El Gobierno nacional extendió hasta fin de año la eximición para el pago de contribuciones patronales que tienen los colegios privados incorporados a la enseñanza oficial, como una acción destinada a contener posibles aumentos de las cuotas.
La medida se hizo a través del decreto presidencial 249 publicado hoy en el Boletín Oficial, donde se destaca la suspensión desde “el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre inclusive, la aplicación de las disposiciones contenidas en el decreto 814”.
La norma 814, que fue establecida el 20 de junio de 2001, dejaba sin efecto las exenciones o reducciones de las alícuotas aplicadas a las contribuciones patronales.
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El Gobierno nacional extendió hasta fin de año la eximición para el pago de contribuciones patronales que tienen los colegios privados incorporados a la enseñanza oficial, como una acción destinada a contener posibles aumentos de las cuotas.
La medida se hizo a través del decreto presidencial 249 publicado hoy en el Boletín Oficial, donde se destaca la suspensión desde “el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre inclusive, la aplicación de las disposiciones contenidas en el decreto 814”.
La norma 814, que fue establecida el 20 de junio de 2001, dejaba sin efecto las exenciones o reducciones de las alícuotas aplicadas a las contribuciones patronales.
En el caso de la enseñanza privada, la suspensión de ese decreto se viene instrumentando durante los últimos años como forma de atenuar el incremento de las cuotas de esos establecimientos.
La presidenta Cristina Kirchner consideró en el decreto 249 que la aplicación de 814 “en los establecimientos de gestión privada provocará un incremento en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos brindados en instituciones cuyo personal no está totalmente alcanzado por el aporte estatal, impacto que es mayor en aquellas regiones menos favorecidas del país”.
“Tal situación puede ocasionar no sólo un detrimento en la calidad educativa, sino que al mismo tiempo puede impactar en el nivel de empleo en este sector, lo que agravaría la situación económica y social actual producida por la crisis financiera mundial y de la que el Gobierno nacional procura evitar sus mayores riesgos”, se argumentó en la norma.