El presupuesto de la Provincia fija una administración pública con 60.950 empleados para este año. La cifra surge al sumar los cargos permanentes y transitorios en el Ejecutivo, organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas estatales, la Legislatura, la Auditoría General, el Poder Judicial y el Ministerio Público. En comparación al ejercicio presentado en 2011, la diferencia arroja 3.780 puestos más.
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El presupuesto de la Provincia fija una administración pública con 60.950 empleados para este año. La cifra surge al sumar los cargos permanentes y transitorios en el Ejecutivo, organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas estatales, la Legislatura, la Auditoría General, el Poder Judicial y el Ministerio Público. En comparación al ejercicio presentado en 2011, la diferencia arroja 3.780 puestos más.
Para varios economistas, el Estado fue el gran generador de empleo de los últimos años, cuando el mayor peso lo debería absorber el sector privado. Y en Salta, los nombramientos y designaciones aparecen a diario en Boletín Oficial.
En toda la provincia, según datos del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (Ielde), hay 202 mil asalariados registrados en relación de dependencia. Si se tiene en cuenta a los 61.950 trabajadores estatales, se puede afirmar que el 30% de los empleados en blanco en Salta pertenecen al Gobierno provincial.
Por su parte, en el Indice de Desempeño Provincial 2012, que elaboró la Fundación Libertad para todas las provincias, indica que en Salta “la cantidad de empleados públicos en relación a la totalidad de la población ocupada llega al 11,4%”. Cabe aclarar que el rango población ocupada no solo la integran los asalariados registrados, también los trabajadores “en negro”, los independientes y empresarios. Es por eso que el porcentaje disminuye.
Que no se supere el 5% de la población es uno de los parámetros que los gobiernos toman para determinar la racionalidad del tamaño de la mano de obra pública. Con los puestos y cargos declarados en el presupuesto 2013, se llega al 5,1%, un poco más allá del límite.
Por área
El grueso del sector público en la Provincia lo representan los trabajadores del Centro Cívico Grand Bourg y de los organismos descentralizados. En el último presupuesto se detalla que llegan a 53 mil. En el ejercicio 2012 se declaró 52.430 y 49.980 para 2011.
El crecimiento de la planta del Ministerio Público, del 16%, entre 2011 y lo proyectado para 2013, supera al 4% del Poder Judicial. Entre las fiscalías, las defensorías y las asesorías de menores e incapaces, los empleos ascienden este año a 924, cuando en 2011 llegaban a 790.
Entre los entes autárquicos y sociedades del Estado, la Autoridad Metropolitana de Transporte (145%), el Ente Regulador de los Servicios Públicos (48%), el Ente Regulador del Juego de Azar (36%) y Aguas del Norte (26%) fueron los que hicieron más contrataciones nuevas. Sin embargo, los controles a los servicios públicos no se traducen en mejoras para los usuarios. Tampoco se ve una mayor abastecimiento de agua potable. Al contrario, las quejas por los cortes se escuchan en forma constante en diferentes puntos del territorio provincial.
La voz gremial
Los sindicalistas reconocen que hubo un avance en la formalización laboral de las personas que prestan servicio al Gobierno. Juan Arroyo, secretario general de ATE, expresó que cada vez hay menos empleados con inestabilidad laboral, contratos basuras o de locación. “No quiere decir que hayan resuelto la situación, pero se encaminó. Aún hay personas que trabajan varios meses y no cobran hasta que no el sale el nombramiento”, enfatizó Arroyo.
Por su parte, Gustavo Soto, secretario general de UPCN en Salta, destacó los concursos en la administración pública que “permitió el blanqueo e ingreso de cerca de cinco mil trabajadores en los últimos años, aunque sabemos que todavía quedan varios con inestabilidad”.
El desempleo es una de las piedras del zapato en los últimos años de la gestión de Urtubey. Cada vez que el cuestionado Indec publica los índices de desocupación, Salta ocupa el primer lugar. A fines del año pasado, quedó con 12%, mientras que economías vecinas, como Jujuy y Tucumán no superaron el 5%.
La situación nacional
En el país, desde la crisis mundial de 2008, el Gobierno kirchnerista tampoco pudo transferir mayor agilidad a la generación de empleo en las empresas. En cambio, las oficinas estatales crecieron a un mayor ritmo.
Un informe de la Fundación Mediterránea marca que “entre el 2003 y el 2007 el empleo privado creció en promedio un 7% anual, mientras que el empleo público lo hizo a un ritmo del 4,2%. Esto se tradujo en un incremento neto del empleo asalariado, a razón del 6,4% anual promedio.
Sin embargo, “entre 2008 y 2012, el empleo público se incrementó a razón del 3,4% anual y el empleo privado lo hizo a tan sólo un 1,2% promedio”. Así, “la generación de puestos asalariados fue positiva pero de un 1,6% anual”.
Pelea en la Municipalidad por el agrupamiento político
El decreto 1175/12, que crea nuevas categorías en el agrupamiento político, encendió un cruce en la Municipalidad capitalina. La Unión de Trabajadores Municipales (UTM) presentó el 30 de enero ante la titular del Tribunal de Cuentas, Fernanda Yanakis, una denuncia de que hay incrementos salariales en ese sector que superan el 400%. Pablo Gauffin, subsecretario de Recursos Humanos, manifestó que “el gremio es muy consciente de que es una mentira lo que dice, y solo busca engañar a la gente. Esto se trata de puro vedetismo sindical”.
El 28 de diciembre de 2012. se publicó en el Boletín Oficial una nueva escala para el agrupamiento político. El piso quedó (nivel 1) en $750 y el más alto (nivel 20), en $ 13.800. También se eliminó los rangos A y B, que eran inferiores a las numeradas.
Antes la categoría más elevada era la 12, que establecía una remuneración equivalente al 95% del salario del intendente. Según Gauffín, la nueva punta del escalón no llega al 80% del ingreso del jefe comunal.
El funcionario negó que haya una suba de salarios del 400%. Aclaró que “la anterior tabla había quedado obsoleta y necesitábamos tener escalones intermedios”. También defendió la nueva tabla al argumentar que “en el agrupamientos hay asesores, la mayoría profesionales que a veces hacen posgrados y obviamente hay que pagarles más”. Buscó también llevar tranquilidad a vecinos y trabajadores al afirmar que “son personas que no se van a quedar en la administración”.
La UTM pidió la anulación del decreto y calificó “al incremento como irracional a las arcas municipales, y en desmedro de los bajo salarios que perciben los compañeros”.
Precariedad en el interior
Hablan de contratos “por dos mangos”, demoras en el pago, empleo “en negro” y una precarización laboral que hasta hora sigue sin salida. Así se refieren los sindicalistas al trabajo que brindan los municipios del interior.
“En las comunas repercute más la informalidad laboral. Los intendentes buscan dar contención ante la escasa demanda, pero llegan a pagar $8 por día”, se lamentó Juan Arroyo, secretario general de ATE.
Sin renovación
El titular de UPCN, Gustavo Soto, manifestó su preocupación por la realidad del trabajo en el interior. “Hay gente que trabaja cinco años con contratos y después no se los renuevan. Juega mucho la cuestión política”.