Esta tarde se llevó a cabo en la Legislatura una reunión entre diputados provinciales y las ministras de Justicia y Derechos Humanos, María Inés Diez y María Silvia Pace, respectivamente.
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Esta tarde se llevó a cabo en la Legislatura una reunión entre diputados provinciales y las ministras de Justicia y Derechos Humanos, María Inés Diez y María Silvia Pace, respectivamente.
La reunión pasó prácticamente desapercibida a pesar de que tanto la población como los legisladores querían conocer los pormenores especialmente de la situación en Joaquín V. González tras la violación y asesinato de la niña de 9 años Claudia Judith Palma.
Al respecto, lo más controversial que expuso la ministra Pace fue que no consideraba que la niña haya estado trabajando por el hecho de estar repartiendo pan: “No sé hasta qué punto se puede considerar trabajo infantil lo que hacía Claudia Palma en ese momento, ya que únicamente repartía el pan”, dijo.
Por su parte, la ministro Diez comentó que seguramente al final de esta semana se eleven al juez de intervención los resultados de las muestras genéticas que se están analizando en los laboratorios del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
El único diputado por Anta que estuvo presente fue Pedro Sández, del Partido Justicialista, quien aprovechó para exponer que es necesario poner en ejecución herramientas de prevención: “Creo que las falencias son gravísimas y nosotros necesitamos la presencia y la aplicación de los programas que tienen los ministros que muchas veces no llegan a la gente por falta de gestión”, manifestó.
Y al describir la situación de pobreza en la que se encuentra el departamento de Anta opinó que estos acontecimientos “pueden ser producto de falta de decisión y de tomar medidas políticas profundas”.
Otros temas
En ocasión de la presencia de ambas ministras, una treintena de legisladores aprovecharon para preguntar y escuchar sus posturas en referencia a otras cuestiones como lo que refiere a trata de personas, a los casos de torturas por parte de los policías, a las torturas que se registraron en un Centro de Desarrollo Infantil de Orán y al desalojo del barrio 17 de Octubre, entre otras cuestiones.
En cuanto al caso de torturas a niños en el CDI de Orán, la ministra Pace aclaró que las acusadas fueron trasladados a un hogar de ancianos donde sólo hacen tareas administrativas. Sin embargo, reconoció que se está trabajando para que estos dispositivos “estén manejados y operados por personas que tengan capacitación docente” ya que desde hace años que están dentro del organigrama de Desarrollo Social.