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Trasplantados: los desaparecidos legales

Domingo, 30 de junio de 2013 22:54

Los trasplantados en la Argentina cada año son más gracias a la solidaridad de tantos miles que, frente a la situación más dolorosa que puede afrontar una persona como es la pérdida de un familiar, deciden donar órganos, un verdadero acto de amor y de apuesta por la vida.

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Los trasplantados en la Argentina cada año son más gracias a la solidaridad de tantos miles que, frente a la situación más dolorosa que puede afrontar una persona como es la pérdida de un familiar, deciden donar órganos, un verdadero acto de amor y de apuesta por la vida.

Sin embargo, los más de 18 mil trasplantados que hay en nuestro país, según datos del Incucai, no reciben ninguna protección especial por parte del Estado a pesar de que constituyen un grupo de alta vulnerabilidad.

Desde 2011 venimos solicitando una ley para atender las necesidades especiales de este grupo de pacientes que no son considerados discapacitados, pero tampoco reciben el alta médica lo que complica que puedan conservar o conseguir un empleo. Según la legislación vigente, el trasplantado que tiene un trabajo formal está protegido por entre 3 y 12 meses, según su antigedad y cargas de familia, lapso durante el cual sigue cobrando su salario. Una vez vencido ese plazo, conserva el puesto de trabajo sin goce de sueldo por 12 meses más, a la espera del alta médica. Pero no reciben el alta jamás, en consecuencia pierden el empleo sin recibir indemnización alguna.

Eso no es todo, los trasplantados que buscan un empleo no puedan superar un examen preocupacional, lo que hace que sea prácticamente imposible que puedan ingresar al mercado laboral formal, que ya de por sí está bastante contraído.

La falta de empleo en pacientes cuyas familias tienen bajos ingresos significa no poder hacer frente al costo de los remedios, no poder acceder a una alimentación apropiada para mantener el órgano implantado en condiciones, y no poder viajar a veces miles de kilómetros para hacer los controles médicos correspondientes en los centros de trasplante.

Se crea, de tal modo, un círculo vicioso del cual el ciudadano receptor de un órgano no puede salir. En conclusión, luego de la operación, el trasplantado es un desaparecido legal, dependiente de la cobertura total por parte del Estado, pero con ninguna posibilidad de inserción social.

El proyecto que propongo no solo contempla para estas personas un pase gratis de transporte (como el que tienen las personas con discapacidad), sino que también dispone importantes beneficios impositivos para las empresas que den trabajo a un trasplantado; y garantiza a los pacientes en situación de desempleo el acceso a una asignación equivalente a una jubilación mínima.

Es probable que el Senado apruebe por segunda vez esta iniciativa el miércoles próximo, la primera vez fue en 2011; espero que, esta vez, la mayoría kirchnerista en la Cámara de Diputados, que antes no quiso aprobarla, se acuerde de esta minoría que también merece que sus derechos sean reconocidos.

A Ramiro Tudela -salteño trasplantado y firme impulsor de este proyecto- y a los miles de trasplantados de la Argentina y sus familias, el Congreso les debe esta ley. Necesitamos garantizarle una buena calidad de vida a quienes la vida les ha dado una segunda oportunidad.

¿Acaso podemos dejar a un ciudadano de 2 años (como Renzo), o de 21 años trasplantado, sin posibilidad de trabajar, con sus derechos básicos totalmente cercenados y, con ello, sin ganas de soñar y proyectar?

Creo que no. De eso se trata.

La sociedad argentina ha demostrado enormes gestos de solidaridad y los ciudadanos han entendido la importancia de dar vida a través de la donación, es hora de que el Congreso de la Nación siga ese ejemplo.

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