La expropiación de 39 hectáreas de la finca Las Vegas, en el sur de la capital salteña, sigue sumando cuestionamientos. Primero fueron los sucesores de Celestino Burgos los que denunciaron, a fines de 2012, un avasallamiento de derechos. Ahora son los dirigentes vecinales de 16 barrios de la zona los que objetan el destino fijado para esas tierras por la ley expropiatoria.
Según la norma, que fue promulgada el 12 de diciembre último, la fracción que colinda con los barrios San Remo, San Nicolás, Scalabrini Ortiz, El Círculo y Parque La Vega será entregada en 2.800 lotes a familias carenciadas.
Referentes de esas y otras once barriadas aledañas, pobladas por cerca de 17.000 vecinos, pusieron en claro ante funcionarios provinciales que defienden el derecho de familias sin recursos a acceder a un techo digno y que, por esa misma y fundamental razón, exigen que se entreguen allí viviendas sociales, como ocurre en las nuevas urbanizaciones de la zona norte, donde las respuestas habitacionales se canalizan a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y no, como operará en las 39 hectáreas de finca Las Vegas, por cuenta exclusiva de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat.
Los dirigentes vecinales de esa zona de la ciudad de Salta insistieron en esto, el pasado miércoles, en una audiencia con el secretario de Relaciones con la Comunidad, Federico Hanne, y su par de Obras Públicas, Sergio Zorpudes. Esperaban ser recibidos por el gobernador Juan Manuel Urtubey pero tuvieron que conformarse con las explicaciones de ambos funcionarios. Las respuestas no contentaron a los vecinos y se acordó una nueva reunión, a mediados de semana, con fecha y hora aún sin confirmar.
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La expropiación de 39 hectáreas de la finca Las Vegas, en el sur de la capital salteña, sigue sumando cuestionamientos. Primero fueron los sucesores de Celestino Burgos los que denunciaron, a fines de 2012, un avasallamiento de derechos. Ahora son los dirigentes vecinales de 16 barrios de la zona los que objetan el destino fijado para esas tierras por la ley expropiatoria.
Según la norma, que fue promulgada el 12 de diciembre último, la fracción que colinda con los barrios San Remo, San Nicolás, Scalabrini Ortiz, El Círculo y Parque La Vega será entregada en 2.800 lotes a familias carenciadas.
Referentes de esas y otras once barriadas aledañas, pobladas por cerca de 17.000 vecinos, pusieron en claro ante funcionarios provinciales que defienden el derecho de familias sin recursos a acceder a un techo digno y que, por esa misma y fundamental razón, exigen que se entreguen allí viviendas sociales, como ocurre en las nuevas urbanizaciones de la zona norte, donde las respuestas habitacionales se canalizan a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y no, como operará en las 39 hectáreas de finca Las Vegas, por cuenta exclusiva de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat.
Los dirigentes vecinales de esa zona de la ciudad de Salta insistieron en esto, el pasado miércoles, en una audiencia con el secretario de Relaciones con la Comunidad, Federico Hanne, y su par de Obras Públicas, Sergio Zorpudes. Esperaban ser recibidos por el gobernador Juan Manuel Urtubey pero tuvieron que conformarse con las explicaciones de ambos funcionarios. Las respuestas no contentaron a los vecinos y se acordó una nueva reunión, a mediados de semana, con fecha y hora aún sin confirmar.
Los planteos vecinales
Los dirigentes de los cinco citados barrios; las etapas 2, 3 y 4 de El Círculo, Santa Anita, Don Santiago, El Porvenir, Arturo Illia, El Parque, Los Gremios, Pablo Saravia y Monseñor Tavella plantearon que el carácter solidario de la construcción y entrega de viviendas sociales se desnaturalizó de tal modo que las operatorias del IPV favorecen a las clases más acomodadas, mientras que los grupos más desposeídos terminan segregados en asentamientos precarios o informales (como castellanizó el diccionario al término brasileño favela), hacinados en taperas, sin agua potable, cloacas, seguridad ni integración social.
Los dirigentes barriales, concretamente, aludieron a una ciudad partida en dos y a una “favelización”, cada vez más marcada, en la zona sur.
Agrupados en una suerte de Federación Vecinal del Sur, reclamaron una participación activa en la planificación urbana de esas 39 hectáreas, donde consideran indispensables obras de captación, conducción y distribución de agua potable, como así también adecuaciones y ampliaciones de redes cloacales, para no agravar los problemas crónicos que arrastra toda esa zona con los servicios básicos.
En la reunión con Hanne y Zorpudes, Benito Ayón, referente de Santa Anita, hizo notar que allí cerca de 150 familias “vivimos desde hace 22 años sin agua ni cloacas” en siete manzanas.
Situación y necesidades de la zona
| Escuela La zona cuenta con una sola escuela primaria, la “Profesor Alejandro Gauffín”, con capacidad para 1.100 alumnos. Su emplazamiento actual no permite ampliaciones edilicias. Por esta razón, muchos niños que viven en las cercanías quedan sin “asiento” y terminan en alejadas escuelas, con todos los inconvenientes que ello implica. Vecinos de los barrios aledaños ven oportuno construir en los terrenos expropiados otra escuela que cubra esta necesidad, a la que suman, además, la de un colegio del nivel secundario. | Barrio Los vecinos de la zona piden que el IPV construya en parte de las 39 hectáreas expropiadas un barrio similar a El Huayco, Los Profesionales, Lomas de Medeiros y otras urbanizaciones encaradas con fondos públicos en la zona norte de la capital salteña. Aclararon que en los 16 barrios unidos por el reclamo abundan casos de dos y hasta tres familias que conviven bajo un mismo techo, con inscripciones en el IPV que promedian los 15 años y con capacidad de pago, además de los grupos anotados en Tierra y Hábitat. |
| Universidad En las tierras expropiadas en finca Las Vegas, vecinos esperaban ver construida una sede de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. La posibilidad había empezado a madurar en 2006, recordaron dirigentes vecinales de los 16 barrios de la zona en una nota dirigida al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, en enero último. En aquella nota los vecinos comenzaban a plantear su disconformidad ante la ley expropiatoria que, desde diciembre, vedó definitivamente esa aspiración. | Centro de Salud y CIC El incesante crecimiento demográfico tampoco fue acompañado en los barrios que sucedieron a San Remo con servicios de salud ni centros de integración comunitaria (CIC). Vecinos entienden que parte de las 39 hectáreas debieran aprovecharse para cubrir estas necesidades y la otros espacios públicos, como complejos deportivos, que ayuden a la contención de niños y jóvenes. Un dato: es tal el déficit de espacios de uso comunitario que las viviendas de los dirigentes barriales hacen las veces de centros vecinales. |
El desvirtuado fin de las viviendas sociales
La dirigente vecinal Silvia Gutiérrez afirmó que los barrios agrupados en la zona sur no están dispuestos a aceptar que “se iguale para abajo a los vecinos” con las tierras expropiadas en finca Las Vegas.
“No queremos una favelización, como tampoco que se niegue a familias sin recursos el derecho a acceder a un techo digno, por más sencillo y económico que éste sea, como lo impone el fin solidario de las viviendas sociales construidas con fondos públicos”, subrayó.
Gutiérrez sostuvo que esa esencia solidaria, deber central de organismos como el IPV, “no se ve desde hace largo tiempo en los programas habitacionales del Estado”.
Mucho menos -dijo- en los “cartoncitos” que se entregan a familias con bajos niveles de ingreso y suelen prestarse, no pocas veces, a infames negocios de oportunistas y peleas de “pobres contra pobres”.