Todos los que integraron el equipo de comunicación oficial de la campaña “Urtubey 2011” recibieron pauta oficial por contratación directa de la Secretaría de Prensa de la gobernación. El funcionario responsable de esa secretaría compartió el escenario con cada uno de ellos al recibir un premio nacional en comunicación electoral.
Como dijo este medio, en el año en que se supo de la pauta millonaria que había cobrado la consultora Quintana Comunicación S.A., la responsable de la campaña oficialista, los diputados provinciales de la coalición gobernante rechazaron de plano dos pedidos de informes presentados, ante la sospecha de que se estuvieran utilizando las arcas del Estado para beneficiar a un sector político.
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Todos los que integraron el equipo de comunicación oficial de la campaña “Urtubey 2011” recibieron pauta oficial por contratación directa de la Secretaría de Prensa de la gobernación. El funcionario responsable de esa secretaría compartió el escenario con cada uno de ellos al recibir un premio nacional en comunicación electoral.
Como dijo este medio, en el año en que se supo de la pauta millonaria que había cobrado la consultora Quintana Comunicación S.A., la responsable de la campaña oficialista, los diputados provinciales de la coalición gobernante rechazaron de plano dos pedidos de informes presentados, ante la sospecha de que se estuvieran utilizando las arcas del Estado para beneficiar a un sector político.
“Existe una confusión generalizada en torno de los límites de lo público y lo privado. Es importante clarificar esta línea, que separa la actividad de los funcionarios, de la campaña de los políticos”, opinó María Rosario Pavese, Coordinadora de Instituciones Políticas y Gobierno de Poder Ciudadano. Eso es justamente lo que parece haberle pasado al coordinador de Prensa de la Provincia, Juan Pablo Rodríguez, que confundió lo que es trabajar para la Gobernación con lo que es trabajar para el gobernador. “¿Por qué trabajé en la campaña política del gobernador? Porque era el secretario de prensa del gobernador”, dijo a El Tribuno.
El funcionario no trabaja para un gobernador, sino para una Secretaría del Estado provincial, solventada con fondos de todos los salteños, sin distinción partidaria. El artículo 61 de la Constitución de Salta dice que la administración pública sirve exclusivamente a los intereses del pueblo.
“Recibí el premio en calidad de militante justicialista. Nada impide a un funcionario trabajar en la campaña. El candidato era el gobernador, no era cualquier ciudadano para el que yo trabajaba siendo secretario de Prensa, el candidato era el gobernador. No hicimos ningún acto político, solo comunicamos la gestión del Gobierno”, explicó el funcionario.
“Es fundamental que la Provincia garantice el acceso a la información pública en toda materia, y en este caso en particular, en lo que respecta a los gastos de publicidad oficial”, había opinado María Rosario Pavese.
Según la Oficina Anticorrupción, en su documento titulado Herramientas para la Transparencia en la Gestión - Conflicto de Intereses, se entiende por interés privado al interés particular, ya sea personal, laboral, económico o financiero, de la persona que ejerce la función pública o de aquellos sujetos o grupos a los que pertenece. El interés público, por otra parte, es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad, protegidas por la intervención del Estado. ¿Los funcionarios premiados estaban actuando en función del interés público, que es de la comunidad en su conjunto, o en función de un interés privado, el del sector político al que pertenecen?