Familiares y miembros de la comisión de desocupados de Embarcación reclamaron la inmediata libertad de las personas detenidas hace más de una semana tras los disturbios en la ciudad norteña. Lo hicieron durante una concentración realizada anoche en la plaza principal en la que reforzaron los cuestionamientos al intendente Alfredo Llaya, a quien acusan de estar ejerciendo presión ante la Justicia para evitar la liberación de los presos.
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Familiares y miembros de la comisión de desocupados de Embarcación reclamaron la inmediata libertad de las personas detenidas hace más de una semana tras los disturbios en la ciudad norteña. Lo hicieron durante una concentración realizada anoche en la plaza principal en la que reforzaron los cuestionamientos al intendente Alfredo Llaya, a quien acusan de estar ejerciendo presión ante la Justicia para evitar la liberación de los presos.
Se supo que de los 12 jóvenes alojados en el destacamento policial de Padre Lozano, ayer liberaron a tres, en tanto que se desconoce cuál es la situación de los restantes. Entre ellos se encuentra el dirigente del PJ Jorge René Moya, que está recluido en la Comisaría del pueblo de Ballivián, y la representante del movimiento de desocupados María Zambrano, detenida el martes último junto a Omar Rubén Rodríguez. Este último fue liberado ayer luego de haberse determinado que no participó de la ocupación de las viviendas del IPV ni del ataque a la Municipalidad ni al domicilio del intendente.
“En los treinta años de democracia, en Embarcación nunca ocurrió semejante atropello con la gente y esto me hace acordar a los peores momentos de la dictadura militar”, sentenció Víctor Ferreyra, integrante de la Comisión de Familiares de Desaparecidos de esta ciudad.
El dirigente sostuvo que “jamás se ha visto esta cacería humana contra personas que fueron a reclamar por trabajo o por una vivienda digna”. Según Ferreyra, los desocupados reaccionaron frente a la impotencia que sintieron de no tener una respuesta a sus reclamos por trabajo. “Lo doloroso de todo esto es que en lugar de darles una solución, los salieron a perseguir como si fueran delincuentes”, dijo.
Denuncian presión
Luis Roberto Moya, hermano del dirigente detenido en Ballivián, denunció que hay una fuerte presión del intendente Llaya para que los detenidos que están a cargo de la jueza de Tartagal Azucena Vázquez no sean liberados.
“Sabemos que muchos de los chicos que hoy están presos fueron golpeados y les pido a las madres y esposas que no bajen los brazos frente a esta injusticia que se está cometiendo”, expresó. En relación con su hermano, dijo que “él va a salir más fuerte y no va a renunciar a la lucha que viene desplegando en favor de los que menos tienen”. Dijo que si por Llaya fuera “lo van a tener preso de por vida, porque Jorge no tiene empacho en decirle lo mal que está manejando al pueblo”.
A su turno, Fanny Palacios, la madre de Moya, manifestó que sigue preocupada porque todavía no le permiten ver a su hijo. “Fui ayer y me dijeron que los días de visita son los jueves, con lo que me están diciendo que su próximo destino va a ser la cárcel”, señaló.
Sin novedad del ataque al negocio
Fanny Palacios insistió en que la Justicia se desentendió del atentado con armas de fuego perpetrado contra el negocio de su hijo en la madrugada del juez pasado. “Aquí parece que los únicos delincuentes son los que han salido a reclamar por trabajo y quienes salieron a apoyarlos, como el caso de Jorge, pero a los que salieron a matar nadie los persigue”. Los participantes de la asamblea también se quejaron por la decisión del intendente de haber dejado afuera a los desocupados que reclamaban puestos de trabajo en la empresa Contreras Hnos., que entre hoy y mañana iniciará la obra de ampliación del gasoducto. “Martín Córdoba, el secretario del intendente, es el que está manejando este tema y todos los puestos van a ser repartidos entre los adictos a Llaya”, advirtió Omar Rubén Rodríguez.