El Gobierno convirtió en ley el decreto de necesidad y urgencia (DNyU) 3443 y prorrogó por un año más la emergencia económica y administrativa de la provincia, la que fue declarada por primera vez en 1990 y que ya lleva 23 años de vigencia.
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El Gobierno convirtió en ley el decreto de necesidad y urgencia (DNyU) 3443 y prorrogó por un año más la emergencia económica y administrativa de la provincia, la que fue declarada por primera vez en 1990 y que ya lleva 23 años de vigencia.
Por segundo año consecutivo, Urtubey evitó mandar un proyecto de ley a la Legislatura y apeló al DNyU, un mecanismo constitucional contemplado para casos de excepción.
El DNyU 3443 fue emitido el 12 de noviembre pasado y enviado a la Legislatura, con ambas cámaras en pleno funcionamiento.
No obstante, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, el oficialismo hizo “dormir” al DNyU.
Cumplido el plazo constitucional, de 45 días, sin ser aprobado o rechazado por las cámaras legislativas, el Gobierno publicó ayer, en el Boletín Oficial, la ley 7768 que dispone un año más de emergencia económica y administrativa.
Esta se venía estableciendo por ley, pero desde el 2011, Urtubey decidió obviar el debate legislativo.
La oposición hizo notar que el artículo 145 de la Constitución Provincial dice que solo en caso de estado de necesidad y urgencia, o que esté amenazado el funcionamiento de los poderes públicos, el Ejecutivo, previa consulta al Fiscal de Estado y a los titulares de las cámaras legislativas, puede dictar decretos sobre materias de competencia legislativa.
“La prórroga de la emergencia económica es inconstitucional, ya que no se configuran las circunstancias que facultan al Ejecutivo a dictar un decreto en carácter de necesidad y urgencia”, criticó en Diputados el bloque del PPS cuando el oficialismo le impidió pedir explicaciones sobre otra declaración de emergencia a través de un DNyU.