, las microempresas ni se enteran.
Optimizar la inspección: El plan propone dotar al Estado de mayores competencias y nuevos instrumentos legales a través de un decreto para potenciar su capacidad de fiscalización en todo el país. Se incrementará notablemente el número de inspectores y se habla, erróneamente, de “recuperación de las capacidades que habían sido delegadas a las provincias”. El yerro yace en que esas facultades son, constitucionalmente, originarias de las provincias.
Como dijimos, las empresas grandes y medianas solo tienen un 8,6% de trabajadores no registrados (contra 72,6 de las microempresas). De tal manera el “núcleo duro” de la cuestión pasa exclusivamente por las empresas pequeñas y muy pequeñas; y no hace falta demasiada investigación para detectar cuáles son los empresas incumplidoras. Esta comprobado que ni las multas más severas, ni las astronómicas indemnizaciones que deben pagar estas empresas sirven para desalentar el trabajo clandestino.
(Un dato ilustrativo: aunque mejoró la fiscalización, la cartera laboral solo pudo cobrar el 19 por ciento de las multas realizadas entre 2006 y 2012). La cuestión no pasa por mejorar el látigo, sino de suministrar zanahorias más apetitosas.
Incentivos a los pequeños y microempresarios: entre los monotributistas que son empleadores la no registración alcanza al 77 por ciento de sus asalariados y en el universo de autónomos llega al 38 por ciento.
La AFIP está estudiando la creación de un régimen tarifado especial para esos microempleadores hasta tres asalariados y bajo nivel de facturación, pero los límites todavía no están definidos que reduzca el “costo laboral” y simplifique la registración durante un tiempo.
En este régimen, el empleador haría con normalidad los aportes de obra social y jubilaciones. Y la diferencia estaría en lo que se paga en otras cargas sociales.
Por ejemplo, en asignaciones familiares y PAMI, el empleador pagaría un 40% del costo de todas esas cargas. Es evidente que tan pobre incentivo no tendrá incidencia alguna para lograr la anhelada erradicación del trabajo informal.