“Del dicho al hecho hay un largo trecho”, dice una frase del inconsciente colectivo popular. En los dichos, a través de su ministra de Derechos Humanos, María Pace, el Gobierno de la Provincia se manifestó en un tema de gran interés para la población y causó indignación en sectores del Poder Judicial de Salta.
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“Del dicho al hecho hay un largo trecho”, dice una frase del inconsciente colectivo popular. En los dichos, a través de su ministra de Derechos Humanos, María Pace, el Gobierno de la Provincia se manifestó en un tema de gran interés para la población y causó indignación en sectores del Poder Judicial de Salta.
Como del dicho al hecho hay un largo trecho, El Tribuno consultó a un magistrado del máximo tribunal salteño para saber que acciones concretas podrían acelerar los procesos judiciales. Pero antes, no se pueden pasar por alto algunas observaciones sobre las declaraciones de la ministra Pace. “Esta crítica del Ejecutivo con en el Poder Judicial significa un atraso de 30 años. Además, hay que tener en cuenta que la Justicia es la última esperanza de miles y miles de personas, por lo que decir que es inhumana, además de desprestigiar la instituciones del Estado, resulta un mensaje muy desalentador para todos lo que buscan un fallo justo”, dijo el juez Abel Cornejo, miembro de la Corte de Justicia, la única en el país que limita el mandato de los jueces a seis años, lo que acota de hecho la independencia de los poderes y la independencia judicial que defiende nuestro sistema republicano.
“Es difícil decir que los jueces son inhumanos, porque no nacen de un repollo. Justamente existe un excelente método de selección en Salta que está pensado para que no se pueda elegir a una persona que no sea civilizada. Hoy, los jueces tiene que pasar por una serie de filtros, primero por el Consejo de la Magistratura, después por el Gobernador, después por el Senado, luego por una audiencia pública donde se ponen sobre la mesa conceptos éticos y profesionales. Por eso, no creo que pueda salir de ahí un juez inhumano, porque querría decir que fallaron los tres poderes del Estado”, dijo el magistrado.
Para Cornejo, hay tres factores concretos que harían más ágil a la Justicia. El primero es la revalorización de la medición, esa instancia que convoca a las partes enfrentadas para tratar de resolver el conflicto sin tener que llegar a un juicio. Después está la creación de tribunales contravencionales, que son los que analizarían las disputas menores. “Hay gente que inicia un juicio por la deuda de $100 pesos”, ejemplificó Cornejo. Las contravenciones representan hoy alrededor de 15 mil expedientes por año, según el juez. Estas dos medidas frenarían notablemente el caudal de causas que reciben los juzgados ordinarios. Pero para Cornejo es fundamental acompañar estas acciones con un proyecto de auditoría de la gestión judicial. “No para controlar a los jueces, sino para que se respeten los plazos”.
Los dichos de Pace y el inicio de la polémica
“La demora en las causas tiene que ver con la falta de humanización de la Justicia”, dijo Pace, y fue la frase elegida por Informate Salta, el medio que controla el Gobierno para instalar, en este caso, la polémica con la Justicia. Cuatro magistrados le respondieron en El Tribuno, sin revelar su identidad, por razones de prudencia. El ataque de Pace fue hiriente. Los jueces dijeron cosas como éstas: “La ministra banaliza el problema de la Justicia”; “los adjetivos calificativos nunca resolvieron nada, no se puede hacer campaña con la Justicia”; “trabajamos con dedicación, con responsabilidad y con un profundo compromiso con la gente” y “hacemos lo humanamente posible”. En los hechos, si el problema es la demora de los tribunales en alcanzar sentencias firmes, existen acciones que pueden ayudar a mejorar los tiempos de la Justicia. Como por ejemplo, un proyecto que lleva dos años cajoneado en el Senado y que podría resolver decenas de miles de expedientes antes de que lleguen a los tribunales ordinarios. Según publicó ayer este medio, durante 2012, un juzgado de instrucción local recibió 10 mil causas nuevas y cuenta con 18 empleados.
Además un estudio revela que Salta necesitaría 56 juzgados de instrucción, mientras que solo existen ocho.