El fiscal ante la Cámara de Casación, Javier De Luca solicitó la revocación de la imputación al vicepresidente Amado Boudou en la causa en la que se lo investiga por presuntas irregularidades en la venta de la ex
Ciccone Calcográfica.
Según señaló el fiscal, hasta el momento no se logró definir con precisión los delitos investigados, ni la imputación al Vicepresidente, por lo que remarcó que ‘si existiera una hipótesis que involucrase al exministro de Economía, debería ser expresada y enunciada a claramente‘.
A través de su defensa, Boudou había solicitado que desistiera de la investigación por ‘falta de acción penal‘ y en consecuencia se lo sobreseyera, al considerar que no está probado su vínculo con un supuesto testaferro, Alejandro Vandenbroele, y por lo tanto hay ausencia de delito.
De Luca indicó que en la causa ‘los hechos son relatados por los investigadores de manera muy general‘ y que así sólo generan incertidumbre, y la decisión final quedó en manos de la Sala IV de la Casación, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemigniani.
El fiscal advirtió que, si bien existe una actividad procesal importante en la causa, ‘no se le ha dado al investigado y a la sociedad una respuesta consistente en qué hechos con relevancia jurídico-penal están siendo investigados‘.
Y agregó que ‘la mera cita de artículos del Código Penal no satisface ese deber, porque los hechos son relatados por los investigadores de manera muy general, sin consideración a los elementos relevantes de los tipos penales que, según ellos, se encuentran involucrados‘.
En septiembre pasado, la Cámara Federal concedió una apelación presentada por el Vicepresidente, por lo que es la de Casación la que debe evaluar su pedido para que se cierre la investigación por el caso Ciccone, que lo tiene como imputado.
La Sala I del Tribunal hizo lugar a la apelación interpuesta por el abogado Diego Pirota, defensor de Boudou, y de esa manera determinó que su pedido de excepción de falta de acción -que fue rechazado por ese tribunal- sea evaluado por la Cámara de Casación Penal.
Si bien la Cámara consideró que se trata de una apelación contra una sentencia no definitiva, y en cuyos casos se suele rechazar, tuvo en cuenta que la defensa de Boudou ‘introduce de manera fundada la cuestión relativa a la operatividad en el caso de la garantía que protege al imputado de ser juzgado en plazo razonable‘.
La apelación se relaciona con la pretensión principal de Boudou en el sentido de que la investigación estaría agotada y que de ella surgiría la inexistencia de delito de negociaciones incompatibles con la función pública, que se le imputa.
El 1 de agosto pasado, la Cámara había confirmado un fallo del juez Ariel Lijo en contra de un pedido de sobreseimiento del Vicepresidente y ordenó ‘ahondar en la investigación, con la premura que el caso reclama‘.
Boudou es investigado por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública a raíz de su supuesta intervención cuando era ministro de Economía para que la empresa The Old Fund, de Alejandro Vandenbroele, pudiese comprar la firma Ciccone tras el levantamiento de su quiebra.
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El fiscal ante la Cámara de Casación, Javier De Luca solicitó la revocación de la imputación al vicepresidente Amado Boudou en la causa en la que se lo investiga por presuntas irregularidades en la venta de la ex
Ciccone Calcográfica.
Según señaló el fiscal, hasta el momento no se logró definir con precisión los delitos investigados, ni la imputación al Vicepresidente, por lo que remarcó que ‘si existiera una hipótesis que involucrase al exministro de Economía, debería ser expresada y enunciada a claramente‘.
A través de su defensa, Boudou había solicitado que desistiera de la investigación por ‘falta de acción penal‘ y en consecuencia se lo sobreseyera, al considerar que no está probado su vínculo con un supuesto testaferro, Alejandro Vandenbroele, y por lo tanto hay ausencia de delito.
De Luca indicó que en la causa ‘los hechos son relatados por los investigadores de manera muy general‘ y que así sólo generan incertidumbre, y la decisión final quedó en manos de la Sala IV de la Casación, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemigniani.
El fiscal advirtió que, si bien existe una actividad procesal importante en la causa, ‘no se le ha dado al investigado y a la sociedad una respuesta consistente en qué hechos con relevancia jurídico-penal están siendo investigados‘.
Y agregó que ‘la mera cita de artículos del Código Penal no satisface ese deber, porque los hechos son relatados por los investigadores de manera muy general, sin consideración a los elementos relevantes de los tipos penales que, según ellos, se encuentran involucrados‘.
En septiembre pasado, la Cámara Federal concedió una apelación presentada por el Vicepresidente, por lo que es la de Casación la que debe evaluar su pedido para que se cierre la investigación por el caso Ciccone, que lo tiene como imputado.
La Sala I del Tribunal hizo lugar a la apelación interpuesta por el abogado Diego Pirota, defensor de Boudou, y de esa manera determinó que su pedido de excepción de falta de acción -que fue rechazado por ese tribunal- sea evaluado por la Cámara de Casación Penal.
Si bien la Cámara consideró que se trata de una apelación contra una sentencia no definitiva, y en cuyos casos se suele rechazar, tuvo en cuenta que la defensa de Boudou ‘introduce de manera fundada la cuestión relativa a la operatividad en el caso de la garantía que protege al imputado de ser juzgado en plazo razonable‘.
La apelación se relaciona con la pretensión principal de Boudou en el sentido de que la investigación estaría agotada y que de ella surgiría la inexistencia de delito de negociaciones incompatibles con la función pública, que se le imputa.
El 1 de agosto pasado, la Cámara había confirmado un fallo del juez Ariel Lijo en contra de un pedido de sobreseimiento del Vicepresidente y ordenó ‘ahondar en la investigación, con la premura que el caso reclama‘.
Boudou es investigado por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública a raíz de su supuesta intervención cuando era ministro de Economía para que la empresa The Old Fund, de Alejandro Vandenbroele, pudiese comprar la firma Ciccone tras el levantamiento de su quiebra.