“El zorro pierde el pelo pero no las mañas”, reza un conocido refrán que no reconoce autor. José Manuel de la Sota, el gobernador de Córdoba, es un viejo zorro de la política nacional que perdió el pelo -y lo recuperó, tratamientos estéticos mediante- pero sigue apelando a la vieja estrategia de repartir culpas para no asumir las propias responsabilidades.
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“El zorro pierde el pelo pero no las mañas”, reza un conocido refrán que no reconoce autor. José Manuel de la Sota, el gobernador de Córdoba, es un viejo zorro de la política nacional que perdió el pelo -y lo recuperó, tratamientos estéticos mediante- pero sigue apelando a la vieja estrategia de repartir culpas para no asumir las propias responsabilidades.
El martes le tocó vivir una de sus jornadas más difíciles. Cuando se encontraba en Colombia, dispuesto a participar de una reunión internacional de gobernadores -un foro que tenía como expositor estrella al exprimer ministro británico Tony Blair-, recibió un llamado desde Córdoba que le informaba que la Policía provincial se había acuartelado, y que en amplias zonas de la capital y también en el interior de la provincia habían comenzado saqueos a comercios. Como era de esperar, emprendió el regreso de inmediato y, aunque llegó a la provincia después de más de 30 horas de convulsión y violencia, se puso al frente de la crisis y alcanzó una solución.
Eso sí, fiel a su estilo, salió a cuestionar con dureza al Gobierno nacional por haber “abandonado” a su suerte a los ciudadanos de la provincia, e hizo públicas una larga lista de intentos de comunicaciones con los principales funcionarios nacionales, quienes desmintieron haber recibido los pedidos de envío de fuerzas federales que De la Sota aseguró haber hecho.
Obviamente, el gobernador no hizo mención alguna a los antecedentes del conflicto policial, en el que la impericia de su gobierno llevó a la crítica situación vivida entre el martes y el miércoles en Córdoba.
Los antecedentes del caos
Los policías cordobeses que se autoacuartelaron señalaron el retraso salarial como la principal causa de la protesta. Pero en Córdoba aseguran que el problema es mucho más profundo, y tiene que ver con la crisis de inseguridad que afecta a la provincia.
La fuerza había recibido un duro golpe a fines de setiembre pasado, cuando una investigación de un canal de TV local reveló vínculos entre policías y el negocio del narcotráfico.
Tras conocerse los pormenores del caso, renunciaron el ministro de Seguridad, Alejo Paredes (un expolicía), y el jefe de la policía local, Ramón Frías, y fueron detenidos e imputados ocho efectivos, entre los que se encuentra el comisario mayor retirado Mario Nieto, quien hasta el año pasado se desempeñaba como jefe de Drogas Peligrosas.
Otro aspecto que genera polémica es la vigencia en la provincia mediterránea del denominado Código de Faltas, una especie de código contravencional que permite a los policías castigar conductas que son un derecho como el merodeo y participar de reuniones multitudinarias. Más de 70.000 personas son detenidas por año por la aplicación de esta legislación heredada de la dictadura, que además convierte a cada comisario en una especie de juez de Faltas.
Esa norma fue reiteradamente cuestionada por diferentes organizaciones sociales, y el gobernador De la Sota se había comprometido a analizar su modificación, en particular en lo referido a la potestad de los comisarios de resolver sobre la libertad de las personas.
Los vínculos con el narcotráfico, otras denuncias de corrupción que recaen sobre los jefes policiales y los abusos cometidos al amparo del Código de Faltas provocaron un efecto cascada hacia los oficiales de menor rango, que privilegiaron el reclamo salarial para sumar el apoyo de los suboficiales y agentes, y decidieron acuartelarse.
Antes de viajar a Colombia, De la Sota estaba al tanto del malestar en la fuerza y de la posibilidad de que se tomaran medidas extremas, pero minimizó el conflicto y se fue.
Un político profesional
Su trayectoria política se inició a principios de los 70, cuando recién egresado de la Universidad se sumó a un grupo de abogados peronistas. En esa época, los vínculos políticos de su primera esposa le permitieron llegar a ser secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, cargo del que fue expulsado por el golpe del 24 de marzo de 1976.
Con el regreso de la democracia, siguió militando en el peronismo, y en 1983 fue candidato a intendente de la capital, pero perdió la elección.
En 1985 fue electo diputado nacional y se enroló en la Renovación Peronista. En 1987 fue por primera vez candidato a gobernador de la provincia por su sector y, aunque perdió, le restó poder al radicalismo que gobernaba la provincia. En 1989, en coincidencia con la elección que llevó a Carlos Menem a la presidencia, fue nuevamente elegido diputado nacional, aunque poco después el riojano lo eligió para ser embajador en Brasil. En 1991, volvió a presentarse como candidato a gobernador, y por segunda vez fue derrotado.
En 1995, el peronismo no le permitió ser candidato a gobernador por sus sucesivas derrotas, pero logró que fuera elegido senador nacional por Córdoba. Desde ese cargo obtuvo la suficiente proyección como para lograr, en 1999, primero la candidatura y luego su consagración como gobernador de Córdoba, cargo en el que fue reelecto en 2003, luego de coquetear con una posible candidatura presidencial que finalmente no se concretó. Su gestión se caracterizó por golpes de efecto acompañados de una abundante propaganda oficial, que le sirvió para construir la imagen de eficiente ejecutor.
Ante la imposibilidad de una segunda reelección, en 2007 apoyó la candidatura a gobernador de Juan Schiaretti, quien ocupó ese cargo hasta 2011.
Con el interregno de un mandato, volvió a postularse como candidato a gobernador de Córdoba y ganó la elección, para lo cual buscó presentarse con una imagen de dirigente moderado y dialoguista.
A diferencia de su primera etapa como gobernador, en la que fue un aliado más del Gobierno nacional -aunque manteniendo la tradicional “independencia” que caracterizó a los gobiernos cordobeses de todas las épocas y signos políticos-, en su tercer mandato decidió desde un principio tomar distancia del kirchnerismo y presentarse como una alternativa de gobierno, de cara a las presidenciales de 2015. La intensa promoción en medios nacionales de la gestión de De la Sota en Córdoba habla a las claras de esa vocación.
El primer cruce duro entre De la Sota y el Gobierno nacional estuvo relacionado al déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, que el Gobierno nacional había prometido financiar a cambio de determinadas concesiones que el delasotismo no cumplió. Aunque la sangre no llegó al río, el tono de los discursos políticos sirvió para revelar que la distancia existente entre de la Sota y Cristina Kirchner era imposible de achicar.
El autoacuartelamiento policial, los saqueos y la violencia sin control en las calles de Córdoba sirvieron para reeditar esa disputa.
En un intento por minimizar el desgaste que la crisis tuvo sobre su imagen y de paso capturar el voto antikirchnerista, que cuestionó la ausencia de fuerzas federales en las calles de la provincia durante los saqueos, De la Sota retomó la iniciativa y embistió contra el Gobierno nacional, apuntando sus dardos en particular contra la Presidenta, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el viceministro de Seguridad, Sergio Berni. Excepto la mandataria, los otros ridiculizaron su planteo y lo dejaron bastante mal parado.
Recién el jueves por la noche, en un programa de TV, ensayó un intento de autocrítica no demasiado convencido. Pero pronto recobró los ánimos y volvió a apuntar al kirchnerismo.
De la Sota sabe que la carrera para 2015 está lanzada y que, hoy por hoy, lleva las de perder. Por eso no quiere perder tiempo, y ya está buscando el próximo golpe de efecto para recuperar su erosionada imagen.