Hace 25 años que Sofía Benítez de Ruiz reclama en la justicia por un terreno de su propiedad que se encuentra ocupado por una familia que en aquel entonces no conocía. Recién el año pasado la justicia falló a su favor y la orden de desalojo se cumplió el 1º de agosto, pero la posesión del mismo, todavía, no pudo concretarse.
El terreno está ubicado en Dorrego 550 del macrocentro de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.
“Después del desalojo, el usurpador permaneció un mes en la vereda, cuando el IPV le adjudicó una casa se retiró, pero al poco tiempo regresó para ocupar de nuevo la casa prefabricada que montó en una parte importante del terreno que nos pertenece”, manifestó Sofía Benítez a El Tribuno con la documentación que acredita la titularidad en sus manos. “El terreno lo compramos con mucho sacrificio, pero resulta que después de 25 años no podemos darle punto final a este eterno litigio porque los intrusos regresaron”, indicó Benítez.
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Hace 25 años que Sofía Benítez de Ruiz reclama en la justicia por un terreno de su propiedad que se encuentra ocupado por una familia que en aquel entonces no conocía. Recién el año pasado la justicia falló a su favor y la orden de desalojo se cumplió el 1º de agosto, pero la posesión del mismo, todavía, no pudo concretarse.
El terreno está ubicado en Dorrego 550 del macrocentro de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.
“Después del desalojo, el usurpador permaneció un mes en la vereda, cuando el IPV le adjudicó una casa se retiró, pero al poco tiempo regresó para ocupar de nuevo la casa prefabricada que montó en una parte importante del terreno que nos pertenece”, manifestó Sofía Benítez a El Tribuno con la documentación que acredita la titularidad en sus manos. “El terreno lo compramos con mucho sacrificio, pero resulta que después de 25 años no podemos darle punto final a este eterno litigio porque los intrusos regresaron”, indicó Benítez.
Encadenados
La causa que involucra a Ramón Rosa Vivas fue caratulada como usurpación, violación de domicilio, daños y desobediencia judicial.
Después del desalojo, en diciembre del año pasado, Vivas se manifestó, junto a su familia, encadenado en la plaza 9 de Julio de la Capital por los derechos que considera que le asisten y con un boleto de compraventa aseguraba demostrar la titularidad. En aquella oportunidad las autoridades consideraron la difícil situación que atravesaba la familia desalojada que tiene una integrante discapacitada y gestionaron ante el IPV la adjudicación de una vivienda en Orán. La casa fue ocupada durante algún tiempo pero en estos momentos la situación vuelve a repetirse con el regreso de Vivas al terreno de la calle Dorrego 550.
Federico Hanne, Secretario de relaciones con la comunidad, manifestó en aquellos difíciles momentos de la manifestación de Vivas que “en dos oportunidades el Gobierno llegó a un acuerdo con esta persona pero el titular no tomó posesión de la vivienda que se le había logrado adjudicar atendiendo la situación crítica en la que se encontraba”.