Sancionada a fines de 2011 para cumplir con la normativa del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el G-20, hasta ahora sólo fue utilizada para congelar bienes de represores acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Es la alternativa que maneja el Gobierno para presionar a los productores para que liquiden sus granos, y permitan así el ingreso de dólares, en momento en que el mercado paralelo presiona sobre el precio de la divisa.
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Sancionada a fines de 2011 para cumplir con la normativa del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el G-20, hasta ahora sólo fue utilizada para congelar bienes de represores acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Es la alternativa que maneja el Gobierno para presionar a los productores para que liquiden sus granos, y permitan así el ingreso de dólares, en momento en que el mercado paralelo presiona sobre el precio de la divisa.
La disputa es por unos u$s5.000 millones producto de la soja que, según el Gobierno, existe en silobolsas desde la cosecha pasada, algo que los productores niegan.
“No vamos a vender soja desde marzo. Que se acumulen 100 barcos en el puerto y vamos a ver cómo le va a la economía”, había advertido el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, a mediados de febrero. Algo que generó una interna en la Mesa de Enlace.
Cuando se aprobó la ley, José Sbattella, el titular de la UIF, explicó: “Deja abierto que se graban con la pena que se caracteriza como terrorismo la manipulación de mercado o el ataque a la gobernabilidad”
Según trascendió, el Gobierno esperará hasta abril para ver con qué ritmo arranca la liquidación de la actual cosecha, que tendrá su epicentro entre ese mes y junio.
Si se aplica finalmente la ley antiterrorista contra los sojeros, sería un paso por demás audaz del Ejecutivo, que dispararía, sin dudas, una escalada de protestas que las entidades agrarias ya anticipan.