“Si queremos paz, tenemos que buscar justicia”, expresó el fiscal federal Ricardo Toranzos, haciendo suya una frase de Juan Pablo II, al concluir su alegato en el juicio por la megacausa de la UNSa, en el que solicitó penas de reclusión perpetua y condenas efectivas para los principales imputados de crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Salta por la última dictadura militar. Toranzos fue categórico al momento de justificar los pedidos de las drásticas penas en este extenso juicio que se inició en mayo del año pasado en el que se ventilaron 34 casos de secuestros y desaparición de personas, homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, apremios ilegales, tormentos y abusos sexuales.
“Hemos escuchado los testimonios más atroces que por momentos hemos perdido la sensibilidad, lo que grafica la crueldad de los hechos que se cometieron”, sentenció el fiscal. Se refirió a los cadáveres despedazados por el uso de dinamitas, como los casos del médico Pedro Urueña, en Tartagal; del gremialista Jorge René Santillán, en General Mosconi; del periodista Luciano Jaime; de la profesora Gemma Ana María Fernández y su esposo Héctor Gamboa. De igual forma al ensañamiento con las víctimas que fueron acribilladas a tiros luego de ser sometidas a todo tipo de tormentos como el gremialista Eduardo Fronda, el profesor Eduardo Risso Patrón y los militantes de izquierda, Alfredo Mattioli, Ricardo Tapia y de los hermanos Marcos y Marcial Estopiñan, masacrados en Rosario de Lerma.
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“Si queremos paz, tenemos que buscar justicia”, expresó el fiscal federal Ricardo Toranzos, haciendo suya una frase de Juan Pablo II, al concluir su alegato en el juicio por la megacausa de la UNSa, en el que solicitó penas de reclusión perpetua y condenas efectivas para los principales imputados de crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Salta por la última dictadura militar. Toranzos fue categórico al momento de justificar los pedidos de las drásticas penas en este extenso juicio que se inició en mayo del año pasado en el que se ventilaron 34 casos de secuestros y desaparición de personas, homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, apremios ilegales, tormentos y abusos sexuales.
“Hemos escuchado los testimonios más atroces que por momentos hemos perdido la sensibilidad, lo que grafica la crueldad de los hechos que se cometieron”, sentenció el fiscal. Se refirió a los cadáveres despedazados por el uso de dinamitas, como los casos del médico Pedro Urueña, en Tartagal; del gremialista Jorge René Santillán, en General Mosconi; del periodista Luciano Jaime; de la profesora Gemma Ana María Fernández y su esposo Héctor Gamboa. De igual forma al ensañamiento con las víctimas que fueron acribilladas a tiros luego de ser sometidas a todo tipo de tormentos como el gremialista Eduardo Fronda, el profesor Eduardo Risso Patrón y los militantes de izquierda, Alfredo Mattioli, Ricardo Tapia y de los hermanos Marcos y Marcial Estopiñan, masacrados en Rosario de Lerma.
Toranzos expresó que el juicio permitió demostrar que la mayoría de las víctimas fueron militantes de la Lista Verde, que lideraba el exgobernador Miguel Ragone, y del Frente Revolucionario Peronista (FRP). “Hubo una persecución sistemática a estos sectores políticos y para lograr impunidad recurrieron a los métodos más crueles como la utilización de artefactos explosivos”, graficó. El representante del Ministerio Público sindicó al exdirector de Seguridad de la Policía de la Provincia Joaquín Guil como la cabeza visible de la persecución de militantes políticos. También el fiscal sostuvo que como se confirmó en otros juicios realizados en el país, el terrorismo de Estado comenzó en la última etapa del gobierno de Isabel de Perón. Los Estopiñan, Mattioli, Tapia, Urueña, Fronda y Jaime fueron eliminados antes del golpe de Estado de 1976.
El fiscal Toranzos concluyó su extenso alegato señalando que “con este juicio hemos honrado a las víctimas del terrorismo de Estado, a los familiares y a la sociedad para lograr la paz social”.
Para Ovalle también
pidió la pena capital
El fiscal Toranzos consideró probada la participación de Juan Manuel Ovalle, el único civil imputado en este juicio, por resultar partícipe primario del delito de privación ilegítima de la libertad, agravada por el empleo de violencia y amenazas y como partícipe necesario del delito de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de la profesora de la UNSa Silvia Aramayo.
Las penas de reclusión perpetua fueron requeridas para el exjefe de la Guarnición Ejército Salta Carlos Alberto Mulhall (21 hechos); el exjefe del Ejército Héctor Ríos Ereñú (dos hechos); el exsujefe de esa unidad militar Joaquín Cornejo Aleman (1 hecho); los exjefes de la Policía Miguel Gentil (seis hechos) y Virtom Modesto Mendíaz; el exdirector de Seguridad de la Policía Joaquín Guil (18 hechos). Además pidió prisión perpetua para el policía federal Juan Carlos Alzugaray, por el homicidio de Fronda, y para Raúl Toledano por la desaparición del ex policía Pedro Bonifacio Vélez.