En el allanamiento que se realizó en el domicilio de Daniel Palacios se encontraron los documentos falsos que utilizaba Héctor Vilte.
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En el allanamiento que se realizó en el domicilio de Daniel Palacios se encontraron los documentos falsos que utilizaba Héctor Vilte.
En la Justicia y en el Ministerio Público hay causas desagrupadas sobre una red que se dedica a vender terrenos ajenos, principalmente en Anta, Rivadavia, San Martín y Cafayate, por lo menos desde 2007. La red incluye a personas que cambian de identidad, contadores, abogados, escribanos y hasta trabajadores de la Dirección de Inmuebles.
En la feria judicial, tras ser excluida del hogar por supuesta violencia familiar, Graciela Salazar confirmó ante escribano y a la Fiscalía que los cabecillas eran su marido, Daniel Palacios, y el contador Rogelio Guaymás. El mecanismo era similar en varias operaciones, según Salazar. “El contador arma la sociedad trucha, mi ex marido es quien presenta todos los papeles a los escribanos”. Además, señaló la participación de empleados de Inmuebles. Entre ellos mencionó a Hugo Valenzuela, Griselda Vasconcellos y “una tal Carmen”, de la sección Planos.
En 2011, a través de un llamado telefónico, los propietarios de la firma Quebrachales se enteraron que tres fincas (El Arenal, La China y Pozo de Guayán) de Anta habían sido transferidas en forma fraudulenta. En el medio hubo libros societarios truchos e identidades falsas. Uno de los nuevos “dueños” logró colocar una hipoteca del banco HSBC por $1,2 millones. Así, Quebrachales inició una causa en el Juzgado de Instrucción Formal de 8va. Nominación. El 12 de abril, la agente penal N§ 4, Liliana Jorge, promovió acción penal contra Palacios, Guaymás y una decena de personas por asociación ilícita. Mientras que el juez Federico Diez ordenó una serie de allanamientos que se realizaron en la capital salteña y La Caldera. Además, se supo, solicitó a los juzgados y a las fiscalías penales en Delitos Económicos que informen urgente aquellos donde aparezcan los involucrados. Una de las lupas apunta a las ventas realizadas en el interior ante el escribano Sergio Vélez.
El 17 de mayo de 2012, El Tribuno había publicado el artículo “Una red falsifica documentos para vender tierras ajenas” y el 30 de ese mes “Un escurridizo estafador experto en tierras ajenas”. En ambas se exponía cómo una persona, ya identificada como Héctor Vicente Vilte, de la localidad de La Caldera, operaba con documentos de identidad falsos como Cristian Sánchez y Miguel Díaz.
En 2010, con el nombre trucho de Sánchez, recurrió a libros societarios apócrifos de Quebrachales para vender La China y Pozo de Guayán, de la firma Quebrachales, al cordobés, quien sería de escasos recursos, Cristian Enzo Fernández por $95 mil cada una. La empresa está radicada en Buenos Aires, pero en el '60 se asentó en Salta, como lo establecía la legislación, en el Registro de Comercio al comprar tierras en Anta.
Según las declaraciones de Salazar, su marido, quien se presenta como gestor inmobiliario de campos, y el contador Guaymás pergeñaron la “misión”. “Ellos siempre buscan viejos asientos sin movimientos en Inmuebles. En caso de tratarse de sociedades, en el Registro Público de Comercio. Allí advierten que únicamente había un estatuto social”.
Según el relato de la mujer, los libros societarios truchos se llenaron en la casa de Palacios, en Tres Cerritos, por Palacios, su cuñada Angela Rodríguez y el secretario del contador. Así, plasmaron en los documentos societarios que Sánchez (Vilte en verdad) era el presidente de Quebrachales SA y Sandra Ortiz como socia, pero se constató que la firma que figuraba en libros de asamblea no era de esta mujer.
Salazar calificó a Vilte y al comprador Cristian Enzo Fernández como uno de los “soldados” de Palacios. Solo recibían “una mínima suma de dinero”, y aclaró que Enzo Fernández es excuñado de Palacios.
Fernández vendió La China y Pozo de Guayán (470 hectáreas) al productor Pablo Fernández Sendín, quien reside en Tucumán. Salazar narró que Sendín había aceptado ser parte del “negociado”, pero después no quería vender la finca, sino desarrollarla, pese a que el acuerdo era comprarla a un precio mínimo y después venderla a precio real”. La operación se hizo ante la escribana Carmen del Rosario Pacheco.
Los mismos nombres en más estafas
Esta asociación estaría vinculada a otras causas que tienen curso en la Fiscalía Penal N§ 2 de Delitos Económicos, en los juzgados de Instrucción Formal de Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Nominación. En la mayoría se realizaron ante el escribano Sergio Vélez.
El 26 de junio de 2007, Carlos Páez, en representación de Arcosu SCA, vende a $45 mil, 8.056 hectáreas de Rivadavia a Héctor Vilte, quien procedió con la identidad falsa de Miguel Angel Díaz. Según Salazar, el hombre trabajaba como peón del contador Guaymás. La operación se concreta ante el escribano Vélez.
Ante la escribana María José Prieto, el 10 de diciembre de 2007, el falso Díaz vende por $150 mil el 50 % a Gabriel Aguirre Mauri, con supuesto domicilio en Santa Fe, y el otro 50% a Angela Rodríguez, cuñada de Salazar.
Rodríguez vende el otro 50% a Aguirre Mauri por $ 98.500, y finalmente 13 de septiembre de 2011, ante la escribana Gabriela Alicia Molina, Aguirre Mauri transfiere el inmueble a miembros de la familia Marchisio; Juan José, Gustavo Marcelo, Diego Fernando, todos residentes en la provincia de Santa Fe. También a Javier Elder, a Rafael Pérez del Viso Perrero, y a Luis Demaría por $ 550.000. Existe una causa caratulada “Sociedad Orcusu por Estafa en perjuicio de Mario Actis Marquet, en la Fiscalía Penal de Delitos Económicos Complejos”. Vélez también actúa como escribano en una extraña transferencia de inmueble en Cafayate. Y vuelve a mostrarse Vilte como Miguel Angel Díaz junto a Rafael Sanabria en representación de Vitivinícolas Calchaquí S.A. Como comprador firma Víctor Ferreira, pero su verdadera identidad es Eduardo Chocobar. La causa está en el Juzgado de Instrucción Formal Sexta Nominación.
Se supo que hay un caso en la Justicia por una transacción en San Martín. Otra vez aparecen Vilte y el escribano Vélez
Las ventas fraudulentas de Anta destaparon la olla
Las fincas de Anta, sobre la ruta 16, no están abandonadas. Quebrachales SA tiene cabezas de ganado y se dedica a la producción agrícola. Al hipotecar esas tierras, el nuevo “dueño”, Sendín, accedió a un crédito del Banco HSBC, sucursal Tucumán, por $1.200.000. Lo extraño es que no se constató la visita del tasador. La Justicia ya ordenó una declaración del gerente de la sucursal tucumana. Sendín es socio de la firma P&L Agrícola. A través de esta empresa adquirió la finca “El Arenal” (1308 hectáreas), también de Quebrachales SA. Es el predio que ingresa a La China y Pozo de Guayán. En esta oportunidad, Ricardo Martínez se hizo pasar por titular de Quebrachales. La venta se realizó por $2.000.000 el 18 de febrero de 2011, ante la escribana Letty de Bocanera.
Pese a que las tierras tienen dueños anteriores, el productor hasta logró obtener el permiso de desmonte para uno de los catastros ante el Ministerio de Ambiente y Producción.
En la versión de Sendín las tierras eran 100% monte y “no pudo observar gente lugareña viviendo allí”.
En la causa, alegó que no comprendía la acusación en su contra ya que contó con el asesoramiento de profesionales que le manifestaron que no había motivos que posibiliten sospechar de irregularidades en la concreción de la operación.
Ante la fiscal, Salazar precisó que los documentos de identidad que se usaban para las operaciones los conseguía el contador. Y los papeles los guardaban en la casa de la madre de Palacios, en un placard con llaves. Otros fueron enterrados y algunos hasta quemados por su marido.
Hasta que salieron las publicaciones de mayo del año pasado en El Tribuno, Salazar asegura que creía que todo era legal y recién advirtió que se trataban de maniobras fraudulentas al ver lo documentos falseados en el diario.