El titular de Defensa, Agustín Rossi, resolvió relevar al personal del Ejército que desempeñaba tareas de conducción en distintas dependencias del área de salud, como consecuencia de la fuga de Jorge Antonio Olivera y Gustavo de Marchi del Hospital Militar Central de la ciudad de Buenos Aires.
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El titular de Defensa, Agustín Rossi, resolvió relevar al personal del Ejército que desempeñaba tareas de conducción en distintas dependencias del área de salud, como consecuencia de la fuga de Jorge Antonio Olivera y Gustavo de Marchi del Hospital Militar Central de la ciudad de Buenos Aires.
Según consta en un comunicado, los militares afectados son: Marcelo Carlos Gutiérrez (Director General de Salud); Carlos Alberto Ramos (Jefe de Dpto. Técnico de la Dirección General de Salud); Eduardo Jacinto Alemanzor (Jefe de Dpto. Operativo de la Dirección General de Salud); Juan Carlos Adjigogovic (Director General del Hospital Militar Central); Francisco José Gambino (Director Asistencial del Hospital Militar Central); Pedro Gerardo Osores (Director Operativo del Hospital Militar Central), y Eduardo Oscar Suárez (Encargado de oficina de Ayuda Humanitaria del Hospital Militar Central).
De acuerdo con la nota, y a fin de evitar que en el futuro se pudiesen producir situaciones similares, Rossi ‘firmó una resolución por la cual prohíbe el alojamiento y la atención ambulatoria en hospitales militares de quienes se encuentran procesados con prisión preventiva o condenados penalmente‘.
En otro orden, el ministro inició ‘acciones sumariales correspondientes al personal civil y militar posiblemente vinculado a los hechos‘. Entre los afectados se cuenta la psicóloga Marta Noemí Ravasi de Olivera, esposa de uno de los prófugos.
Más temprano, el ministro de Justicia, Julio Alak, informó que se recompensará con 2.000.000 de pesos a quien aporte ‘datos fehacientes que favorezcan la captura‘ de los prófugos.
Paralelamente, el director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, presentó una denuncia penal ante la Justicia para que se investigue el caso. También el personal del SPN involucrado en el traslado de Olivera y De Marchi fue pasado a disponibilidad.
En el pedido de investigación que hizo Hortel solicitó que se requise también al personal del hospital. “No es posible descartar que personal del mencionado hospital haya incluso prestado colaboración, toda vez que un familiar de Olivera cumple funciones en el referido nosocomio”, dice el escrito, en aparente alusión a la esposa de Olivera.
Olivera y De Marchi fueron condenados en un histórico juicio desarrollado en el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan junto con Osvaldo Martel y Julio Nieto (ambos perpetua), Francisco del Torchio y Daniel Gómez (25 años de prisión cada uno, al igual que De Marchi), y Víctor Lazo (10 años de cárcel) a comienzos de este mes.