Pese al optimismo que reina entre las inmobiliarias por el blanqueo de capitales, el nuevo instrumento que prevé el Gobierno nacional para reactivar el mercado, la principal inquietud de los empresarios del sector pasa ahora por cómo se harán de los dólares una vez que reciban el Cedin tras realizar una operación.
“Desde que lo del blanqueo de capitales salió, tuvimos la preocupación de que la reglamentación sea clara y sencilla, con marco jurídico, que pueda devolver la confianza por todo lo sucedido (en el mercado de cambios). Ahora que el proyecto está en marcha, seguimos preocupados”, enfatizó el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Roberto Arévalo.
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Pese al optimismo que reina entre las inmobiliarias por el blanqueo de capitales, el nuevo instrumento que prevé el Gobierno nacional para reactivar el mercado, la principal inquietud de los empresarios del sector pasa ahora por cómo se harán de los dólares una vez que reciban el Cedin tras realizar una operación.
“Desde que lo del blanqueo de capitales salió, tuvimos la preocupación de que la reglamentación sea clara y sencilla, con marco jurídico, que pueda devolver la confianza por todo lo sucedido (en el mercado de cambios). Ahora que el proyecto está en marcha, seguimos preocupados”, enfatizó el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Roberto Arévalo.
Lo cierto es que el Certificado de Depósito para Inversión Inmobiliaria (Cedin) es un instrumento financiero que el Gobierno nacional incluyó en el proyecto de blanqueo de capitales, que hoy será tratado en el recinto de la Cámara de Senadores, en sesión especial.
En declaraciones radiales, Arévalo sostuvo además que “la preocupación más importante es la seguridad que tiene el propietario o vendedor de hacerse de los dólares billete en el momento de la operación”.
En ese sentido expresó: “El mercado inmobiliario conoce, tiene el expertise suficiente para saber que ningún propietario está dispuesto a recibir el Cedin, por lo menos por ahora, hasta que no haya confianza”.
Es que el objetivo del Gobierno es claro. La Casa Rosada busca “blanquear” fondos en dólares que no fueron declarados, y reactivar el mercado inmobiliario, muy golpeado por las severas restricciones que el Poder Ejecutivo impuso en el mercado cambiario.
El procedimiento
Según la iniciativa oficial, quien quiera comprar una propiedad con dólares que no había declarado deberá presentarse con el dinero ante una entidad financiera, que solo actuará como intermediaria, y recibirá a cambio el Cedin.
Ese dinero integrará un fideicomiso en el Banco Central y el certificado tendrá poder cancelatorio para operaciones en dólares.
Así, el vendedor de un inmueble podrá obtener los dólares billetes una vez concretada la operación.
La promesa de Moreno
Ante la genuina preocupación de los empresarios del sector, la idea del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, es que entre la firma del contrato y el pago medien 48 horas, pero las inmobiliarias pidieron que ambos actos sean instantáneos. Y se llevaron una especie de promesa de que serán invitadas a la hora de reglamentar la norma.
El funcionario nacional “dijo que en el momento debido se va acordar y va a llamar a los presidentes de los colegios y cámaras para colaborar. Qué mejor que ustedes que palpan el mercado para la reglamentación”, replicó Arévalo.
El blanqueo al Senado
El Senado tratará hoy la ley de blanqueo de capitales. La sesión, que se presume durará varias horas, será en base al dictamen que salió de comisiones con la firma mayoritaria del oficialismo a favor de la iniciativa. El Gobierno contaría con los votos para aprobar la medida.
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso autoriza la creación de dos bonos que permitirán el blanqueo de capitales no declarados tanto en el país como en el exterior. Mediante la aprobación de esta ley, el Ministerio de Economía podrá emitir el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (Baade) y el Certificado de Depósito para Inversión (Cedin), además de un pagaré de ahorro para el desarrollo económico. Según consta en el proyecto, quienes deseen cambiar divisa extranjera por estos bonos no estarán obligados a revelar su origen ni la procedencia de los recursos con los que se obtuvo. Además, estarán exentos del pago del impuesto a las Ganancias y de cualquier gravamen especial.