El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, negó hoy que el Gobierno evalúe aplicar la Ley Antiterrorista para obligar a los productores sojeros a vender toda la cosecha y que de ese
modo ingresen dólares a la economía.
"Esas versiones no tienen ningún fundamento. Para un eventual caso hay otras herramientas legales vigentes, como lo es la ley penal tributaria", afirmó Echegaray en conferencia de prensa en la sede del organismo recaudador.
Versiones periodísticas habían indicador este lunes que la administración de Cristina Kirchner analizaba aplicar la norma para apurar las ventas de la soja que, según el propio Gobierno, los productores están guardando a la espera de mejores precios.
Cierto es que en la Casa Rosada esperan un mayor ingreso de divisas ante la alta demanda en un mercado interno que viene moviéndose fuerte en el sector informal, pagando el dólar en torno a los 8,35 pesos.
La ley antiterrorista (26.734) fue aprobada en el Congreso y promulgada por Ejecutivo en diciembre de 2011 bajo fuertes cuestionamientos de la oposición, movimientos sociales y organismos de derechos humanos que dudaban de su ejecución efectiva porque "criminaliza la protesta social".
El Gobierno argumentó que la norma fue una respuesta al pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el principal foro intergubernamental para la prevención y lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que amenazó al país con sanciones.
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El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, negó hoy que el Gobierno evalúe aplicar la Ley Antiterrorista para obligar a los productores sojeros a vender toda la cosecha y que de ese
modo ingresen dólares a la economía.
"Esas versiones no tienen ningún fundamento. Para un eventual caso hay otras herramientas legales vigentes, como lo es la ley penal tributaria", afirmó Echegaray en conferencia de prensa en la sede del organismo recaudador.
Versiones periodísticas habían indicador este lunes que la administración de Cristina Kirchner analizaba aplicar la norma para apurar las ventas de la soja que, según el propio Gobierno, los productores están guardando a la espera de mejores precios.
Cierto es que en la Casa Rosada esperan un mayor ingreso de divisas ante la alta demanda en un mercado interno que viene moviéndose fuerte en el sector informal, pagando el dólar en torno a los 8,35 pesos.
La ley antiterrorista (26.734) fue aprobada en el Congreso y promulgada por Ejecutivo en diciembre de 2011 bajo fuertes cuestionamientos de la oposición, movimientos sociales y organismos de derechos humanos que dudaban de su ejecución efectiva porque "criminaliza la protesta social".
El Gobierno argumentó que la norma fue una respuesta al pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el principal foro intergubernamental para la prevención y lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que amenazó al país con sanciones.