El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, aseguró que los plazos para las presentaciones están vencidos y que en el caso del Grupo Clarín se va a “continuar con el procedimiento que había sido suspendido por la Justicia”. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró la constitucionalidad de la ley de servicios de medios, el funcionario prefirió no hablar del tiempo que tiene Clarín para desprenderse de las licencias que superan el límite permitido. Ayer dio una conferencia de prensa para hablar del fallo.
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El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, aseguró que los plazos para las presentaciones están vencidos y que en el caso del Grupo Clarín se va a “continuar con el procedimiento que había sido suspendido por la Justicia”. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró la constitucionalidad de la ley de servicios de medios, el funcionario prefirió no hablar del tiempo que tiene Clarín para desprenderse de las licencias que superan el límite permitido. Ayer dio una conferencia de prensa para hablar del fallo.
Sabbatella aclaró que “no se va a expropiar nada, sino que se continuará un proceso de adecuación (de licencias) con concurso público, como es el caso de la actuación de oficio”. Indicó que hay que continuar con los procesos de tasación, luego con la selección de quiénes van a concursar, después el concurso y finalmente la adjudicación.
“Ahora el Grupo Clarín tiene que entrar en ese circuito”, explicó el exjefe comunal de Morón, al tiempo que indicó que la ley prevé un resarcimiento para los licenciatarios, quienes podrán acudir a la Justicia si es que consideran injusto el monto. Y remató: “Llegamos al final, no hay más instancias de la Justicia”.
Voces a favor y en contra
La decisión de la Corte Suprema provocó las más variadas repercusiones. La diputada nacional Elisa Carrió adelantó que pedirá juicio político a Ricardo Lorenzetti, presidente del tribunal, por la aprobación de la ley de medios. La legisladora sostuvo que el fallo es parte de un pacto entre el presidente de la Corte Suprema y el Gobierno: “Hoy (por ayer) es el día del cumplimiento del pacto Lorenzetti-Cristina-Zannini”, acusó.
La opinión del dirigente radical Rodolfo Terragno es similar a la de la chaqueña. “Como hombre de derecho, estoy muy sorprendido”, afirmó y calificó al fallo como “una pésima noticia”. “La doctrina correcta es, a mi juicio, la que sostuvo la minoría de la Corte (en referencia al voto de Carlos Fayt); no tengo pruebas, pero sospecho que la mayoría quiso compensar al gobierno por el rechazo de la reforma judicial”.
El presidente del bloque de diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, consideró que la ley de medios “es muy opinable en muchos aspectos, lo que no quiere decir que sea inconstitucional. Es posible que tenga que ser corregida en el tiempo”. Celebró, por otra parte, que los jueces hayan dado fin a la disputa “por los mecanismos institucionales”.
“Da certidumbre definitiva sobre un tema que se había debatido en su momento y estaba pendiente”, dijo el gobernador bonaerense, Daniel Scioli. Para el diputado radical Ricardo Alfonsín, “ahora todos tienen que acatar el fallo. También los medios afines al Gobierno van a tener que cumplir y ajustarse. Ahora no hay otro camino que no sea cumplir con la ley”. El dirigente radical estimó que habrá que modificar muchas cosas, incluso actualizarla, y que hay que acatar lo que dice la Justicia.
El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, valoró la decisión de los jueces porque permite la “democratización de los medios de comunicación y la pluralidad para la construcción de calidad institucional”. En esa línea se puso la Central de los Trabajadores de la Argentina oficialista, que expresó su “profunda alegría”; también lo hizo el ministro de Educación, Alberto Sileoni, quien habló del derecho de la sociedad.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez señaló que la sentencia desconoce la legislación internacional. “El fallo de la mayoría desconoce los estándares de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los límites del Estado cuando regula el mercado del servicio de comunicación audiovisual y limita el derecho de propiedad de aquellos que titularizan licencias”.