¿Por qué los trabajadores salteños no pueden constituir los sindicatos que libremente deseen? ¿Por qué los sindicatos locales y los delegados de fábrica (cuando existen) están presos de las órdenes que vienen de Buenos Aires? ¿Por qué empleadores y trabajadores de nuestra provincia no están autorizados a resolver sus discrepancias y conflictos negociando directamente? ¿Por qué los agricultores y los campesinos locales no pueden pactar la distribución del tiempo de trabajo o acordar la mejor forma de hacer frente a las consecuencias de la pertinaz sequía? ¿Por qué hay tanta desocupación, tanto trabajo en negro, y tan pocos asalariados formales? ¿Por qué asistimos a un ciclo de creciente conflictividad?
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¿Por qué los trabajadores salteños no pueden constituir los sindicatos que libremente deseen? ¿Por qué los sindicatos locales y los delegados de fábrica (cuando existen) están presos de las órdenes que vienen de Buenos Aires? ¿Por qué empleadores y trabajadores de nuestra provincia no están autorizados a resolver sus discrepancias y conflictos negociando directamente? ¿Por qué los agricultores y los campesinos locales no pueden pactar la distribución del tiempo de trabajo o acordar la mejor forma de hacer frente a las consecuencias de la pertinaz sequía? ¿Por qué hay tanta desocupación, tanto trabajo en negro, y tan pocos asalariados formales? ¿Por qué asistimos a un ciclo de creciente conflictividad?
Las respuestas son relativamente sencillas: todo esto sucede por imperio de leyes inconstitucionales, por el pacto secreto que une a la gran patronal con los “peces gordos”, y como no, por la pereza provinciana que nos impide aprovechar las grietas de una construcción institucional asfixiante y empobrecedora.
En realidad, el edificio laboral argentino -que concita el aplauso de todas las burocracias, del progresismo pampeano y de las grandes patronales-, se sostiene sobre dos pilares: monopolio sindical y unitarismo de las normas reguladoras del contrato de trabajo. En los últimos 70 años y por encima de avatares, esta construcción ahogó la autonomía colectiva, potenció el atraso de Salta y de otras regiones, y promovió la emigración al sur de los “cabecitas negras”.
El unicato restringió severamente la libertad sindical. A su vez, las tendencias verticalistas de las organizaciones obreras reconocidas y vigiladas por el Estado dañaron la democracia y convirtieron a los sindicatos locales en meras sucursales de las cúpulas portuarias. Todo esto sucedió pese a las previsiones de la Constitución y de los tratados internacionales que globalizaron la libertad sindical.
La centralización de los convenios colectivos condenó a empresarios y trabajadores de Salta a un papel secundario privándoles de ejercer sus derechos y responsabilidades. El paternalismo, el autoritarismo y la minoría de edad de ciertas organizaciones consolidaron un estado de cosas del que solo saldremos reflexionando, defendiendo nuestros intereses regionales y fomentando el diálogo.
En mi opinión, aquel edificio laboral monopólico y unitario es, en buena medida, el causante de los problemas que presenta nuestro mercado regional de trabajo: alto desempleo, baja tasa de actividad, masiva informalidad, auge del empleo público y de la exclusión subsidiada. Problemas que conectan con nuestros desórdenes demográficos y educativos y con algunos vicios culturales de difícil remoción.
Grietas del edificio unitario
La reforma constitucional de 1994, que elevó al máximo rango jurídico a tratados sobre derechos fundamentales, consolidó los principios de libertad y democracia sindical y reforzó las garantías para la acción sindical en la empresa. Recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación abrieron oportunidades de participación antes bloqueadas por el monopolio de los sindicatos con “personería gremial”.
Ambos acontecimientos inauguraron un proceso de transformaciones que se desarrolla lentamente a causa de la tenaz oposición de los defensores del statu quo y de sus privilegios.
Sin embargo, nada volverá a ser como antes. Por mucho que el traslado de los nuevos derechos a la realidad dependa de los cambios políticos que se avecinan, hay espacios para que trabajadores y empleadores salteños avancen en el ejercicio de su autonomía colectiva.
El primer espacio es el constituido por las grietas legales que muestra aquel edificio y que permiten nuevas expresiones de libertad sindical. Me refiero al derecho a constituir sindicatos en ámbitos nuevos o allí donde preexisten sindicatos con “personería gremial”, o a la participación de los trabajadores no afiliados o afiliados a sindicatos “simplemente inscriptos” en la elección de los delegados de fábrica.
La segunda de las grietas permite celebrar acuerdos y convenios de factura no tradicional que, no obstante, encajan dentro de la legislación ordinaria: es el caso de los procedimientos de crisis y de restructuración productiva, del procedimiento de exclusión del ámbito del convenio cuando una empresa atraviesa severas dificultades, de las previsiones sobre “disponibilidad colectiva” de la ley de Pymes, o de las comisiones asesoras regionales de la ley de trabajo agrario.
Con todo, el espacio más dilatado y que ofrece esperanzadoras oportunidades de federalización de las relaciones de trabajo en el agro, la industria, el turismo, la minería y los servicios está en el diálogo directo entre trabajadores y empleadores, en la negociación colectiva constitucional y en los modernos instrumentos de solución de conflictos, sin sujeción a ataduras inconstitucionales.
Es absurdo que las huelgas y conflictos que surgen en Salta por motivos salariales, sindicales o laborales, no puedan tramitarse y cerrarse autónomamente por sus protagonistas con independencia de la “chapa” formal que cada uno tenga. En el nuevo horizonte, el único requisito es el respeto a la Constitución, la representatividad y el comportamiento democrático.