El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray, aseguró que su organismo no sería el eventual encargado de aplicar la ley antiterrorista contra quienes retienen las liquidaciones de soja, sino que “aplica la ley penal tributaria”.Echegaray sostuvo que “las versiones (sobre la aplicación de la ley antiterrorista) corren por cuenta del diario (El Cronista) que las publicó” y que el organismo que encabeza “sólo aplica la ley penal tributaria”. El funcionario criticó a las cerealeras y sostuvo que las que mantienen deudas con el fisco por hacer “una viveza”, la de “preanotar existencias para descontar impuestos” no están incluidas en el plan de facilidades lanzado ayer. En ese sentido, puntualizó que Cargill le debe al fisco 228 millones de dólares, Bunge 126 millones de dólares, LDC 141 millones, Aceitera General Deheza 48 millones, Molinos 197 millones, Nidera 132 millones, Vicentín 62 millones, y Oleaginosas Moreno 17 millones.
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El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray, aseguró que su organismo no sería el eventual encargado de aplicar la ley antiterrorista contra quienes retienen las liquidaciones de soja, sino que “aplica la ley penal tributaria”.Echegaray sostuvo que “las versiones (sobre la aplicación de la ley antiterrorista) corren por cuenta del diario (El Cronista) que las publicó” y que el organismo que encabeza “sólo aplica la ley penal tributaria”. El funcionario criticó a las cerealeras y sostuvo que las que mantienen deudas con el fisco por hacer “una viveza”, la de “preanotar existencias para descontar impuestos” no están incluidas en el plan de facilidades lanzado ayer. En ese sentido, puntualizó que Cargill le debe al fisco 228 millones de dólares, Bunge 126 millones de dólares, LDC 141 millones, Aceitera General Deheza 48 millones, Molinos 197 millones, Nidera 132 millones, Vicentín 62 millones, y Oleaginosas Moreno 17 millones.
Polémica medida
La reacción del Gobierno llegó horas después de que el diario El Cronista informara que la Casa Rosada analiza utilizar la polémica norma antiterrorista para que los productores vendan la soja.
“El texto de la ley comenzó a circular por la Casa Rosada como alternativa para presionar al ruralismo a vender la soja”, indicó el matutino.
La posibilidad de que Cristina Kirchner aplique la ley 26.734 generó el rechazo de los principales representantes del campo.
La Rural
El titular de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere , calificó la medida como “un acto fascista”.
Por su parte, El diputado nacional por el Frente Peronista, Eduardo Amadeo, señaló que la aplicación de la ley antiterrorista a productores sojeros “es una medida con sesgos dictatoriales y muestra claramente la desesperación del gobierno ante los fallidos intentos de parar la sangría de dólares”.
La ley antiterrorista permite tomar como actos hostiles las manipulaciones en el mercado. En el oficialismo creen que los sojeros no venden granos para impedir el ingreso de divisas.
La disputa es por unos US$ 5.000 millones producto de la soja que, según el Gobierno nacional, existe en silobolsas desde la cosecha pasada, algo que los productores niegan.
Según trascendió, el Gobierno esperará hasta abril para ver con qué ritmo arranca la liquidación de la actual cosecha, que tendrá su epicentro entre ese mes y junio.
Cuando se aprobó la ley, José Sbattella, el titular de la UIF, explicó: “Deja abierto que se gravan con la pena que se caracteriza como terrorismo la manipulación de mercado o el ataque a la gobernabilidad”.