La Cámara de Senadores convirtió anoche en ley la reforma del Código Procesal Penal de Salta que diversos sectores de la ciudadanía fustigaron con dureza por considerar que su implementación pondrá en riesgo las libertades de las personas y atenta contra el sistema republicano, a 30 años de la recuperación de la democracia. Para los entendidos, el articulo 20, que faculta a la policía a practicar requisas sin orden judicial, trajo a la memoria recuerdos de hechos y situaciones que provocaron mucho dolor a los argentinos.
El proyecto impulsado por el gobernador Juan Manuel Urtubey fue acatado a pie juntilla por los legisladores oficialistas, tal como lo hicieron sus pares de la Cámara de Diputados en la sesión del martes pasado. Se planteó que la reforma, por su peligroso contenido, requería de una discusión más profunda, con la participación de otros actores de la sociedad. Por ese motivo la cafayateña Silvina Vargas solicitó que el proyecto sea derivado a comisión para un mejor análisis. Sin embargo, el senador Jorge Soto, del oficialismo, tenía expresas directivas para el tratamiento sobre tablas. De esta manera el oficialismo cercenó la posibilidad de la discusión y, aprovechando su mayoría en las cámaras legislativas, logró que una ley tan trascendental se aprobara en tiempo récord.
La sanción de la ley fue un simple trámite, ya que muchos legisladores ni siquiera tuvieron tiempo de leer el proyecto, como fue el caso de Vargas. La senadora de Cafayate no pudo ni siquiera plantear un debate y por ello solicitó la vuelta del proyecto a comisión. “Yo creo que en estas condiciones no podemos aprobar una ley, sobre todo tratándose de una iniciativa relacionada con las garantías constitucionales”, expresó. “Para darle sustento a una legislación, los legisladores en su conjunto debemos estar imbuidos de su contenido” dijo; y agregó que “las cosas apuradas, las cosas exprés, no sirven y creo que lo mejor es mantener las buenas costumbres legislativas”.
En defensa el proyecto, el senador Soto, representante de La Viña, argumentó que el fin de la cuestionada reforma es fortalecer el sistema acusatorio, en el que el cuerpo de fiscales lograrán más en la Justicia, dejando cada vez más relegado a los magistrados. En relación a los cuestionamientos del artículo 20, el legislador sostuvo que “esto en nada modifica el esquema básico de la actuación policial”. A su juicio, las atribuciones que tendrá la policía de detener sin orden judicial “no violenta en nada las garantías constituciones”. Para no dejar dudas acerca de su posición, Soto expresó que “el nuevo diseño orgánico de la Justicia de Salta será beneficioso para la sociedad”.
El renovador Roberto Gramaglia anunció que se iba a abstener por considerar que la reforma va a contrapelo con una ley de narcotráfico de la que él fue uno de sus autores. “Simplemente no quiero ser un obstáculo para este propuesto y por eso pido que respeten mi posición”. A su turno, el presidente del Bloque Justicialista, el cerrillano Alfredo Jorge, efectuó una encendida defensa del proyecto del Gobernador al sostener que “la ley es buena y va a ser aceptada por la sociedad”. Pidió que nadie tema de las facultades que se le otorgará la policía al momento de cumplir con su obligación. “El que se exceda recibirá, como corresponde, todo el rigor de la ley”, sentenció. Al final, el proyecto fue aprobado por amplia mayoría y para los pocos curiosos que siguieron la sesión quedó la sensación de impotencia.
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La Cámara de Senadores convirtió anoche en ley la reforma del Código Procesal Penal de Salta que diversos sectores de la ciudadanía fustigaron con dureza por considerar que su implementación pondrá en riesgo las libertades de las personas y atenta contra el sistema republicano, a 30 años de la recuperación de la democracia. Para los entendidos, el articulo 20, que faculta a la policía a practicar requisas sin orden judicial, trajo a la memoria recuerdos de hechos y situaciones que provocaron mucho dolor a los argentinos.
El proyecto impulsado por el gobernador Juan Manuel Urtubey fue acatado a pie juntilla por los legisladores oficialistas, tal como lo hicieron sus pares de la Cámara de Diputados en la sesión del martes pasado. Se planteó que la reforma, por su peligroso contenido, requería de una discusión más profunda, con la participación de otros actores de la sociedad. Por ese motivo la cafayateña Silvina Vargas solicitó que el proyecto sea derivado a comisión para un mejor análisis. Sin embargo, el senador Jorge Soto, del oficialismo, tenía expresas directivas para el tratamiento sobre tablas. De esta manera el oficialismo cercenó la posibilidad de la discusión y, aprovechando su mayoría en las cámaras legislativas, logró que una ley tan trascendental se aprobara en tiempo récord.
La sanción de la ley fue un simple trámite, ya que muchos legisladores ni siquiera tuvieron tiempo de leer el proyecto, como fue el caso de Vargas. La senadora de Cafayate no pudo ni siquiera plantear un debate y por ello solicitó la vuelta del proyecto a comisión. “Yo creo que en estas condiciones no podemos aprobar una ley, sobre todo tratándose de una iniciativa relacionada con las garantías constitucionales”, expresó. “Para darle sustento a una legislación, los legisladores en su conjunto debemos estar imbuidos de su contenido” dijo; y agregó que “las cosas apuradas, las cosas exprés, no sirven y creo que lo mejor es mantener las buenas costumbres legislativas”.
En defensa el proyecto, el senador Soto, representante de La Viña, argumentó que el fin de la cuestionada reforma es fortalecer el sistema acusatorio, en el que el cuerpo de fiscales lograrán más en la Justicia, dejando cada vez más relegado a los magistrados. En relación a los cuestionamientos del artículo 20, el legislador sostuvo que “esto en nada modifica el esquema básico de la actuación policial”. A su juicio, las atribuciones que tendrá la policía de detener sin orden judicial “no violenta en nada las garantías constituciones”. Para no dejar dudas acerca de su posición, Soto expresó que “el nuevo diseño orgánico de la Justicia de Salta será beneficioso para la sociedad”.
El renovador Roberto Gramaglia anunció que se iba a abstener por considerar que la reforma va a contrapelo con una ley de narcotráfico de la que él fue uno de sus autores. “Simplemente no quiero ser un obstáculo para este propuesto y por eso pido que respeten mi posición”. A su turno, el presidente del Bloque Justicialista, el cerrillano Alfredo Jorge, efectuó una encendida defensa del proyecto del Gobernador al sostener que “la ley es buena y va a ser aceptada por la sociedad”. Pidió que nadie tema de las facultades que se le otorgará la policía al momento de cumplir con su obligación. “El que se exceda recibirá, como corresponde, todo el rigor de la ley”, sentenció. Al final, el proyecto fue aprobado por amplia mayoría y para los pocos curiosos que siguieron la sesión quedó la sensación de impotencia.
El único cuestionamiento
El senador Luis D’Andrea fue el único que ensayó un cuestionamiento al artículo 20 de la discordia, pero al final terminó apoyando al proyecto en general. “No quiero poner en duda la intencionalidad de la reforma al Código Procesal, pero la facultad que se le quiere dar a la policía de detener sin orden judicial, me genera dudas”, expresó el legislador del departamento Chicoana. D’Andrea manifestó que “no estoy de acuerdo en que otorguemos esas facultades a la fuerza de seguridad porque puede ser perjudicial por los avasallamientos de los derechos y garantías de las personas que pudieran ocurrir”. En ese sentido señaló que “me hubiera gustado que se consultara a juristas, a expertos en materia judicial antes de haberse redactado ese artículo”. Se pronunció en estos términos en consonancia con la senadora Vargas. No obstante el senador vallisto aclaró que estaba de acuerdo con el proyecto en general. “Mi única incertidumbre es el artículo 20. Por lo demás, no tengo ningún problema en dar mi aprobación” dijo, y así lo hizo al momento de la votación.
LAS OPINIONES
JAVIER DAVID
“El Código Penal tiene que ver con las libertades de las personas y se mandó una reforma que significa un gran retroceso. Los cambios no tienen ninguna explicación, pero se ve que es la profundización de una ideología que mostró, en este tiempo, la Procuración, en contra de los derechos constitucionales de los salteños. La requisa sin orden judicial es una violación a los derechos individuales y se otorga a la Policía facultades extraordinarias”.
LUCAS GODOY
“No estoy de acuerdo con este tipo de facultades (a la policía), ya sea en la Nación o en la Provincia. Por eso pedí autorización a mis pares para votar en contra del artículo 20. Pero, ello no significa que sea errónea la medida o que sea inconstitucional. De hecho, el artículo 20 que se sancionó es igual al artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación. Habrá que ejercer gran control sobre esta facultad que tendrá la fuerza de seguridad”.
GUILLERMO MARTINELLI
“Es un avance sobre la pérdida de derechos de la ciudadanía. Se pusieron a tela de juicio 31 artículos y la reforma la pidió el gobernador. En 10 artículos tengo absoluta disidencia, porque se están malquistando las garantías constitucionales en defensa de los derechos de los ciudadanos. Sin control judicial, se va a permitir que se declare la indagatoria, la detención, la requisa, además de otros conceptos”.
ANTONIO LUCENA
“El objetivo es luchar contra la venta de drogas al menudeo y, también, poner un punto final a toda esa burocracia en la Justicia, a la hora de actuar, de combatir, de erradicar los focos que no hacen más que arruinar a sectores la sociedad. Estamos cumpliendo con una demanda de un ejercicio pleno de justicia sobre el flagelo de las drogas. La reforma va a mejorar los mecanismos para que el ejercicio de Justicia se lleve adelante”.
HORACIO THOMAS
“El artículo 20 de la reforma del Código Procesal Penal, que faculta a la policía a efectuar requisa de personas, vehículos, sin ninguna orden judicial, está en contra de los deberes y los derechos individuales, citados entre los artículos 17 al 31 de la Constitución Provincial. Para ello, se necesita una Policía profesional y con alto grado de respeto a las personas. Con esta facultad, todos los salteños serán sospechosos”.