El Gobierno de la Provincia reconoció el progresivo aumento del narcotráfico y el consumo de drogas en los jóvenes en el norte de Salta. Lo hizo a través del ministro de Gobierno, Julio César Loutaif, durante una entrevista realizada por FM Capital. Para contrarrestar esta situación, Loutaif anunció que el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, se comprometió a reforzar la frontera y a radarizar la zona. No dio fecha de cuándo se aplicarán esas medidas, como tampoco fijó posición respeto al estado de abandono en que quedó Salvador Mazza con el retiro de Gendarmería. Luego de esta desacertada medida, el propio juez federal de Orán, Raúl Reynoso, advirtió que pronto esa localidad norteña pasará a llamarse “Salvador Juárez”, en alusión al Cartel de Juárez, la organización criminal mexicana dedicada al narcotráfico. Los hechos demuestran que el crimen organizado ya sentó sus reales en aquella zona, y que de a poco comenzó a extender sus tentáculos para marcar a fuego y sangre su territorio. Un claro ejemplo fue el atentado mafioso contra dos vecinos de Salvador Maza y de Bolivia, en octubre del año pasado en la selva de Acambuco. Tras ese baño de sangre, hubo otras dos muertes en el vecino país. Días pasados, la última víctima fue el cambista jujeño Marco Antonio Ortega, cuyo cuerpo apareció en el pueblo de La Caldera. La policía asocia la desaparición de Walter Mazza, el conductor de un Renault Logan abandonado en la zona, con el asesinato de Ortega. En 2011, el narcotráfico salpicó al propio gobernador Urtubey cuando tres policías fueron sorprendidos con 50 kilos de cocaína. Pero no solo fue la droga lo que embarró la cancha, sino el espionaje político que, según los narcopolicías, realizaron por directivas de las más altas esferas gubernamental. El subcomisario Gabriel Giménez y el oficial Carlos Gallardo reconocieron haber intervenido celulares y teléfonos de gremialistas y opositores, entre ellos al diputado nacional Alfredo Olmedo, quien le disputó el sillón a Urtubey. Como prueba de sus dichos entregaron videos y audio de las reuniones con el exdiputado Alfredo Petrón y Helio del Frari, asesor del gobernador. “Hay policías que terminan presos o suicidados por no hacer lo que el Gobierno les pide”, dijo la esposa de Gallardo en una carta enviada a los medios. Su mensaje apunta al caso de Néstor Píccolo, el jefe de la Brigada de Investigaciones que se quitó la vida en noviembre de 2011. Allegados al comisario dejaron entrever que estaba sufriendo presiones, aparentemente, para modificar el rumbo de algunas investigaciones.

Los crímenes mafiosos, desde hace un año a esta parte, comenzaron el 28 de junio 2012 en el paraje El Arenal, en Salvador Mazza, donde fueron ejecutados Gonzalo Guzmán Daniel “Coqui” Aráoz. El mes siguiente, la víctima fue el remisero Marcelo Torres, asesinado en Tarija, tras haber sido secuestrado en Salvador Mazza. El 10 de octubre, Horacio Tomás López (35), Juan Carlos Callejas (34) y Andrés Plata (32) fueron masacrados en Acambuco. Luego de este baño de sangre, el accionar mafioso se trasladó al vecino país, donde en diciembre un hermano de Plata vengó su muerte. Pero una semana después el hombre fue ultimado en Yacuiba por el mismo sicario que había contratado para eliminar al líder de la banda del triple crimen de Acambuco. El 11 de enero pasado, Marcos Antonio Arana (27), que residía en Salvador Mazza, fue acribillado con 18 tiros en Yacuiba. La última fue el cambista jujeño Marcos Antonio Ortega (59), cuyo cadáver fue hallado días pasados cerca del pueblo de La Caldera. La policía asocia la desaparición de Walter Mazza, el conductor de un Renault Logan abandonado en la zona, con el asesinato del cambista.

Entre la inseguridad y la violencia generalizada

Orán y Tartagal, con más de 100 mi habitantes cada una, son las ciudades más importante de Salta, después de la capital y, como tal, son las principales afectadas por el flagelo de la droga, debido a su cercanía con Bolivia. La situación se agravó en los últimos años, cuando la droga de los pobres (el paco) se expandió por los barrios periféricos, teniendo como fuente de alimentación las bocas de expendio que surgieron como hongos en cualquier vivienda. A partir de ese momento comenzó a multiplicarse el número de adictos, lo que trajo aparejado el incremento de la inseguridad y la violencia. Hace dos años, el fiscal federal José Luis Bruno reveló que los 52 barrios de Orán estaban contaminados con la droga. Según Alberto Mercado, integrante de “Barrios de Pie”, en la ciudad norteña hay entre 15 y 20 mil chicos adictos. El mes pasado, en ocasión de la visita de un grupo de legisladores nacionales encabezado por Ricardo Alfonsín, las Madres del Dolor describieron con crudeza la sufrida lucha que están librando para salvar a sus hijos. Las mujeres reclaman con carácter de urgente la creación de centros especializados para asistir a los adictos, una duda que el gobernador no pudo saldar. Otra de las preocupaciones es la violencia generalizada que a diario viven esas poblaciones. Días pasados, un adicto hirió de gravedad a un niño de 13 años. El diputado Marcelo Bernad atribuyó este drama a la falta de seguridad y, como respuesta de esa inacción, el Concejo Deliberante repudió al ministro Loutaif, al que le cuestionan que ni atiende ni soluciona los graves problemas de la ciudad donde vive. Lo repudiaron, además, por la represión policial a un grupo de trabajadores.

 

Como en la peor época

Las denuncias de espionaje político realizadas por los policías Giménez y Gallardo traen a la memoria la peor época de la última dictadura militar en la que el estratégico Departamento de Inteligencia (D2) de la Policía de la Provincia jugó un papel preponderante. Los arrepentidos revelaron que se crearon tres divisiones, las que realizan tareas de espionaje y registran los movimientos de manifestaciones gremiales y sociales con fotografías y filmaciones encubiertas. En los juicios por crímenes de lesa humanidad, como el del exgobernador Miguel Ragone y el de la megacausa de la UNSa que se está realizando actualmente, numerosos testimonios dieron cuenta de que el D2 era el que hacía inteligencia a estudiantes, gremialistas y políticos. A esta área le atribuyen la responsabilidad de la mayoría de los secuestros y desaparición de personas a partir de los informes de inteligencia que los agentes encubiertos realizaban a sus superiores. Los dichos de los imputados contrastan con la decisión política del gobernador Urtubey de garantizar los derechos de los ciudadanos para que aquella triste historia no se repita nunca más y que la policía se limite a cumplir con la tarea de prevenir y reprimir el delito. Por ese motivo resolvió otorgarle el rango de Ministerio a la anterior Secretaría de Derechos Humanos, con la misión de que este organismo lo asista en todo lo concerniente a las políticas de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales, y la Constitución Nacional y Provincial.

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