No quieren ni que se escape una coma de lo que difunden los diarios, los programas de televisión, las radios locales o los portales de internet. Desde noviembre de 2008 el procurador Pablo López Viñals, a través de la empresa Troka SRL, realiza un monitoreo sigiloso, pero activo y constante, a los medios de comunicación, principalmente en cuestiones políticas. No solo quiere la desgrabación de las preguntas y comentarios periodísticos, sino también las opiniones de los entrevistados.
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No quieren ni que se escape una coma de lo que difunden los diarios, los programas de televisión, las radios locales o los portales de internet. Desde noviembre de 2008 el procurador Pablo López Viñals, a través de la empresa Troka SRL, realiza un monitoreo sigiloso, pero activo y constante, a los medios de comunicación, principalmente en cuestiones políticas. No solo quiere la desgrabación de las preguntas y comentarios periodísticos, sino también las opiniones de los entrevistados.
El Tribuno constató que ninguna de las resoluciones por la contratación del servicio de Troka SRL para el Ministerio Público fueron publicadas en el Boletín Oficinal como tal. Ni la primera que origina la prestación en noviembre de 2008, ni las posteriores prórrogas anuales. Solo se dio lugar a avisos administrativos, sin detalles ni razones. Una vez más, el polémico procurador Pablo López Viñals, evitó que sus acciones salgan a la luz.
“¿Con qué fin el procurador quiere disponer de las posturas y entrevistas de los periodistas?”, planteó el abogado Gonzalo Guzmán, titular del portal web Salta Transparente.
A fines de febrero, el profesional elevó una nota en el Ministerio Público para acceder a los contratos celebrados entre el cuerpo tripartito y Troka SRL. “Considero que es información pública, sin embargo no pasó nada. Presenté otra el 26 de marzo exigiendo una respuesta en cinco días. Y al día siguiente recién accedí a la documentación”, relató Guzmán.
Con el contrato, López Viñals amplifica su oído y su vista a los asuntos relacionados con el Gobierno provincial, la Municipalidad, el Poder Legislativo, la Justicia y el Concejo Deliberante: en síntesis, en temas políticos. Como último ítem se exige la desgrabación o el audio de “todo tema de interés general o que sea de su utilidad”, garantizando el “mínimo error”. Sin embargo, la notitia criminis no es una política del día a día de la Fiscalía.
La primera contratación de locación de servicios se concretó bajo el expediente 130-12772/08 y la resolución 6360/08 . En Salta no había antecendentes de que el Ministerio Público contrate una empresa para “monitorear” los medios de comunicación.
Luego hubo cuatro prórrogas anuales, con las mismas características de las prestaciones. Lo único que se modificó fue el precio del servicio: se comenzó con un abono mensual $1.000 y saltó $1.828, 80. La último prórroga, resolución 10.080, se hizo en noviembre de 2012 y se extiende hasta el mismo mes de este año.
Llama la atención el valor de la prestación, ya que no alcanza para cubrir ni un salario mínimo. Troka SRL está obligada a emitir cuatro informes diarios. El primero con adelantos y titulares de las noticias de los medios gráficos y digitales a las 8.30, de lunes a viernes. En el segundo, con las notas, entrevistas y/o comentarios vertidos en radio y televisión a las 10.30. Para el tercer envío se fijó la franja de 13 a 13.30 y el último a las 20.
Apenas escuchen el nombre López Viñals, Ministerio Público, procurador general, fiscales, defensores o asesores, un alerta inmediata a través de correo electrónico o un llamado telefónico. La notificación debe cumplirse “en el momento en que se esté desarrollando una nota, comentario o entrevista que involucre temas en relación con el suscriptor”, señala la cláusula tercera del contrato.
Aunque ya no es parte de la empresa, el actual secretario de Comunicación, Juan Pablo Rodríguez, participó en la constitución de Troka en abril de 2008 junto a José María Zambrano y Federico Storniolo.
“El interés del Ministerio Público va mucho más allá de la finalidad de un servicio de clipping, que consiste en la recopilación de información que publican los medios, con el objeto de relevar la presencia de marcas, personas con el fin de elaborar estrategias para mejorar su imagen, potenciar sus productos, etc”, cuestionó Guzmán.
Además, remarcó: “No parece ser esa la finalidad que se propone el Ministerio Público con este tipo de contratos. El interés pasa por otro lado. Su pretensión es conocer y recopilar todo lo que dicen, opinan y comentan los periodistas auditados y sus entrevistados quizá por aquello de que la información es poder”.