El abogado Federico Jorge Mateos, jefe del Programa Jurídico de la Secretaría de Seguridad de la Provincia, concluyó el sumario realizado en perjuicio de 60 policías que participaron de una espectacular persecución del automóvil del rugbier salteño Gerónimo Saravia -un Toyota Corolla negro con vidrios polarizados-, quien luego de un seguimiento que involucró más de 10 kilómetros por las calles de la ciudad capital, resultó con severas lesiones, producto de golpes con elementos contundentes, probablemente de puños. El funcionario, dejó libre de culpas a la mayoría de los efectivos involucrados en el procedimiento, realizado en la madrugada del 22 de diciembre pasado, del que participaron elementos de la Brigada de Investigaciones 1, del Sistema de Emergencias 911, de la Unidad Regional 1 y de la Comisaría 2, con la participación de 14 móviles de cuatro ruedas y siete motocicletas, pero reclamó que seis de ellos, todos integrantes de la Brigada de Investigaciones 1, fueran dados de baja, al considerarlos responsables de las lesiones y por ello, inmersos en los alcances del artículo 28 de la Ley Orgánica de Policía, que considera a los apremios ilegales como falta grave o gravísima y que solo contempla una pena: el despido inmediato.
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El abogado Federico Jorge Mateos, jefe del Programa Jurídico de la Secretaría de Seguridad de la Provincia, concluyó el sumario realizado en perjuicio de 60 policías que participaron de una espectacular persecución del automóvil del rugbier salteño Gerónimo Saravia -un Toyota Corolla negro con vidrios polarizados-, quien luego de un seguimiento que involucró más de 10 kilómetros por las calles de la ciudad capital, resultó con severas lesiones, producto de golpes con elementos contundentes, probablemente de puños. El funcionario, dejó libre de culpas a la mayoría de los efectivos involucrados en el procedimiento, realizado en la madrugada del 22 de diciembre pasado, del que participaron elementos de la Brigada de Investigaciones 1, del Sistema de Emergencias 911, de la Unidad Regional 1 y de la Comisaría 2, con la participación de 14 móviles de cuatro ruedas y siete motocicletas, pero reclamó que seis de ellos, todos integrantes de la Brigada de Investigaciones 1, fueran dados de baja, al considerarlos responsables de las lesiones y por ello, inmersos en los alcances del artículo 28 de la Ley Orgánica de Policía, que considera a los apremios ilegales como falta grave o gravísima y que solo contempla una pena: el despido inmediato.
Sin embargo, los seis acusados por Mateos, el oficial Juan Contreras, los cabos Cristian Nieva, Fabián Miguel Castillo y Gerardo Ramos y los sargentos Sergio Cruz y Jorge David Chilo, niegan de manera absoluta y terminante haber sido causantes de los golpes que presentaba Saravia.
“Es más”, dijo ayer su abogado defensor, Santiago Pedroza “el lunes en horas de la tarde nos presentaremos ante el fiscal de Causas Policiales y Penitenciarias, Alberto Vilar Rey, quien está a cargo del caso, con un testigo clave, quien fue el que golpeó a Saravia, durante un enfrentamiento que ambos mantuvieron antes de que este sujeto que juega al rugby, del que tenemos pruebas que es familiar indirecto del gobernador de la Provincia -“es pariente de su esposa”-, fuera conminado a detenerse, por primera vez, sobre la ruta provincial 26 a las 5.10 del 22 de diciembre pasado. Nuestro testigo, que tiene 35 años y que se movilizaba en una motocicleta roja, casi fue atropellado por el Toyota Corolla de Saravia, quien supuestamente venía de una fiesta realizada en una finca y al que, por razones inexplicables, no se le realizaron pruebas de alcoholemia ni toxicológicas. Esa circunstancia generó un intercambio de gritos y Saravia detuvo la marcha de su vehículo, se bajó y fue a pelear con nuestro testigo, del que nos reservaremos el nombre hasta que se halle frente al fiscal. Sin embargo, a Saravia no le fue bien en el enfrentamiento, puesto que en la pelea llevó la peor parte. En otras palabras y hablando en criollo "le llenaron la cara de dedos' y esas son las heridas que se le aprecian en una fotografía que fue difundida por las redes sociales y que se le atribuyeron a la policía. Ese enfrentamiento, hasta ahora desconocido y ocultado por el rugbier, justifica y explica por qué no hizo ninguna denuncia ni lo mencionó jamás. El ha mentido. De alguna manera, el establishment lo ha cubierto, pero ahora las cosas han cambiado”, dijo Pedroza al dar a conocer lo que en la jerga tribunalicia se denomina “un as en la manga”.
“Creer el descargo de Saravia y sus amigos es absurdo. Nadie escapa de una caravana policial alegando que creía que lo iban a asaltar. Todos los vehículos que participaron en la persecución, iban con balizas”.
Consideran al sumario “un absurdo total”
El abogado Santiago Pedroza, quien defiende a los seis policías a los que el jefe del Programa Jurídico de la Secretaría de Seguridad, Federico Jorge Mateos, pide la máxima sanción, señaló que todo es “un absurdo total”.
En ese mismo sumario, Gerónimo Saravia, el rugbier que manejaba a toda velocidad un Toyota negro con vidrios polarizados y del que jamás bajó los vidrios ni se detuvo ante las indicaciones policiales, señala que no sabe quién le pegó y ni siquiera puede decir si recuerda si estaban uniformados o no. Lo que es claro es que todos los efectivos que participaron de la alocada persecución a una persona que estaba "sacada', estaban uniformados. Y los que no, llevaban chalecos reflectantes y antibalas con identificación clara. Lo increíble, es que el Dr. Mateos decida aplicarles sanciones a seis, quienes aseguran no haber participado en la detención, como lo prueba el hecho que quienes escapaban en el Toyota fueron inmovilizados con precintos plásticos que usa la policía motorizada y no con esposas o "yugas', como se dice en la jerga policial, que son los elementos de trabajo de los efectivos de la Brigada de Investigaciones. Pero más allá de eso, si estos seis u otros hubiesen sido los autores de la paliza recibida por Saravia ¿qué pasaría con los otros 60 testigos policiales que estaban en el lugar y no intervinieron?”, se preguntó Pedroza, para añadir: “Obviamente también debieran ser echados por autorizar tal acción ilegal”.
Finalmente, el profesional consideró que “todo esto es un mecanismo de protección de un sector de la sociedad, que no es precisamente el que integran los policías acusados, todos de intachable foja de servicios y de entre 12 y 24 años de antigedad, que, de alguna manera, trata de proteger a uno de los suyos, quien, misteriosamente, no quiere radicar denuncia alguna y que en sus declaraciones no identifica a nadie”.