La Corte Suprema de Justicia resolvió hoy mediante una acordada que todos los tribunales federales, nacionales y orales del país deberán difundir sus fallos en la página de Internet del Centro de Información Judicial (CIJ).
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La Corte Suprema de Justicia resolvió hoy mediante una acordada que todos los tribunales federales, nacionales y orales del país deberán difundir sus fallos en la página de Internet del Centro de Información Judicial (CIJ).
La medida fue adoptada antes de que entre en vigencia la ley que establece la publicación de todos los fallos emanados de la Justicia, que forma parte del paquete de reforma judicial impulsado por el Poder Ejecutivo.
Si bien en la acordada se habla de “exclusividad”, fuentes del máximo tribunal explicaron que “los jueces podrán informar sobre el fallo que desean pero no podrán no publicarlo a través del CIJ”.
Según se informó, será la propia Corte la que decida qué otros medios tendrán la posibilidad de difundir fallos, ya que en un punto de la acordada se estableció que “sólo el Tribunal puede autorizar convenios, sea con entidades públicas o privadas, que tengan por objeto la publicación de las sentencias”.
En ese sentido, advirtió que los acuerdos “que hayan sido concertados sin consulta al Tribunal o en otras condiciones que las indicadas quedarán sin efecto”.
“Las cámaras federales o nacionales, así como los tribunales orales, sin excepción alguna, publicarán -exclusivamente- todas las sentencias, acordadas y resoluciones administrativas que suscriban a través del Centro de Información Judicial”, señaló la acordada del Tribunal.
Los seis jueces de la Corte, excepto Raúl Zaffaroni que se encuentra fuera del país, resolvieron que “la publicación oficial de sentencias, acordadas y resoluciones administrativas sólo puede realizarse del modo fijado”.
El Tribunal sostuvo que “la transparencia y publicidad de la gestión de gobierno son pilares fundamentales de una sociedad democrática” y remarcó que “el fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona a conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan”.