Una nueva maniobra irregular que involucra a las autoridades del Ente Regulador de los Juegos de Azar (Enreja) fue denunciada ayer en la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos.
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Una nueva maniobra irregular que involucra a las autoridades del Ente Regulador de los Juegos de Azar (Enreja) fue denunciada ayer en la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos.
La presentación, realizada por el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), Carlos Saravia, solicita que se investigue la contratación dispuesta a favor de la empresa Argelink SA mediante Resolución N´ 042-09 del Enreja, por la cual se le adjudicó la provisión del sistema de control “on line - real time” para 680 máquinas a diversos casinos de la capital y que, en el primer año, determinó el pago de casi 3.500.000 pesos.
Saravia sostiene que mientras para los casinos de capital se optó por la contratación directa en un marco sospechoso e invocando argumentos poco consistentes, al año siguiente se convocó a la licitación pública N´ 65.901 para la contratación de los controles vinculados con las máquinas tragamonedas del interior. “Al momento de contratar en el 2009 se dijo que no había muchas ofertas y que era urgente contar con el control informático y la resolución de adjudicación no fue publicada en el Boletín Oficial”, denunció.
En diálogo con El Tribuno, Saravia indicó que “Argenlink SA contaba con antecedentes cuestionables cuando controló el bingo de Pilar en Buenos Aires y está sospechada de utilizar influencias para obtener contrataciones. El Enreja violó la ley 6838 (de contrataciones) y buscó la contratación directa cuando correspondía la licitación pública que otorga garantías para un mejor precio”.
El dirigente de la UCR aprovechó para ampliar la denuncia que presentó días atrás contra las autoridades del organismo y agregó documentación sobre las negociaciones presuntamente incompatibles de los directores Sergio Gustavo Mendoza y Nelson Gerardo Posadas y la falta de actualización y falseamiento de sus declaraciones juradas.
También solicitó Saravia que se investigue la información publicada días atrás por El Tribuno que da cuenta de que en el ENREJA se destinaban $54.500 mensuales al pago de adicionales en negro que podrían configurar falsedad documental y fraude a la administración pública y que, en el último año, habrían configurado un daño cercano a los $700.000. Se trata del pago de un rubro denominado “adicional por cargo” que carecería de acto administrativo que lo respalde legalmente.
“De ser cierto que cobraban en negro $9.000 mensuales, no solamente se habría violado el tope que impide que los funcionarios cobren más que el Gobernador, sino que también podrían estar incursos en evasión tributaria respecto del impuesto a las ganancias”, denunció el dirigente.
Finalmente, sentenció que esta situación es “una vergenza ya que los miembros del Enreja integran un órgano de control que debiera dar el ejemplo a la hora de respetar la ley. Lamentablemente, el gobernador Urtubey no ha emitido opinión al respecto y parece consentir que se produzcan estas situaciones”.