La medida cautelar que frenó un “tarifazo” de gas en 2008 quizás no sería posible si se aprobara la reforma judicial que impulsa Cristina Fernández de Kirchner. El proyecto que anunció la mandataria cambiaría las reglas para utilizar esta figura que, en los últimos años, permitió proteger derechos tan básicos como el de una jubilación digna. En Salta hay cuestionamientos y piden que legisladores nacionales participen de un debate sobre el tema en la provincia.
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La medida cautelar que frenó un “tarifazo” de gas en 2008 quizás no sería posible si se aprobara la reforma judicial que impulsa Cristina Fernández de Kirchner. El proyecto que anunció la mandataria cambiaría las reglas para utilizar esta figura que, en los últimos años, permitió proteger derechos tan básicos como el de una jubilación digna. En Salta hay cuestionamientos y piden que legisladores nacionales participen de un debate sobre el tema en la provincia.
La Presidenta envió al Congreso varios proyectos de ley para modificar el funcionamiento de la Justicia. Entre otros puntos, se propone que haya una serie de condicionantes para dictar una medida cautelar en contra el Estado.
Este recurso permite pedirle a la Justicia que tome una decisión rápida para evitar un daño sin esperar los casi siempre prolongados tiempos de un juicio.
Por esta vía se suspendieron incrementos superiores al 300 por ciento en la boleta del gas que se habían generado como consecuencia de una decisión del Gobierno nacional en 2008.
El proyecto que promueve Cristina Fernández de Kirchner establece que los jueces no pueden conceder medidas cautelares que afecten o comprometan recursos del Estado.
“Si la iniciativa se aprobara y se planteara una demanda como la del 2008 por el gas, se podría rechazarla con el argumento de que quizás impacte en la recaudación. De esa forma, hubiéramos tenido que pagar”, señaló a El Tribuno Alvaro Ulloa, defensor del Pueblo de Salta y autor de la presentación por la que hubo vuelta atrás para la suba.
El defensor del pueblo recordó que en la causa por el incremento tarifario, por ejemplo, quedaron sin efecto los aumentos pero pasaron años sin una sentencia definitiva
El proyecto además se fija en seis meses el plazo por el cual debe extenderse una cautelar, aunque pueden ser prorrogables. “Con todos estas restricciones, buscan que no se recurra más a esta posibilidad”, consideró Ulloa.
La reforma también estipula que las cautelares contra el Estado podrían quedar sin efecto si los funcionarios apelan, salvo cuando estén en juego cuestiones relacionadas con la vida, la salud o los derechos alimentarios.
La idea forma parte de un paquete que también incluye cambios en el Consejo de la Magistratura y en las instancias de apelación, pero está entre los que podrían tener una incidencia más directa en la forma de acceder a la Justicia.
Inician 14 amparos por mes
La medida cautelar sirve para que un ciudadano o institución le pida al Poder Judicial prevenir un perjuicio hasta que llegue el fallo definitivo en una causa.
Si alguien quiere que la Justicia le devuelva una vivienda, por ejemplo, podría requerir que se prohiba venderla hasta que se defina de quién es.
Unos 14 recursos de amparo por mes se presentan solo en el distrito centro de la Justicia provincial para reclamar la protección de derechos básicos. Si bien no hay estadísticas al respecto, estas demandas van acompañadas de solicitudes de medidas cautelares en gran parte de los casos.
Eduardo Romani, presidente del Colegio de Abogados de la provincia, consideró que la propuesta merece un análisis detenido porque puede implicar un giro en la manera de ejercer el derecho.
La entidad que nuclea los letrados locales convocó a los legisladores nacionales por Salta a exponer sus posturas sobre la reforma judicial el viernes a la mañana en su sede de Sarmiento 302.
“El proyecto tiene por objetivo favorecer la posición del Estado frente a los reclamos de los ciudadanos”, difundió la Asociación por los Derechos Civiles en un comunicado.
La senadora nacional por Salta, Sonia Escudero, opinó que no está mal que exista una regulación, aunque reclamó varias modificaciones a la iniciativa oficial en plenarios que se realizaron esta semana.
El proyecto también supone que la Justicia le comunique al Gobierno si se inicia una medida en su contra para que responda con un informe en el que exponga cuál es “el interés público comprometido” por el reclamo.