La Policía de la Provincia cuenta con un nuevo reglamento general que, entre otras cosas, contempla aspectos orgánicos y de operatividad, como así también de régimen disciplinario y asuntos internos, aunque no se dieron a conocer en detalle los alcances de la reglamentación.
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La Policía de la Provincia cuenta con un nuevo reglamento general que, entre otras cosas, contempla aspectos orgánicos y de operatividad, como así también de régimen disciplinario y asuntos internos, aunque no se dieron a conocer en detalle los alcances de la reglamentación.
Las modificaciones fueron analizadas durante la última reunión de gabinete y aprobadas por el Poder Ejecutivo, pero nada se sabe oficialmente cuándo entrarán en vigencia. Fuentes de la Policía consultadas ayer tampoco conocían los alcances y los plazos de la puesta en práctica del nuevo instrumento.
Los aspectos que más se destacan en el documento están relacionados con cuestiones operativas como el uso de la fuerza pública, de acuerdo a criterios constitucionales, y el uso de herramientas, como cámaras y videocámaras de seguridad. La profesionalización de la fuerza y los perfiles psicosociales de los postulantes es otro tema que ingresó en el reglamento.
También se establece el funcionamiento de una oficina general de asuntos internos que podrá recibir denuncias por escrito o verbalmente, anónimas e incluso por noticias en medios periodísticos.
Esta oficina, dependiente de la Secretaría de Seguridad, investigará hechos donde personal policial aparezca involucrado en delitos, contravenciones, faltas éticas y abusos funcionales graves.
En una de las consideraciones sobre la necesidad de la reforma al reglamento policial se establece que el anterior estaba vigente desde hace más de 40 años y correspondía a un gobierno de facto.
Se busca la “celeridad y eficacia de toda la actividad administrativa de la Policía, imponiendo nuevas reglas a fin de evitar el dispendio y la demora en todo tipo de actuaciones, garantizando la defensa y debido proceso del personal que resulte investigado”, afirma un comunicado difundido anoche por el Ministerio de Seguridad. En este punto se tejieron varias conjeturas sobre aspectos que hacen a la detención de las personas, aunque fuentes oficiales negaron ayer que el nuevo reglamento incluya la posibilidad de llevar a 24 horas la detención de sospechosos por averiguación de antecedentes.
En la actualidad el reglamento permite la detención para averiguación de antecedentes hasta un plazo máximo de 24 horas, aunque la ley N§ 7504 de 2008 lo redujo a 6 horas.
Un proyecto
La aprobación del decreto del Poder Ejecutivo Provincial que impone reformas al reglamento general de la Policía y el ingreso a la Cámara baja de un proyecto sobre una adecuación al Código Procesal Penal, se conjugaron casi al mismo tiempo y despertaron sospechas sobre las facultades que tendría la fuerza de seguridad de la provincia a partir de la figura de aprehensión fiscal, que permite la detención de sospechosos por un lapso de hasta 48 horas.
Esta circunstancia fue la que originó las conjeturas que se comentaron ayer en ámbitos judiciales, donde se conoce también la existencia de un proyecto elaborado por la Procuración que buscaría ampliar las facultades de los fiscales sobre los efectivos de policía, por encima de la función de los jueces de Garantías sobre el tema de la detención y averiguación de antecedentes.
“No hay ningún beneficio para la sociedad”
Rodolfo Orlando Serrano, presidente de la ONG Fundación Azul, confirmó que ingresó en la Legislatura provincial un proyecto de ley que permitiría la detención para averiguación de antecedentes hasta un plazo de 24 horas, que en 2008 se habían reducido a 6 (ley 7504). “Hasta el momento el proyecto no fue tratado”, dijo.
Al respecto opinó que “se trata de una iniciativa improcedente, ya que no existen calabozos para tener más detenidos; la alcaidía está desbordada”.
Serrano señaló que con la reforma del reglamento de la Policía de Salta “no hay ningún beneficio para la sociedad”, contrariamente a lo que sostienen desde el Gobierno de la Provincia. “Ellos hablan de proteger los derechos humanos, pero son mentiras porque el atropello sigue”, advirtió.
Agregó que “con los cambios, únicamente han sido beneficiados los oficiales de la Policía. Hemos retrocedido a los años ’60, cuando existían 12 generales, después con la democracia se redujeron a 4 y ahora el gobierno de Juan Manuel Urtubey volvió a otorgarles jerarquía a los 12 generales. Esto va a ser un gasto tremendo para la Provincia y, lamentablemente, beneficios para los suboficiales no hay”.
Por otra parte, el titular de la Fundación Azul se refirió a la creación de la Fiscalía de Causas Policiales, donde se puede radicar una denuncia contra un efectivo. “Pero no existe una defensoría para la familia policial que garantice el derecho a defensa como dice la constitución. Estamos ante un hecho de desigualdad”, denunció Serrano.
Desde la Fundación Azul adelantaron que el próximo lunes realizarán una presentación escrita al gobernador Urtubey instando al diálogo entre las partes. “Queremos dialogar y llegar a un buen entendimiento con las autoridades para mejorar la seguridad de todos los salteños”, finalizó Serrano.