“Es una verdadera tragedia”, dijo Mónica Rodríguez en la puerta de acceso al Ippis. La mujer trabaja como ordenanza en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, que tiene su sede en calle Brown casi España. El jueves de la semana pasada, ese edificio había sido tomado por aborígenes de la etnia guaraní liderados por el cacique de Antonio Romero, de la localidad de Colonia Santa Rosa. Unas 100 personas se instalaron en el lugar y permanecieron, en forma rotativa, allí exigiendo al Gobierno provincial la intervención al organismo. Los apostados pedían que se les restituyan todos los beneficios que tenían en la gestión de Calermo; y que habían sido quitados en la nueva administración de Enrique Arello.
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“Es una verdadera tragedia”, dijo Mónica Rodríguez en la puerta de acceso al Ippis. La mujer trabaja como ordenanza en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, que tiene su sede en calle Brown casi España. El jueves de la semana pasada, ese edificio había sido tomado por aborígenes de la etnia guaraní liderados por el cacique de Antonio Romero, de la localidad de Colonia Santa Rosa. Unas 100 personas se instalaron en el lugar y permanecieron, en forma rotativa, allí exigiendo al Gobierno provincial la intervención al organismo. Los apostados pedían que se les restituyan todos los beneficios que tenían en la gestión de Calermo; y que habían sido quitados en la nueva administración de Enrique Arello.
Finalmente, el martes a la noche decidieron dejar la protesta y volver a sus hogares, en el norte provincial.
El escenario
A las 20 del martes recibió un llamado la ordenanza Rodríguez donde le alertaba sobre el desalojo voluntario de la gente de Romero.
A los pocos minutos llegó y se encontró con el peor escenario al cual calificó de “tragedia”. Los aborígenes habían utilizado las oficinas como habitaciones para dormir, comer y hacer sus necesidades; no utilizaron los baños. Destruyeron la mayoría de los expedientes con los que estaba trabajando la institución. Destrozaron los escritorios, las sillas y las computadoras quedaron inutilizadas. Además violentaron las cerraduras de las puertas de las oficinas de la contaduría y del abogado.
Los pedidos de los manifestantes
Días atrás, Antonio Romero dialogó con El Tribuno y dijo que están allí porque “quieren defender los derechos de todas las comunidades aborígenes”. Pedía que Arello les pague la pasantías, les dé los pasajes de colectivo que necesitan y les otorgue la vivienda digna a todos los aborígenes. “No estamos pagados por nadie. Venimos porque no nos dan lo que necesitamos”, sostuvo reiteradamente el cacique.
Sin embargo, los empleados del Ippis dijeron que los usurpadores se fueron en un camión propiedad de Calermo. El vocal Miguel Siares fue consultado sobre la supuesta vinculación de la gente de Romero con Calermo.
Siares aseguró de no responden a Calermo y que la resistencia se debe a que Arello quitó los recursos para determinados pueblos y los beneficios para algunas comunidades.